Judicial
Abogados de Sigfrido Reyes presentan pruebas sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito
Los abogados del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, acudieron la mañana de este lunes a la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador para presentar pruebas sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito hechas en su contra por la Fiscalía.
El abogado, Pedro Cruz, explicó que han recopilado toda la información financiera de la familia Reyes de los últimos diez años la cual fue detallada en 15,000 páginas y aseguró que con esta documentación las acusaciones de la Fiscalía se romperán como un “cascarón”.
“A lo largo de estos meses hemos podido recopilar toda la documentación, cuentas bancarias y una serie de transacciones financieras, operaciones pequeñas, grandes para poder desarmar de manera contundente y completa la demanda civil que ha hecho la Fiscalía”, dijo Cruz.
“Pudimos realizar un peritaje minucioso a cargo de especialistas en auditoría y contabilidad quienes nos han reconfirmado lo que nosotros sabíamos por la lectura de los documentos: que no existe ningún indicio de enriquecimiento ilícito, que todas las cuentas están en orden. El pago de viáticos se realizó de conformidad a la ley y que la demanda y las acusaciones de la Fiscalía son un cascaron que este día se empieza romper de manera definitiva”, aseguró el defensor.
En febrero de este año la Fiscalía presentó una demanda por enriquecimiento ilícito en contra del exdiputado del FMLN y su grupo familiar por un monto de $472,464.04 que no pudieron justificar de su patrimonio de los cuales $12,000 fueron asignados de su esposa, Susy Melba Rodríguez de Reyes, y $750 a su hijo Luis Damián Reyes Rodríguez.
A estos señalamientos el defensor de Reyes dijo que han presentado informes detallados del patrimonio de la familia Reyes.
“Tenemos justificado cada centavo que fue cancelado en compra de inmuebles y también los que se deben porque los inmuebles se adquieren a plazos muchas veces”, dijo.
Abogado niega que Reyes tenga «propiedades lujosas»
Negó que su cliente tenga propiedades ostentosas como se había mencionado en redes sociales en las que fueron compartidas imágenes de lujosas residencias.
“No son grandes cantidades de inmuebles, son inmuebles sencillos, por ahí circularon unas fotos de una finca es falso no es de él ni siquiera es del país esa propiedad. Al ver en Google Maps dónde queda ubicado ese mueble se van a dar cuenta que no es en El Salvador. Él no tiene propiedades ostentosas, entonces se descarta cualquier anomalía con relación a los bienes”, mencionó.
Cruz dijo que parte de la documentación que este lunes presentaron en la Cámara también fue mostrada en México para que las autoridades de ese país otorgaran asilo político a su cliente.
“Parte de la documentación que nosotros estamos presentan aquí también se presentó al estado de México, y México de manera independiente y objetiva definió que no había asidero legal para una persecución judicial en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa y con esos parámetros le otorgó asilo político”, aseguró.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
