Judicial
Exdiputado del FMLN y su grupo familiar son condenados por enriquecimiento ilícito
El exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar, se enriquecieron ilícitamente con $171,345.15 y fueron condenados a pagar esa cantidad de dinero, también quedan inhabilitados para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.
En la resolución emitida por la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron a los magistrados que el exfuncionario tuvo un incremento patrimonial no justificado.
Con la prueba documental y pericial se determinó que entre el 1 de mayo de 2009 y 30 de abril de 2012, años en los que fue diputado por el departamento de Usulután, obtuvo ingresos que se desconoce la procedencia.
Según el fallo de la Cámara, se lograron establecer los elementos de enriquecimiento ilícito y la representación de los demandados no pudo desvirtuar las irregularidades planteadas por el ministerio público.
El juicio civil] por enriquecimiento ilícito fue promovido por la Fiscalía, luego que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara que el exlegislador junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales, no pudieron desvanecer el incremento patrimonial detectado al revisar la declaración jurada presentada.
La Unidad Anticorrupción demandó por $182,374.61, pero en la resolución los magistrados condenaron por $171,345.15, ya que en una de las irregularidades se cuestionó la compra de un vehículo a costo de $11,029.46, pero se determinó que el automotor fue adquirido antes del período investigado por Probidad.
Hándal Vega fue condenado por cuatro irregularidades por un incremento patrimonial no justificado de $29,496.16; su esposa Lilian Amanda, por seis irregularidades por un monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades por la cantidad de $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
