Judicial
Cierre de calles por reconstrucción de hechos de ataque contra activistas del FMLN
Foto/cortesía
El Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador informa a la ciudadanía en general que este jueves 15 de abril a partir de las 6:00 de la tarde realiza una reconstrucción de hechos del ataque contra activistas del FMLN sobre la Primera Calle Poniente y 11° Avenida Norte de San Salvador, por lo que estarán cerradas para el público.
Por lo anterior, se hace llamado a los automovilistas que tomen vías alternas y a las autoridades competentes con las medidas correspondientes para informar y desviar el tráfico por la zona.
La diligencia será dirigida por el juez, Roberto Arévalo Ortuño, en el lugar donde ocurrieron los hechos junto con los imputados, sus defensores, Fiscalía General de la República (FGR), víctimas y testigos y miembros de policía técnica y científica de la PNC.
La reconstrucción es parte de las diligencias que se realizan en la causa penal contra los imputados, Diego Francisco Alvarado, Héctor de Jesús Castaneda y Roberto Carlos Coto, acusados de homicidio agravado por un hecho ocurrido el 31 de enero a las 18:25 horas.
La hora de la diligencia se debe a que fue aproximadamente a las 6:25 p.m., en que ocurrieron los hechos sobre las arterias mencionadas, que tiene como fin determinar las circunstancias del modo, tiempo y lugar y la probable vinculación de los procesados.
“La reconstrucción es un medio probatorio necesario de carácter orientador al servicio del juzgador que le permite mediante datos aportados por las víctimas, testigos o los mismos imputados recrear la escena del delito para establecer si los hechos ocurrieron o no de tal manera”, detalló el juez.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
