Judicial
Fiscalía acusa por desórdenes públicos y resistencia a tres sindicalistas de alcaldía de Soyapango
En un Juzgado de Paz de Soyapango, la Fiscalía General de la República acusó a tres empleados de la alcaldía de ese municipio que el pasado 11 de enero fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC).
En el expediente presentado el ministerio público les atribuye el delito de desórdenes públicos y resistencia, ha solicitado que en la audiencia inicial se ordene que sigan en la cárcel.
Los acusados son: Ana Argentina Ramos de Joma, Edwin Boanerges Lovos García y Ovidio Armando Hernández, los tres son miembros Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango.
«De acuerdo a las investigaciones preliminares, los imputados se negaron a cumplir las indicaciones de los agentes de seguridad y continuaron generando desorden en las afueras de la Alcaldía de Soyapango», informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
El pasado 14 de enero, el Juzgado Primero de Paz de Soyapango, decretó prisión a la exalcaldesa de ese municipio, Nercy Patricia Montano de Martínez, quien fue trasladada al Centro Penal de Apanteos, departamento de Santa Ana.
La imputada es acusada por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, actos arbitrarios e infracción a las condiciones laborales o de seguridad social.
La exfuncionaria pasará los próximos seis meses en Apanteos, ya que ese fue el plazo de instrucción (etapa de investigación) otorgado por el juzgado a la Fiscalía General de la República.
#Requerimiento I Este día, la @FGR_SV presentó el requerimiento contra tres empleados de la Alcaldía Municipal de Soyapango, por los delitos de Desórdenes Públicos y Resistencia, ocurridos el pasado 11 de enero. pic.twitter.com/TJ17rwdgDq
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 26, 2023
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
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Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
