Judicial
Abogados de Sigfrido Reyes presentan pruebas sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito
Los abogados del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, acudieron la mañana de este lunes a la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador para presentar pruebas sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito hechas en su contra por la Fiscalía.
El abogado, Pedro Cruz, explicó que han recopilado toda la información financiera de la familia Reyes de los últimos diez años la cual fue detallada en 15,000 páginas y aseguró que con esta documentación las acusaciones de la Fiscalía se romperán como un “cascarón”.
“A lo largo de estos meses hemos podido recopilar toda la documentación, cuentas bancarias y una serie de transacciones financieras, operaciones pequeñas, grandes para poder desarmar de manera contundente y completa la demanda civil que ha hecho la Fiscalía”, dijo Cruz.
“Pudimos realizar un peritaje minucioso a cargo de especialistas en auditoría y contabilidad quienes nos han reconfirmado lo que nosotros sabíamos por la lectura de los documentos: que no existe ningún indicio de enriquecimiento ilícito, que todas las cuentas están en orden. El pago de viáticos se realizó de conformidad a la ley y que la demanda y las acusaciones de la Fiscalía son un cascaron que este día se empieza romper de manera definitiva”, aseguró el defensor.
En febrero de este año la Fiscalía presentó una demanda por enriquecimiento ilícito en contra del exdiputado del FMLN y su grupo familiar por un monto de $472,464.04 que no pudieron justificar de su patrimonio de los cuales $12,000 fueron asignados de su esposa, Susy Melba Rodríguez de Reyes, y $750 a su hijo Luis Damián Reyes Rodríguez.
A estos señalamientos el defensor de Reyes dijo que han presentado informes detallados del patrimonio de la familia Reyes.
“Tenemos justificado cada centavo que fue cancelado en compra de inmuebles y también los que se deben porque los inmuebles se adquieren a plazos muchas veces”, dijo.
Abogado niega que Reyes tenga «propiedades lujosas»
Negó que su cliente tenga propiedades ostentosas como se había mencionado en redes sociales en las que fueron compartidas imágenes de lujosas residencias.
“No son grandes cantidades de inmuebles, son inmuebles sencillos, por ahí circularon unas fotos de una finca es falso no es de él ni siquiera es del país esa propiedad. Al ver en Google Maps dónde queda ubicado ese mueble se van a dar cuenta que no es en El Salvador. Él no tiene propiedades ostentosas, entonces se descarta cualquier anomalía con relación a los bienes”, mencionó.
Cruz dijo que parte de la documentación que este lunes presentaron en la Cámara también fue mostrada en México para que las autoridades de ese país otorgaran asilo político a su cliente.
“Parte de la documentación que nosotros estamos presentan aquí también se presentó al estado de México, y México de manera independiente y objetiva definió que no había asidero legal para una persecución judicial en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa y con esos parámetros le otorgó asilo político”, aseguró.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
