Judicial
Detención provisional contra exfuncionarios del Banco Hipotecario
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra el expresidente del Banco Hipotecario Carlos Alberto Ortiz, el exvicepresidente Carlos Enrique Cruz Arana y el exoficial de cumplimiento Jolman Alexander Ayala, acusados de lavado de dinero y de activas; además, a Cruz y a Ayala se les acusa de peculado en calidad de cómplices necesarios, delitos cometidos en perjuicio del orden socioeconómico y la administración pública, respectivamente.
De acuerdo con Fiscalía, durante el período del 8 de junio de 2009 al 8 de junio de 2011, cuando Ortiz y Cruz ejercieron funciones en dicha institución, se instrumentalizó al Banco Hipotecario para lavar 97 millones 456 mil 424 dólares con 26 centavos. Y en el periodo del 1 de marzo al 6 de mayo de 2013, periodo que fungió Ayala, se instrumentalizó al banco para lavar 177 millones 561 mil 461 dólares con 15 centavos.
Según la acusación fiscal los imputados aceptaron haber recibido de parte de la Presidencia de la República, de ese entonces, dádivas mensuales para Ortíz y Arana de 3 mil dólares en efectivo, mientras que Jolman mensualidades que oscilaban entre 1,500.00 y 2,000.00 dólares. En total entre los tres presuntamente recibieron en dadivas 215 mil dólares.
Los imputados están siendo ligados al proceso de Saqueo Público en la cual se acusa al expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena por lavado de dinero por más de 350 millones de dólares.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
