Judicial
Fiscalía acusa por desórdenes públicos y resistencia a tres sindicalistas de alcaldía de Soyapango
En un Juzgado de Paz de Soyapango, la Fiscalía General de la República acusó a tres empleados de la alcaldía de ese municipio que el pasado 11 de enero fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC).
En el expediente presentado el ministerio público les atribuye el delito de desórdenes públicos y resistencia, ha solicitado que en la audiencia inicial se ordene que sigan en la cárcel.
Los acusados son: Ana Argentina Ramos de Joma, Edwin Boanerges Lovos García y Ovidio Armando Hernández, los tres son miembros Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango.
«De acuerdo a las investigaciones preliminares, los imputados se negaron a cumplir las indicaciones de los agentes de seguridad y continuaron generando desorden en las afueras de la Alcaldía de Soyapango», informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
El pasado 14 de enero, el Juzgado Primero de Paz de Soyapango, decretó prisión a la exalcaldesa de ese municipio, Nercy Patricia Montano de Martínez, quien fue trasladada al Centro Penal de Apanteos, departamento de Santa Ana.
La imputada es acusada por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, actos arbitrarios e infracción a las condiciones laborales o de seguridad social.
La exfuncionaria pasará los próximos seis meses en Apanteos, ya que ese fue el plazo de instrucción (etapa de investigación) otorgado por el juzgado a la Fiscalía General de la República.
#Requerimiento I Este día, la @FGR_SV presentó el requerimiento contra tres empleados de la Alcaldía Municipal de Soyapango, por los delitos de Desórdenes Públicos y Resistencia, ocurridos el pasado 11 de enero. pic.twitter.com/TJ17rwdgDq
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 26, 2023
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
