Judicial
Abogado defensor de Carlos Rivas asegura que “el hecho no constituye delito”, así que enfrentará un juicio sumario aunque pidieron sobreseerlo
El abogado defensor del pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), Carlos Rivas, llegó a los Juzgados de Paz para pedir que se le otorgue el sobreseimiento definitivo por considerar que no hay pruebas de que el religioso haya conducido en estado de ebriedad al momento de su detención. Sin embargo, el juez negó la petición.
El defensor de Rivas, Miguel Flores Durel, dijo a Diario el Mundo que no se le puede imputar el delito de conducción peligrosa al pastor porque no existe una prueba de alcotest o un examen de sangre que determine que Rivas haya estado en estado de ebriedad.
“Estamos solicitando sobreseimiento definitivo a favor de él, porque el hecho no constituye delito, porque no se dan los supuestos que la ley o el reglamento de tránsito exige para imputar la acción, no existe alcotest o extracción de sangre por lo que no se puede configurar el delito”, expuso el defensor al rotativo antes citado.
Aunque el pastor Rivas no se presentó a la audiencia inicial su abogado estuvo en el proceso. La jueza escuchó la petición del abogado, sin embargo, la negó. Además le decretó medidas y autorizó un proceso sumario en contra del religioso, acusado de manejar ebrio.
El juicio sumario se realiza de manera más pronta, es decir, sin pasar por todos los procesos de los juicios ordinarios. De esta manera, cuando el caso aún se encuentra en Paz se resuelve de manera más expedita.
Flores Durel calificó de «curioso» que el religioso haya sido detenido por la Policía Nacional Civil (PNC), liberado algunas horas después y que la Fiscalía General de la República (FGR) haya presentado la acusación siete días después.
“Es curioso lo que pasó con él, porque no solo es el hecho de que lo pongan en libertad, porque eso pasa a diario cuando se advierte que alguien no lleva el porcentaje estipulado, sino que en el oficio que le entregaron se dice que se ordene el archivo de las dirigencias, lo que significa que a este oficio le antecede una resolución motivada, fundamentada, que vamos a exigir donde se acredita que el hecho no constituye delito”, señaló.
Rivas fue detenido el jueves de la semana de vacaciones en la colonia Miranda, cercanías del bulevar Constitución, por agentes del sistema 911 de la PNC luego de ser detectado, de acuerdo a los policías, manejando en evidente estado de ebriedad.
El fiscal general, Raúl Melara, anunció por medio de su cuenta de Twitter que se iba a abrir una investigación para determinar si se realizó el proceso correcto para la liberación de Rivas, pues se hizo en algunas horas.
Luego de que la Fiscalía ordenada a la PNC su libertad, el religioso habló a sus fieles diciendo que ese día que fue capturado estaba “desvelado” y no en estado de ebriedad y anunció que se iba a retirar temporalmente del TAI para estar con su familia.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
