Judicial
Conductor de UBER es procesado judicialmente junto a otros sujetos por robo cometido hacia una universitaria
Un conductor de Uber fue obligado a convertirse en la pieza clave para que tres delincuentes ejecutaran un asalto a una joven a la que además golpearon en las inmediaciones de la Universidad de El Salvador (UES).
Según las investigaciones, William M.,de 36 años de edad, fue contratado mediante la aplicación por Kevin M., Wilber S. y Ernesto A., alias “Snoopi”, quienes atacaron a Yolanda (nombre modificado por seguridad), por los $7 y un celular que portaba.
La separación de su compañera de vida -con la cual tenía un hijo- y el no tener un empleo estable llevaron a William a trabajar con la plataforma de viajes Uber.
La tarde del 5 de noviembre del 2017, tres delincuentes solicitaron un viaje con la famosa aplicación. Para mala suerte de William él fue el primero en ver la ruta y aceptar realizar la carrera.
El reloj marcaba las 6:00 de la tarde cuando dio por iniciado el viaje. El Uber se identificó y mientras ellos se subían al vehículo les preguntó sobre la ruta y estos explicaron que en el camino le indicarían el destino final. Llegaron hasta la avenida Herrera y avenida Aguilares en San Salvador.
Al fondo de la calle observaron a una joven que caminaba sola y uno de los sujetos le dijo que se detuviera frente a ella.
Según el expediente judicial, una joven estudiante de 26 años iba caminando tranquila sobre la acera cuando de pronto un vehículo se estacionó de manera abrupta a su lado. Era los tres hombres que transportaba William.
Del carro se bajaron los dos sujetos y se acercaron a su víctima. Con cuchillo en mano le pidieron sus cosas, pero ella se negó y comenzó a forcejear con los asaltantes, quienes inmediatamente la tomaron de la mano, la lanzaron contra el pavimento y comenzaron a golpearla. Así lograron quitarle su teléfono celular y $7 que cargaba en sus bolsillos.
Los hombres se dieron a la fuga y comenzaron a correr hasta entrar al vehículo y le exigieron a William que comenzara a conducir. Él estaba en estado de shock, ya que no podía creer que sus clientes se habían convertido en un grupo de ladrones. Sin embargo, ninguno de ellos contaba con que más adelante serían interceptados por un grupo de policías.
La captura
Luego de que los sujetos se dieran a la fuga, la conductora de una camioneta al ver a la joven tirada en el sueño la auxilió y darse cuenta lo que había sucedido le sugirió seguir a los hombres, ella aceptó. A unos cuentos metros encontraron el carro y reconoció a los hombres que minutos antes la habían atracado.
William y el resto de los sujetos fueron capturados por el delito de robo y fueron llevados ante los tribunales. Durante el proceso judicial, el conductor de Uber se defendió diciendo que no era culpable de los delitos, ya que el día que sucedió el asalto estaba trabajando.
“Fue le día y la hora equivocados, llegué al lugar desconociendo qué tipo de personas se subían”, dijo con un tono desesperado ante las autoridades.
Según el expediente judicial, de todos los capturados solo Ernesto A. tenía varias órdenes de capturas por el delito de posesión y tenencia de drogas y por el homicidio de Ronaldo Chilín, ambos en Santa Ana.
Será el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, quien determine a partir de las pruebas documentales y testimoniales la responsabilidad del conductor de Uber y del resto de los implicados en el robo a la joven estudiante.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
