Judicial
FOTOS | Fiscalía presenta requerimiento contra los alcaldes de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo, por el delito de corrupción
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El Juzgado Especializado de Instrucción “C” recibió esta tarde, la solicitud de imposición de medidas contra el alcalde de Zacatecoluca, Francisco Salvador Hirezi Morataya y el alcalde de San Rafael Obrajuelo, Rafael Almilcar Aguilar Alvarado y otras 17 personas más, acusados por negociaciones ilícitas, peculado, cohecho activo, cohecho propio y cohecho impropio.
La jueza fijó las 9:00 a.m. de este próximo 30 de abril para la realización de la audiencia de imposición de medidas, en la que se discutirá si se procede o no a decretarles instrucción formal con detención provisional, petición hecha por la Fiscalía General de la República (FGR). Según datos del proceso, las investigaciones iniciaron en agosto del año pasado, mediante intervención de llamadas telefónicas.
Los sujetos se dedicaron a negociar con las donaciones hechas por el Gobierno Central, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en las que hubo un total de mil quintales de maíz, los cuales se obtuvieron luego de los daños ocasionados por las tormentas Amanda, Cristóbal y ETA, además, de la pandemia provocada por el covid-19. Al venderlos, se quedaban con el dinero que asciende a un total de 344 mil dólares. Los restantes 100 sacos los entregaron a otras personas como para aparentar haber dado en su totalidad los granos.
Aparentemente fue Hirezi y Aguilar Alvarado quienes tomaban las decisiones al respecto de las dádivas, por lo que se apoyaron en agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), transportistas y empresarios para poder obtener una ganancia “extra”. A ellos se les capturó el pasado 26 del presente mes en San Salvador, Santa Tecla, San Rafael Obrajuelo y en distintos lugares del departamento de La Paz.
La PNC aprehendió a 16 de los 19 mencionados en el proceso. Las investigaciones se dividieron en cuatro rubros: la alcaldía de Zacatecoluca, que se encargaba de distribuir bienes y servicios, para así entregar dinero y poder ganar licitaciones. De igual forma, la alcaldía de San Rafael Obrajuelo se encargaba de vender a particulares los granos, los agentes de la policía y los transportistas. El dinero se distribuía en aparentes obras como pasarelas, reparación de calles y donaciones de bolsas de alimentos.
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El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
