Judicial
Finaliza audiencia por delitos de crimen organizado atribuidos a 51 terroristas de la MS
El Juzgado Especializado de Instrucción B1 de San Salvador finalizó la audiencia preliminar del proceso penal que la Fiscalía General de la República promueve a 51 terroristas de seis clicas de la Mara Salvatrucha del sur del departamento de La Libertad.
El ministerio público solicitó que los pandilleros sean enviados a juicio por cada uno de los delitos con la pretensión de que en una vista pública sean encontrados culpables y reciban hasta más de 100 años por la multiplicidad de hechos atribuidos.
Los mareros enfrentaron la audiencia por los delitos de extorsión agravada, proposición y conspiración para cometer homicidios, casos especiales de lavado de dinero, desaparición de personas, homicidio, tráfico ilícito de droga y agrupaciones ilícitas.
Los fiscales expusieron al juzgado que los imputados forman parte de las clicas que por décadas estuvieron delinquiendo en los municipios del Puerto de La Libertad, Tamanique, Jicalapa, Teotepeque y Chiltiupán.
Por integrar esas organizaciones terroristas la Fiscalía los acusa de agrupaciones ilícitas, pero les aplican el artículo 345 del Código Penal derogado que tiene una pena de tres a nueve años de prisión, que los hechos ocurrieron antes de las reformas que la Asamblea Legislativa aprobó el 30 de marzo de 2022.
Respecto al delito de desaparición de personas, uno de los hechos acusados es el de Neftalí Vásquez Esquivel, quien era concejal de la alcaldía de Jicalapa, quien según las pesquisas fue privado de libertad por una clica de ese municipio, el 2 de marzo de 2020, hasta la fecha no han encontrado sus restos.
Ese caso fue el inicio de una amplia investigación que permitió a la representación fiscal identificar a 90 terroristas procesados en dos etapas. Un juzgado de instrucción autorizo la intervención a las telecomunicaciones para rastrear el número de teléfono del regidor.
Los fiscales detectaron que el teléfono de Vásquez Esquivel se estuvo moviendo de clica en clica y hasta hablaron sobre la privación de libertad que habían hecho, posteriormente fueron descubriendo una cadena de delitos, todo quedó grabado en escuchas telefónicas.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
