Judicial
Acusan a militar de matar a su novia y cobrar tres pólizas de seguro por US$54 mil
El militar Mauricio Ernesto S. fue enviado a juicio al ser acusado de asesinar a su novia y cobrar tres pólizas de seguro de vida por US$54,000. La audiencia preliminar fue realizada el viernes 28 de abril en el Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
Según las investigaciones, la mañana del 17 de enero del 2021, el militar llegó a la casa de la víctima ubicada en Sonsonate para llevarla a su trabajo en el municipio de Santa Tecla. No obstante, después de ese encuentro, la familia de ella ya no supo de su paradero. La llamaron a su trabajo y a su celular pero no los contestó, por lo que, junto al acusado, reportaron su desaparición a las autoridades.
Un día después de su desaparición, un trabajador reportó el hallazgo de un cuerpo en la finca Azucena, del municipio de Jayaque, en La Libertad. Las autoridades, al verificar la identidad de la víctima, confirmaron que pertenecía a la novia del militar. La mujer había sido asesinada, ya que tenía lesiones con arma blanca.
Tras la muerte de su novia, el militar cobró tres pólizas de seguro que tenía contratadas la víctima y que sumaron US$54,000.
Posteriormente, tras las investigaciones, Mauricio Ernesto S. fue detenido por ser el principal sospechoso de cometer el homicidio. El militar enfrentará la vista pública en un juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador bajo el cargo de feminicidio agravado en perjuicio de su novia.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
