Judicial
AVANCE EN EL CASO CARLA AYALA: Implicado sugiere que cadáver de la agente fue bajado en la sede del GRP
Josué Antonio Pérez Pineda, uno de los agentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) implicado en la desaparición de la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Ayala, fue presentado al Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador, en donde fue tomada su declaración indagatoria del hecho.
De acuerdo a lo que Pérez Pineda expresó ante el juez, Roberto Arévalo Ortuño, este explicó bajo una declaración coherente y “más o menos creíble” que el cadáver de la mujer -que estaba destacada en la Unidad de Investigación Disciplinaria de Apopa- pudo haber sido bajado en la sede del GRP, luego del ataque en su contra.
Implicado sugiere que cadáver de Carla Ayala fue bajado en la sede del GRP
El agente es procesado por incumplimiento de deberes, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de no efectuar la detención del agente prófugo identificado como Juan Josué Castillo, cuando este regresó a devolver el vehículo involucrado en los hechos.
Ante esto, sus abogados defensores alegaron que llegó al día siguiente de los hechos a retomar su turno y que su función era de armero y no comandante de guardia, como se ha manifestado en el requerimiento.
Las declaraciones ante el Juzgado
Las declaraciones tomadas por Ortuño tienen el objetivo de aclarar cuál fue la ubicación que tuvo Pérez Pineda el día posterior a los hechos, cuando desapareció la agente Ayala. Hecho ocurrido el 28 de diciembre de 2017, luego de asistir a una fiesta navideña en la sede policial del GRP.
Ortuño consideró que las palabras del imputado van a obligar a la Fiscalía, querellantes, defensa y jueces a analizar el caso específico sobre él.
Manifestó que sus declaraciones coinciden bastante con las pistas que se han dado, no obstante cree que hay que esperar las conclusiones de las investigaciones y que a su juicio no se deben de basar solo en declaraciones.
Por: El Salvador Times
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
