Judicial
129 pandilleros enfrentarán juicio por cometer varios delitos
La Unidad de Vida de San Salvador y la Unidad Especializada de delitos de Extorsión lograron fundamentar que existen los indicios de que una estructura de pandillas que operaba en el municipio de apopa habría cometido varios delitos como homicidios, extorsión, feminicidios entre otros. Por eso el Juzgado Especializado de Instrucción C decreto apertura a juicio en contra de 129 imputados.
La representación fiscala ha manifestado que a los acusados se les atribuyen 16 homicidios casos de homicidio, cuatro feminicidios y 85 extorsiones agravadas.
En cuanto a las extorsiones los pandilleros exigían a los comerciantes de Apopa entre 30 y 1,500 dólares y recogían unos 7,000 a 8,000 dólares mensuales de la extorsión.
“ese dinero lo utilizaban para lavarlo, mediante negocios, testaferros, compra de venta de cereales, compra de carros para utilizarlos como taxis piratas en total 35 vehículos les fueron incautados”
En el caso de los feminicidios destaca la muerte de la periodista Roxana Cortez Barrera a quien los pandilleros le arrebataron la vida en la entrada colonia San Sebastián el 22 de agosto en 2017.
Otros delitos por los que están siendo procesados son: agrupaciones Ilícitas, extorsiones, limitación a la libertad de circulación, tráfico de objetos prohibidos, proposición y conspiración tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero.
Esta mañana se instaló la audiencia preliminar en contra de Kevin Alexander Miranda Santamaria, a quién las autoridades le acusas de ser narcotraficante.
Según las autoridades fiscales, la Policía Nacional Civil realizó un allanamiento en la vivienda del sujeto a quién le encontraron cocaína, marihuana y anfetaminas, valoradas en $153,992,00.
Así mismo, se le decomisó un arma de fuego sin su respectiva documentación y una cantidad de $20,690.00. en efectivo.
Los delitos que se le atribuyen son: tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y casos especiales de lavado de dinero.
Las autoridades dicen contar con las suficientes pruebas que incriminan al sujeto para que sea enviado a prisión.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
