Judicial
Dueña de salón de belleza acusada por explotación sexual es enviada a juicio
El Juzgado 1° de Instrucción de San Salvador decretó apertura a juicio contra Marta Alicia Arias Ponce, por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual en perjuicio de una víctima. El juez valoró los elementos de prueba como suficientes para que la imputada enfrente una vista pública.
Según la acusación fiscal, la víctima, una joven de 21 años de edad proveniente de la zona rural de Cuscatlán escapó de una residencia en que fue privada de libertad, supuestamente con el objetivo de explotarla sexualmente en negocios fachadas que la imputada tenía a su cargo. Esto luego de aceptar un empleo para doméstica.
De acuerdo a la investigación de las autoridades la víctima llegó en manos de la imputada cundo se interesó por un anuncio en el que ofrecían trabajo como doméstica y fue así como en mayo del presente año, se comunicó y acordó encontrarse supuestamente con una empleada de Arias Ponce. La joven fue llevada hasta un negocio de nombre Gabriel’s Salón Boutique, donde la mantuvieron encerrada y escuchó que uno de los clientes solicitó servicios sexuales pero que le advirtieron que ella aún no estaba disponible porque estaba recién llegada.
En su declaración manifestó que la imputada la llevó hasta su vivienda, en la Colonia La Cima donde pasó la noche en una terraza a la intemperie, pero que logró escapar y denunciar el hecho.
Según la investigación fiscal, la acusada supuestamente mantenía a su cargo un negocio que funcionaba como sala de belleza en un centro comercial cerca del Centro Internacional de Ferias (CIFCO), y otro como sala de masajes en la Calle Gabriela Mistral, que contaban con habitaciones para servicios sexuales, según la fiscalía.
Imagen de referencia.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
