Judicial
Finaliza audiencia por delitos de crimen organizado atribuidos a 51 terroristas de la MS
El Juzgado Especializado de Instrucción B1 de San Salvador finalizó la audiencia preliminar del proceso penal que la Fiscalía General de la República promueve a 51 terroristas de seis clicas de la Mara Salvatrucha del sur del departamento de La Libertad.
El ministerio público solicitó que los pandilleros sean enviados a juicio por cada uno de los delitos con la pretensión de que en una vista pública sean encontrados culpables y reciban hasta más de 100 años por la multiplicidad de hechos atribuidos.
Los mareros enfrentaron la audiencia por los delitos de extorsión agravada, proposición y conspiración para cometer homicidios, casos especiales de lavado de dinero, desaparición de personas, homicidio, tráfico ilícito de droga y agrupaciones ilícitas.
Los fiscales expusieron al juzgado que los imputados forman parte de las clicas que por décadas estuvieron delinquiendo en los municipios del Puerto de La Libertad, Tamanique, Jicalapa, Teotepeque y Chiltiupán.
Por integrar esas organizaciones terroristas la Fiscalía los acusa de agrupaciones ilícitas, pero les aplican el artículo 345 del Código Penal derogado que tiene una pena de tres a nueve años de prisión, que los hechos ocurrieron antes de las reformas que la Asamblea Legislativa aprobó el 30 de marzo de 2022.
Respecto al delito de desaparición de personas, uno de los hechos acusados es el de Neftalí Vásquez Esquivel, quien era concejal de la alcaldía de Jicalapa, quien según las pesquisas fue privado de libertad por una clica de ese municipio, el 2 de marzo de 2020, hasta la fecha no han encontrado sus restos.
Ese caso fue el inicio de una amplia investigación que permitió a la representación fiscal identificar a 90 terroristas procesados en dos etapas. Un juzgado de instrucción autorizo la intervención a las telecomunicaciones para rastrear el número de teléfono del regidor.
Los fiscales detectaron que el teléfono de Vásquez Esquivel se estuvo moviendo de clica en clica y hasta hablaron sobre la privación de libertad que habían hecho, posteriormente fueron descubriendo una cadena de delitos, todo quedó grabado en escuchas telefónicas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
