Judicial
Sujetos remitidos a juzgados por casos de privación de libertad, homicidios agravados, agrupaciones ilícitas, entre otros delitos
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) consignaron esta mañana, al Juzgado Especializado de Instrucción “C” a 29 imputados, acusados por nueve casos de privación de libertad, dos homicidios agravados, fraude procesal, agrupaciones ilícitas y cuatro proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio agravado.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la solicitud de imposición de medidas, por la cual se ha solicitado al juez decretar instrucción formal con detención provisional y habilitar los próximos seis meses para profundizar en las investigaciones. La audiencia de imposición de medidas está señalada para las 7:00 am del próximo 11 de noviembre.
Según datos de las investigaciones, una de las víctimas de los homicidios fue Francisco Beltrán Girón, 55 años, a quién le dispararon en el 2010 porque se negaba a colaborar con la estructura delincuencial, a través del pago de la renta y de dar aviso a la PNC. Este hecho se registró en el año 2010 en el municipio de Colón, La Libertad. Asimismo, en el 2011 mataron a Jorge Orellana, al parecer los imputados creyeron que la víctima pertenecía a la pandilla contraria; este crimen se registró en el municipio de San Juan Opico.
Respecto a los nueve casos de privación de libertad, estos sucedieron en la misma zona donde operaba la estructura, para los terroristas las víctimas colaboran con la PNC y otros pertenecían a una estructura contraria. No obstante, falta comprobar por medio de exámenes de ADN si los cuerpos encontrados en cementerios clandestinos pertenecen a los ofendidos; los cuerpos fueron encontrados en fincas rurales. Los hechos se registraron entre 2015 a 2017.
Sobre el caso de fraude procesal, algunos miembros de la clica se enteraron que se investigaba el caso de la desaparición de un agente policial, por lo tanto desenterraron el cadáver y lo incineraron para de esta forma borrar evidencia. Estos hechos sucedieron en 2017.
En tal sentido, la FGR comenzó a investigar los hechos por medio de las denuncias, testigos e intervenciones telefónicas. Dentro de los capturados se encuentran fundadores de la pandilla, soldados, entre otros. Las capturas se realizaron entre el 5 y 6 de noviembre de los corrientes por miembros de la Policía Nacional Civil. Inicialmente se informó que se trataba de 30 imputados, uno de ellos es menor de edad y por tal motivo será procesado en el respectivo juzgado en Santa Tecla, La Libertad.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
