Judicial
Dueña de salón de belleza acusada por explotación sexual es enviada a juicio
El Juzgado 1° de Instrucción de San Salvador decretó apertura a juicio contra Marta Alicia Arias Ponce, por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual en perjuicio de una víctima. El juez valoró los elementos de prueba como suficientes para que la imputada enfrente una vista pública.
Según la acusación fiscal, la víctima, una joven de 21 años de edad proveniente de la zona rural de Cuscatlán escapó de una residencia en que fue privada de libertad, supuestamente con el objetivo de explotarla sexualmente en negocios fachadas que la imputada tenía a su cargo. Esto luego de aceptar un empleo para doméstica.
De acuerdo a la investigación de las autoridades la víctima llegó en manos de la imputada cundo se interesó por un anuncio en el que ofrecían trabajo como doméstica y fue así como en mayo del presente año, se comunicó y acordó encontrarse supuestamente con una empleada de Arias Ponce. La joven fue llevada hasta un negocio de nombre Gabriel’s Salón Boutique, donde la mantuvieron encerrada y escuchó que uno de los clientes solicitó servicios sexuales pero que le advirtieron que ella aún no estaba disponible porque estaba recién llegada.
En su declaración manifestó que la imputada la llevó hasta su vivienda, en la Colonia La Cima donde pasó la noche en una terraza a la intemperie, pero que logró escapar y denunciar el hecho.
Según la investigación fiscal, la acusada supuestamente mantenía a su cargo un negocio que funcionaba como sala de belleza en un centro comercial cerca del Centro Internacional de Ferias (CIFCO), y otro como sala de masajes en la Calle Gabriela Mistral, que contaban con habitaciones para servicios sexuales, según la fiscalía.
Imagen de referencia.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
