Judicial
Fiscalía acusa por desórdenes públicos y resistencia a tres sindicalistas de alcaldía de Soyapango
En un Juzgado de Paz de Soyapango, la Fiscalía General de la República acusó a tres empleados de la alcaldía de ese municipio que el pasado 11 de enero fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC).
En el expediente presentado el ministerio público les atribuye el delito de desórdenes públicos y resistencia, ha solicitado que en la audiencia inicial se ordene que sigan en la cárcel.
Los acusados son: Ana Argentina Ramos de Joma, Edwin Boanerges Lovos García y Ovidio Armando Hernández, los tres son miembros Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango.
«De acuerdo a las investigaciones preliminares, los imputados se negaron a cumplir las indicaciones de los agentes de seguridad y continuaron generando desorden en las afueras de la Alcaldía de Soyapango», informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
El pasado 14 de enero, el Juzgado Primero de Paz de Soyapango, decretó prisión a la exalcaldesa de ese municipio, Nercy Patricia Montano de Martínez, quien fue trasladada al Centro Penal de Apanteos, departamento de Santa Ana.
La imputada es acusada por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, actos arbitrarios e infracción a las condiciones laborales o de seguridad social.
La exfuncionaria pasará los próximos seis meses en Apanteos, ya que ese fue el plazo de instrucción (etapa de investigación) otorgado por el juzgado a la Fiscalía General de la República.
#Requerimiento I Este día, la @FGR_SV presentó el requerimiento contra tres empleados de la Alcaldía Municipal de Soyapango, por los delitos de Desórdenes Públicos y Resistencia, ocurridos el pasado 11 de enero. pic.twitter.com/TJ17rwdgDq
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 26, 2023
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
