Judicial
FGR presenta demanda contra exministro por enriquecimiento ilícito
Alfredo Miranda Flamenco, quien fungió como ministro de Relaciones Exteriores durante la gestión el expresidente prófugo, Mauricio Funes, es demandando por enriquecimiento ilícito.
La Unidad Especializada de Anticorrupción ha establecido que el exfuncionario se apropió de $219,894.62 y su esposa, Alicia del Carmen Medina Aguiar de Miranda, de $63,839.26.
La demanda fue presentada por fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Corrupción ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
La fiscal del caso explicó que al funcionario se le procesa por «irregularidades encontradas en depósitos bancarios, pago de deuda y diferencia entre los ingresos y las deudas».
Las autoridades fiscales piden que además de que el funcionario y su esposa devuelvan $283,733.89. al Estado también sea inhabilitado por 10 años para no ejercer cargos públicos.
Miranda Flamenco desarrolló diferentes funciones como Viceministro de Cooperación para el Desarrollo y titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Viceministro de Integración y Promoción Económica.
El imputado fue funcionario tanto con el gobierno de Funes como con el de Sánchez Cerén, del que fue viceministro de Integración y Promoción Económica, entre 2018 y 2019.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador ha comenzado este viernes el proceso penal en contra de Gerardo Quijada Orellana, conocido «Mr. Miyagi» y 10 miembros de su estructura delincuencial de estafadores y lavadores de dinero.
Entre los acusados hay miembros de su grupo familiar, abogados y policías quienes desde el 2008 tramaron y ejecutaron delitos señala la Fiscalía General de la República.
Además de «Mr. Miyagi», son procesados, José René Ventura Alvarado, alias «Big boy»; así como los abogados Jorge Carlos Figeac Cisneros y César Roberto Trujillo Menéndez; además de Jennifer Marcela, Jason Gerardo y Mónica Elena Quijada Suncín, quienes son hijos de Orellana y tenían la función de testaferros.
También los representantes legales, Jorge Alberto Alemán Cruz y Mirna Elena Suncín de Quijada, esposa del principal estafador, y quien también ejercía como testaferro.
Se menciona además a los colaboradores de la red, Milton Eduardo Chávez Chicas René Williams Arias Mejía, quien es ausente.
El ministerio público señala a todos de agrupaciones ilícitas y luego les acumula de forma individual, estafa agravada, amenazas con agravación especial, extorsión, violencia contra funcionario público o autoridad pública, denuncia o acusación calumniosa.
A Mirna Elena Suncín, la Fiscalía también la acusa de casos especiales de lavado de dinero y activos, a Milton Chávez Chicas y Gerardo Quijada Orellana, les acumulan tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
En la solicitud de imposición de medidas presentada por la Fiscalía se menciona que Gerardo Quijada y su red utilizaron documentación falsa para engañar a sus víctimas suscribiendo contratos de arrendamientos de inmuebles en zonas de alta plusvalía donde por años han funcionado sus talleres.
El monto de lo estafado asciende a $1,330,000, en perjuicio de seis víctimas y tres sociedades que se han mostrado como ofendidas por el perjuicio patrimonial que la estructura les ha causado con su accionar.
Bryan Alexander Amaya Serrano y Mario Roberto Rivera Martínez fueron condenados a 60 años de cárcel por un doble homicidio agravado. Los imputado fueron perfilados como miembros de la pandilla «Barrio 18 revolucionarios», con los rangos de colaborador y homeboy.
Según las evidencias, el 9 de noviembre del año 2021, las víctimas fueron atacadas con disparos de arma de fuego cuando circulaban sobre la calle que conduce a la urbanización Ciudad Futura Fase III, distrito de Cuscatancingo.
Después del ataque los imputados huyeron, pero fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Los agentes corroboraron la escena del crimen y descubrieron que Martínez y Serrano tenían participación.
Las pericias y testimonios presentados en el juicio por la Fiscalía, fueron admitidos y valorados por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador el cual imputado la pena en mención para cada imputado.
A 50 años de cárcel fue condenado al pandillero Carlos Alejandro Salas Pérez, por haber asesinado a su compañera de vida, mientras que Francisco Alejandro Preza Alas, alias «Malacrías», recibió 40 años de cárcel.
La condena se las impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras validar la prueba que presentó la Fiscalía General de la República por el delito de feminicidio agravado.
El hecho ocurrió a las 10:00 de la noche del 21 de noviembre de 2018, en el barrio El Calvario, de San José Guayabal, departamento de Cuscatlán, según se conoció en la vista pública.
La víctima fue asesinada con una botella de vidrio y estacas de bambú por Salas Pérez, quien todos los días la iba a esperar cuando regresaba de trabajar desde San Salvador, para acompañarla a su casa.
La noche del crimen, decidió desviarla del trayecto hacia un predio baldío para asesinarla con la ayuda de Francisco Alexander.
Al emitir la sentencia condenatoria, la jueza expresó que los imputados mostraron despreció y odio extremo hacia la joven, quien se encontraba indefensa y vulnerable.
La Fiscalía acreditó que la víctima fue engañada y llevada a un lugar rural, donde fue sometida a golpes y ataques con estacas de bambú, testigos declararon que fue vista con su compañero de vida y que Preza Alas junto a otro hombre iban detrás.
