Judicial
Exfiscal general, Luis Martínez, conocerá el próximo lunes resolución sobre delitos que le imputa la FGR
Ayer concluyó la audiencia preliminar en contra del exfiscal general Luis Martínez, quien enfrenta el delito de Divulgación de material reservado y la petición de la Fiscalía General de la República (FGR), de manera firme ante el juzgador fue, que el proceso sea enviado a la etapa de juicio. La resolución será notificada a las 2:00 de la tarde del próximo lunes 22 de octubre del corriente año.
El Juez Octavo de Instrucción de San Salvador, inició la misma la tarde de este martes 16 de octubre, en la cual los fiscales de la Unidad Especializada Anticorrupción, ofrecieron una serie de elementos probatorios los cuales han sido detallados en el dictamen de acusación.
En el proceso, el cual tiene reserva total, figura como ofendido el sacerdote Antonio Rodríguez, de quien de manera ilegal se divulgó material de audio, en el contexto de una investigación que se realizaba, durante la gestión de Martínez, en el periodo 2012-2015.
“El honorable Juez solamente debe determinar la pertinencia y utilidad de la prueba, que como Fiscalía le hemos ofrecido durante la audiencia, y por ese motivo solicitamos que este caso lo envíe a juicio. La resolución se nos dará a conocer posteriormente”, explicó uno de los fiscales del caso.
Previo a la continuación de esta audiencia, es decir este jueves, Martínez fue notificado sobre nuevos delitos al estar ligado a la “Operación Corruptela”, y por lo cual será sometido a un nuevo proceso por Lavado de dinero y otros ilícitos.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
