Judicial
Finaliza audiencia por delitos de crimen organizado atribuidos a 51 terroristas de la MS
El Juzgado Especializado de Instrucción B1 de San Salvador finalizó la audiencia preliminar del proceso penal que la Fiscalía General de la República promueve a 51 terroristas de seis clicas de la Mara Salvatrucha del sur del departamento de La Libertad.
El ministerio público solicitó que los pandilleros sean enviados a juicio por cada uno de los delitos con la pretensión de que en una vista pública sean encontrados culpables y reciban hasta más de 100 años por la multiplicidad de hechos atribuidos.
Los mareros enfrentaron la audiencia por los delitos de extorsión agravada, proposición y conspiración para cometer homicidios, casos especiales de lavado de dinero, desaparición de personas, homicidio, tráfico ilícito de droga y agrupaciones ilícitas.
Los fiscales expusieron al juzgado que los imputados forman parte de las clicas que por décadas estuvieron delinquiendo en los municipios del Puerto de La Libertad, Tamanique, Jicalapa, Teotepeque y Chiltiupán.
Por integrar esas organizaciones terroristas la Fiscalía los acusa de agrupaciones ilícitas, pero les aplican el artículo 345 del Código Penal derogado que tiene una pena de tres a nueve años de prisión, que los hechos ocurrieron antes de las reformas que la Asamblea Legislativa aprobó el 30 de marzo de 2022.
Respecto al delito de desaparición de personas, uno de los hechos acusados es el de Neftalí Vásquez Esquivel, quien era concejal de la alcaldía de Jicalapa, quien según las pesquisas fue privado de libertad por una clica de ese municipio, el 2 de marzo de 2020, hasta la fecha no han encontrado sus restos.
Ese caso fue el inicio de una amplia investigación que permitió a la representación fiscal identificar a 90 terroristas procesados en dos etapas. Un juzgado de instrucción autorizo la intervención a las telecomunicaciones para rastrear el número de teléfono del regidor.
Los fiscales detectaron que el teléfono de Vásquez Esquivel se estuvo moviendo de clica en clica y hasta hablaron sobre la privación de libertad que habían hecho, posteriormente fueron descubriendo una cadena de delitos, todo quedó grabado en escuchas telefónicas.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
