Judicial
FGR logra condenar a 209 criminales que asesinaron a mujeres
Más de 200 asesinatos de mujeres salvadoreñas no quedaron impunes, pues en los últimos cuatro años la Fiscalía General de la República (FGR) se encargó de demostrar la culpabilidad de 209 criminales que recibieron amplias condenas por el delito de feminicidio en sus diferentes modalidades.
Según los registros de la institución, el total de feminicidas sentenciados corresponde al período comprendido del 1° de enero de 2021 al 31 de octubre de 2024, de los cuales, 97 fueron condenados este año, 39 recibieron penas carcelarias en 2023, mientras que al cierre de 2021 y 2022 fueron 48 y 25 criminales, respectivamente, a los que se les dictaminó condena de prisión.
En octubre pasado, Carlos Alejandro Salas Pérez, sentenciado a 50 años de cárcel, por asesinar a su expareja el 21 de noviembre de 2018 en San José Guayabal, jurisdicción de Cuscatlán Norte. Por este crimen también fue sentenciado, a 40 años, Francisco Alexander Preza Alas. El día del ataque, la víctima se disponía a efectuar algunas compras para la graduación de kínder de una de sus hijas.
En septiembre, Carlos Humberto Hernández recibió una pena de 69 años por quitarle la vida a su excompañera de vida y lesionar de gravedad a tres personas más que intentaron defenderla el 30 de julio de 2016. La víctima se disponía a visitar a su madre cuando fue interceptada.
Otro condenado en este año es Peter Wachowski, a quien le impusieron 30 años de prisión, por asesinar a su expareja, la exdiputada del partido FMLN, Yanci Urbina, el 29 de mayo de 2022, en la casa de habitación de la pareja.
PROCESADOS POR FEMINICIDIO
Este año varios criminales son procesados por la Fiscalía en los tribunales correspondientes, en uno de los casos se involucra a Luis Carlos Olmedo Medrano, señalado de intentar asesinar apuñaladas a su exnovia en la Universidad de El Salvador (UES) el 30 de octubre.
En pasado 15 de noviembre, la Fiscalía presentó en el Juzgado Especializado Segundo de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador la investigación final que contiene todas las pruebas en contra de Edwin Mauricio Alvarado Lazo, acusado de asesinar a una niña de siete años en el reparto La Campanera, Soyapango.
REDUCCIÓN DE ASESINATOS CONTRA MUJERES
El plan de seguridad gubernamental ha permitido una reducción significativa de los feminicidios hasta en 95.13 % con relación al total registrado en 2015 cuando bajo el segundo gobierno del FMLN, un toral de 575 mujeres fueron asesinadas. Los registros oficiales de la Fiscalía indican que en 2022 hubo 53 feminicidios, mientras que para el cierre de 2023 fueron 29. Ya para este año, hasta el 31 de octubre, han ocurrido 28, es decir, apenas el 4.86 % del total reportados en 2015.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
