Judicial
Tribunal ordena a alcaldía de Santa Tecla reinstalar y pagar salarios a empleados despedidos para otorgar contrato de Teclaseo
Un tribunal superior ordenó el reinstalo de unos 154 empleados que la alcaldía de Santa Tecla, despidió el 31 de julio del 2018 por orden del alcalde Roberto d´Aubuisson Munguía y su concejo municipal, luego que la comuna firmó con la empresa de origen colombiana INTERASEO S.A.S.E.S.P, para que se encargara de la recolección de los desechos sólidos de la cabecera departamental, por medio de TECLASEO S.E.M.
En la resolución, el juez ordena el reinstalo o reubicación definitiva de todos los empleados y que además se les debe de cancelar los salarios no percibidos.
Los despedidos y que en un principio fueron 154, deben ser instalados en la plaza que ocupaban o en su efecto, el concejo municipal debe de hacer las gestiones para reubicarlos en otros puestos de igual o de mayor jerarquía.
De igual forma, el juez da un plazo de cuatro días hábiles para que la alcaldía notifique la ejecución de la sentencia en el proceso acumulado, es decir, el reinstalo de los demandantes y del pago de los salarios no percibidos.
Debe de cumplirse la presente orden que ya no tiene recurso alguno de apelación y de no ser cumplida, se impondrá una multa que debe ser cancelada con el patrimonio de cada uno de los concejales, reza el documento.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se activó en su cuenta de Twitter y escribió que era una resolución sin derecho a apelación para el concejo y el alcalde de Santa Tecla. De este último dijo que ya está en delito de desobediencia del artículo 322 del Código Penal, por lo que hizo un llamado al fiscal general, Raúl Melara, a que la institución que dirige actúe por las demandas que hay en contra de estos infractores, “porque urge la aplicación de la Ley”.
“En caso de no actuar de forma diligente debido a qué hay repercusiones económicas y de toda índole en perjuicio de los trabajadores, acudiré personalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se actúe de inmediato y llegue la justicia en favor de los trabajadores”.
En total fueron 154 trabajadores del departamento de Recolección de Desechos Sólidos de la alcaldía municipal de Santa Tecla, que fueron despedidos el 31 de julio del 2018. Algunos tenían más de 20 años de ser empleados de la municipalidad.
El concejo municipal concedió a la empresa público-privada “TECLASEO” la recolección de basura por un periodo de 21 años y puso reserva total al documento firmado para que nadie pueda leerlo hasta dentro de tres años.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
