Judicial
Finaliza audiencia por delitos de crimen organizado atribuidos a 51 terroristas de la MS
El Juzgado Especializado de Instrucción B1 de San Salvador finalizó la audiencia preliminar del proceso penal que la Fiscalía General de la República promueve a 51 terroristas de seis clicas de la Mara Salvatrucha del sur del departamento de La Libertad.
El ministerio público solicitó que los pandilleros sean enviados a juicio por cada uno de los delitos con la pretensión de que en una vista pública sean encontrados culpables y reciban hasta más de 100 años por la multiplicidad de hechos atribuidos.
Los mareros enfrentaron la audiencia por los delitos de extorsión agravada, proposición y conspiración para cometer homicidios, casos especiales de lavado de dinero, desaparición de personas, homicidio, tráfico ilícito de droga y agrupaciones ilícitas.
Los fiscales expusieron al juzgado que los imputados forman parte de las clicas que por décadas estuvieron delinquiendo en los municipios del Puerto de La Libertad, Tamanique, Jicalapa, Teotepeque y Chiltiupán.
Por integrar esas organizaciones terroristas la Fiscalía los acusa de agrupaciones ilícitas, pero les aplican el artículo 345 del Código Penal derogado que tiene una pena de tres a nueve años de prisión, que los hechos ocurrieron antes de las reformas que la Asamblea Legislativa aprobó el 30 de marzo de 2022.
Respecto al delito de desaparición de personas, uno de los hechos acusados es el de Neftalí Vásquez Esquivel, quien era concejal de la alcaldía de Jicalapa, quien según las pesquisas fue privado de libertad por una clica de ese municipio, el 2 de marzo de 2020, hasta la fecha no han encontrado sus restos.
Ese caso fue el inicio de una amplia investigación que permitió a la representación fiscal identificar a 90 terroristas procesados en dos etapas. Un juzgado de instrucción autorizo la intervención a las telecomunicaciones para rastrear el número de teléfono del regidor.
Los fiscales detectaron que el teléfono de Vásquez Esquivel se estuvo moviendo de clica en clica y hasta hablaron sobre la privación de libertad que habían hecho, posteriormente fueron descubriendo una cadena de delitos, todo quedó grabado en escuchas telefónicas.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
