Judicial
Empleados amenazaron de muerte al dueño de un bar cuando este llegó a cerrar la caja
Un bar fue la manzana de la discordia que separó a un grupo de socios, luego de una serie de pleitos que los llevaron hasta los tribunales. Ahora, la supuesta víctima pide la devolución de dinero invertido en el establecimiento.
Jorge (nombre modificado por seguridad) tiene 43 años de edad y es un administrador de empresas que decidió unir sus esfuerzos junto con un amigo, conocido como Emerson, con el objetivo de crear uno de los bares más prestigiosos de la colonia Escalón. Sin embargo dos empleados del establecimiento conocidos como Glenda P. y Wilfredo C. se encargaron de destruir toda relación empresarial.
Todo comenzó cuando Jorge y su amigo empresario se reunieron el 21 de junio de 2017 para inscribir la sociedad y formalizar sus planes de negocio. Ese día se acordó que su amigo quedaría como único propietario, mientras que él sería el suplente ya que había invertido el 50% del total de la inversión. El bar fue denominado “Guilty” y comenzó sus operaciones en octubre del 2017 en una plaza comercial ubicada sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, en San Salvador.
Los meses corrieron y las ganancias fueron llegando a las arcas de aquellos amigos, pero todo cambió cuando Jorge se presentó a las instalaciones del negocio para dar el cierre de las cajas y realizar el inventario de los productos. Era domingo 14 de enero de 2018, a las 2:00 de la mañana.
Estaba confiado en que nada malo saldría esa madrugada, pero a la entrada estaba Glenda, quien tenía un semblante molesto y un poco irritado. Ella había sido nombrada como administradora del local y momentos antes de que Jorge llegara había dado la orden de no dejarlo pasar, sin dar razón, algo que el socio desconocía.
Cuando se dio cuenta, Jorge les dijo que debían dejarlo entrar ya que era el dueño de la mitad de la inversión. Esto provocó que Glenda se enfureciera aún más y comenzara a insultarlo desmesuradamente hasta llegar a amenazarlo, mientras que llamaba a los guardias de seguridad.
Todo iba sucediendo muy rápido y de un momento a otro apareció Wilfredo, esposo de Glenda, quien también le comenzó a gritar señalando que lo mataría. Jorge no sabía con exactitud qué es lo que estaba pasando, pero optó mejor por irse antes de que todo se saliera de control.
Consternado por lo que había pasado esa madrugada decidió llamar a su socio, pero este jamás le contestó las constantes llamadas y mensajes de texto que diariamente eran enviados por el desesperado empresario.
Ante esto decidió interponer una denuncia en contra del matrimonio, ya que “se sentía ofendido” por lo sucedido y ha solicitado que se le devuelva la inversión, los bienes del establecimiento y el total de las ganancias obtenidas desde que se inició el negocio.
Ahora ellos serán procesados por el delito de amenazas, caso que se encuentra en el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, quien ha dado un plazo de tres meses para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda investigar y aclarar los hechos.
Tanto Glenda como Wilfredo se encuentran en libertad y deben de presentarse periódicamente a la instancia judicial a la espera de la fecha de la audiencia preliminar.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
