Judicial
AVANCE EN EL CASO CARLA AYALA: Implicado sugiere que cadáver de la agente fue bajado en la sede del GRP
Josué Antonio Pérez Pineda, uno de los agentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) implicado en la desaparición de la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Ayala, fue presentado al Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador, en donde fue tomada su declaración indagatoria del hecho.
De acuerdo a lo que Pérez Pineda expresó ante el juez, Roberto Arévalo Ortuño, este explicó bajo una declaración coherente y “más o menos creíble” que el cadáver de la mujer -que estaba destacada en la Unidad de Investigación Disciplinaria de Apopa- pudo haber sido bajado en la sede del GRP, luego del ataque en su contra.
Implicado sugiere que cadáver de Carla Ayala fue bajado en la sede del GRP
El agente es procesado por incumplimiento de deberes, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de no efectuar la detención del agente prófugo identificado como Juan Josué Castillo, cuando este regresó a devolver el vehículo involucrado en los hechos.
Ante esto, sus abogados defensores alegaron que llegó al día siguiente de los hechos a retomar su turno y que su función era de armero y no comandante de guardia, como se ha manifestado en el requerimiento.
Las declaraciones ante el Juzgado
Las declaraciones tomadas por Ortuño tienen el objetivo de aclarar cuál fue la ubicación que tuvo Pérez Pineda el día posterior a los hechos, cuando desapareció la agente Ayala. Hecho ocurrido el 28 de diciembre de 2017, luego de asistir a una fiesta navideña en la sede policial del GRP.
Ortuño consideró que las palabras del imputado van a obligar a la Fiscalía, querellantes, defensa y jueces a analizar el caso específico sobre él.
Manifestó que sus declaraciones coinciden bastante con las pistas que se han dado, no obstante cree que hay que esperar las conclusiones de las investigaciones y que a su juicio no se deben de basar solo en declaraciones.
Por: El Salvador Times
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 15 años de prisión a José Alvarado Gutiérrez Murcia por intentar asesinar a su hermano en La Palma, Chalatenango Norte.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el ataque ocurrió la noche del 7 de septiembre de 2024, cuando la víctima ingresaba a su vivienda y fue agredida con un corvo en el cuello y rostro. Tras el incidente, el padre de ambos llegó al lugar, y el imputado logró huir. La víctima fue trasladada a un centro asistencial tras quedar inconsciente.
La FGR indicó que, ante la abundante evidencia documental, pericial y testimonial presentada, el tribunal dictó la condena en ausencia del imputado por el delito de intento de homicidio agravado.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que concluyó la jornada de este martes en la vista pública contra varios exfuncionarios y particulares involucrados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y municipales de 2015.
Los imputados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y fraude procesal, tras supuestamente ofrecer beneficios económicos a pandillas a cambio de votos. Entre los acusados se encuentran Ernesto Luis Muyshondt García Prieto, Benito Antonio Lara Fernández, Ramón Arístides Valencia Arana, Wilson Alexander Alvarado Alemán y Arnd Richard Luers (Paolo Luers).
El Tribunal 1° de Sentencia determinó que existe riesgo de fuga por parte del exministro Benito Lara, por lo que ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial.
