Judicial
Empleados amenazaron de muerte al dueño de un bar cuando este llegó a cerrar la caja
Un bar fue la manzana de la discordia que separó a un grupo de socios, luego de una serie de pleitos que los llevaron hasta los tribunales. Ahora, la supuesta víctima pide la devolución de dinero invertido en el establecimiento.
Jorge (nombre modificado por seguridad) tiene 43 años de edad y es un administrador de empresas que decidió unir sus esfuerzos junto con un amigo, conocido como Emerson, con el objetivo de crear uno de los bares más prestigiosos de la colonia Escalón. Sin embargo dos empleados del establecimiento conocidos como Glenda P. y Wilfredo C. se encargaron de destruir toda relación empresarial.
Todo comenzó cuando Jorge y su amigo empresario se reunieron el 21 de junio de 2017 para inscribir la sociedad y formalizar sus planes de negocio. Ese día se acordó que su amigo quedaría como único propietario, mientras que él sería el suplente ya que había invertido el 50% del total de la inversión. El bar fue denominado “Guilty” y comenzó sus operaciones en octubre del 2017 en una plaza comercial ubicada sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, en San Salvador.
Los meses corrieron y las ganancias fueron llegando a las arcas de aquellos amigos, pero todo cambió cuando Jorge se presentó a las instalaciones del negocio para dar el cierre de las cajas y realizar el inventario de los productos. Era domingo 14 de enero de 2018, a las 2:00 de la mañana.
Estaba confiado en que nada malo saldría esa madrugada, pero a la entrada estaba Glenda, quien tenía un semblante molesto y un poco irritado. Ella había sido nombrada como administradora del local y momentos antes de que Jorge llegara había dado la orden de no dejarlo pasar, sin dar razón, algo que el socio desconocía.
Cuando se dio cuenta, Jorge les dijo que debían dejarlo entrar ya que era el dueño de la mitad de la inversión. Esto provocó que Glenda se enfureciera aún más y comenzara a insultarlo desmesuradamente hasta llegar a amenazarlo, mientras que llamaba a los guardias de seguridad.
Todo iba sucediendo muy rápido y de un momento a otro apareció Wilfredo, esposo de Glenda, quien también le comenzó a gritar señalando que lo mataría. Jorge no sabía con exactitud qué es lo que estaba pasando, pero optó mejor por irse antes de que todo se saliera de control.
Consternado por lo que había pasado esa madrugada decidió llamar a su socio, pero este jamás le contestó las constantes llamadas y mensajes de texto que diariamente eran enviados por el desesperado empresario.
Ante esto decidió interponer una denuncia en contra del matrimonio, ya que “se sentía ofendido” por lo sucedido y ha solicitado que se le devuelva la inversión, los bienes del establecimiento y el total de las ganancias obtenidas desde que se inició el negocio.
Ahora ellos serán procesados por el delito de amenazas, caso que se encuentra en el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, quien ha dado un plazo de tres meses para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda investigar y aclarar los hechos.
Tanto Glenda como Wilfredo se encuentran en libertad y deben de presentarse periódicamente a la instancia judicial a la espera de la fecha de la audiencia preliminar.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
