Judicial
Estrangulado a su novia embarazada para que no se diera cuenta su otra pareja, enfrentaría pena hasta de 60 años cárcel
Henry Alberto Salazar Burgos, de 28 años regresa al Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer, acusado de haber estrangulado a su novia embarazada, Lilian Beatriz Méndez Ramírez, de 26 años.
El crimen ocurrió el 20 de octubre de 2017, algunos meses después la Policía capturó al sujeto y el lunes se reanudó el juicio en donde está acusado de feminicidio agravado en perjuicio de la que fuera su pareja y de aborto sin consentimiento en contra de su pequeño no nacido de ocho meses.
El reporte fiscal establece que en octubre de 2017 la pareja tuvo una discusión porque Lilian le estaba exigiendo que se hiciera cargo de los gastos de su embarazo, $75 mensuales, pero Henry no quiso y le insistió en que mejor abortara al pequeño.
La insistencia del hombre para que la mujer abortara era, de acuerdo con las investigaciones, porque Henry mantenía una relación sentimental con otra mujer y no quería que ella se enterara de que Lilian estaba embarazada.
«El hombre no quería que su “novia formal” se enterara, por eso cuando Lilian y él iban en un vehículo en la zona entre San Marcos y Santo Tomás es que la da muerte, la estranguló y fue a deshacerse del cuerpo entre Olocuilta y Miramar», según explicó Douglas Meléndez cuando todavía era fiscal general.
Después de haberla matado el hombre regresó a San Salvador como que nada hubiera pasado, pero las autoridades investigaron y concluyeron con el arresto y acusación formal.
El viernes, día en que se reanudó el proceso, cuatro testigos desfilaron, entre ellos un médico encargado de hacer la autopsia y un psiquiatra forense que entrevistó a los familiares y compañeros de trabajo para saber cómo era la relación entre Henry y Lilian.
De acuerdo a lo expresado por los conocidos, la mujer sufría tanto de violencia emocional, física y económica, pues era ella la que pagaba los gastos cuando salían a algún lugar.
Como parte de los testigos también llegaron un agente de la Policía y explicó los pormenores del día en que encontraron el cadáver y un perito fiscal quien mostró videos de cámaras de vigilancia el día del asesinato.
Este lunes, al juicio llegan dos testigos más, con los que la Fiscalía pretende demostrar la culpabilidad de Salazar Burgos.
De ser encontrado culpable de los cargos que se le imputan, el hombre enfrentaría una pena de hasta 60 años, pues por feminicidio agravado la condena es de 50 años y por aborto sin consentimiento va desde los cuatro hasta los 10 años
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
