Judicial
AVANCE EN EL CASO CARLA AYALA: Implicado sugiere que cadáver de la agente fue bajado en la sede del GRP
Josué Antonio Pérez Pineda, uno de los agentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) implicado en la desaparición de la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Ayala, fue presentado al Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador, en donde fue tomada su declaración indagatoria del hecho.
De acuerdo a lo que Pérez Pineda expresó ante el juez, Roberto Arévalo Ortuño, este explicó bajo una declaración coherente y “más o menos creíble” que el cadáver de la mujer -que estaba destacada en la Unidad de Investigación Disciplinaria de Apopa- pudo haber sido bajado en la sede del GRP, luego del ataque en su contra.
Implicado sugiere que cadáver de Carla Ayala fue bajado en la sede del GRP
El agente es procesado por incumplimiento de deberes, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de no efectuar la detención del agente prófugo identificado como Juan Josué Castillo, cuando este regresó a devolver el vehículo involucrado en los hechos.
Ante esto, sus abogados defensores alegaron que llegó al día siguiente de los hechos a retomar su turno y que su función era de armero y no comandante de guardia, como se ha manifestado en el requerimiento.
Las declaraciones ante el Juzgado
Las declaraciones tomadas por Ortuño tienen el objetivo de aclarar cuál fue la ubicación que tuvo Pérez Pineda el día posterior a los hechos, cuando desapareció la agente Ayala. Hecho ocurrido el 28 de diciembre de 2017, luego de asistir a una fiesta navideña en la sede policial del GRP.
Ortuño consideró que las palabras del imputado van a obligar a la Fiscalía, querellantes, defensa y jueces a analizar el caso específico sobre él.
Manifestó que sus declaraciones coinciden bastante con las pistas que se han dado, no obstante cree que hay que esperar las conclusiones de las investigaciones y que a su juicio no se deben de basar solo en declaraciones.
Por: El Salvador Times
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
