Judicial
Dueña de salón de belleza acusada por explotación sexual es enviada a juicio
El Juzgado 1° de Instrucción de San Salvador decretó apertura a juicio contra Marta Alicia Arias Ponce, por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual en perjuicio de una víctima. El juez valoró los elementos de prueba como suficientes para que la imputada enfrente una vista pública.
Según la acusación fiscal, la víctima, una joven de 21 años de edad proveniente de la zona rural de Cuscatlán escapó de una residencia en que fue privada de libertad, supuestamente con el objetivo de explotarla sexualmente en negocios fachadas que la imputada tenía a su cargo. Esto luego de aceptar un empleo para doméstica.
De acuerdo a la investigación de las autoridades la víctima llegó en manos de la imputada cundo se interesó por un anuncio en el que ofrecían trabajo como doméstica y fue así como en mayo del presente año, se comunicó y acordó encontrarse supuestamente con una empleada de Arias Ponce. La joven fue llevada hasta un negocio de nombre Gabriel’s Salón Boutique, donde la mantuvieron encerrada y escuchó que uno de los clientes solicitó servicios sexuales pero que le advirtieron que ella aún no estaba disponible porque estaba recién llegada.
En su declaración manifestó que la imputada la llevó hasta su vivienda, en la Colonia La Cima donde pasó la noche en una terraza a la intemperie, pero que logró escapar y denunciar el hecho.
Según la investigación fiscal, la acusada supuestamente mantenía a su cargo un negocio que funcionaba como sala de belleza en un centro comercial cerca del Centro Internacional de Ferias (CIFCO), y otro como sala de masajes en la Calle Gabriela Mistral, que contaban con habitaciones para servicios sexuales, según la fiscalía.
Imagen de referencia.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
