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Joven que desapareció fue encontrado gracias a la lucha de su familia que venció el infierno de no saber su paradero, sin embargo sufre amnesia por la supuesta tortura a la que fue sometido
Una familia que dice fue abandonada por las autoridades, en la búsqueda de uno de sus integrantes, logró resolver el caso por cuenta propia tras varios días en los que vivieron un verdadero infierno que podría prolongarse, debido a la amnesia que la víctima sufre tras ser localizado con evidentes signos de tortura.
El 14 de febrero del presente año, Ernesto (nombre modificado por protección) desapareció cuando se encontraba en un punto de la capital, al no tener rastros de él sus seres queridos se acercaron a las autoridades para interponer la denuncia.
Según un familiar, el trato que recibieron en la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscalía General de la República (FGR) no fue el mejor ya que sintieron mucha indiferencia de parte de quien les recibió la denuncia.
“Nunca recibimos una llamada de la Fiscalía, ni siquiera supimos quién era el fiscal encargado del caso”, agregó la fuente de este caso quien considera que policías y fiscales no están capacitados para brindar atención de víctimas.
La respuesta desalentadora de las autoridades no limitó a la familia que comenzó una búsqueda por cuenta propia para dar con el paradero de Ernesto, esto sin tener pistas sobre lo que le podría haber pasado.
Las redes sociales fueron los principales motores de la familia quien encontró apoyo en la cuenta de la Procuraduría General de la República (PGR), en donde les ayudaron con un listado de personas detenidas.
Además, la cuenta oficial de la PGR publicó en redes sociales un afiche con los datos del desaparecido que le fue adjuntado a la cuenta del director general de la PNC, Howard Cotto.
La familia reclama que el jefe policial ignoró la mención ya que hasta la fecha no se ha pronunciado respecto al caso.
Pese a que el escenario iba de mal en peor, la familia de Ernesto no se rindió y lo buscó sin parar en hospitales y morgues de Medicina Legal.
Fue hasta el 19 de febrero que el desaparecido fue localizado en un centro asistencial al que su familia aún no sabe cómo llegó y que por seguridad se negaron a revelar.
Amnesia podría ser para siempre
La buena noticia del hallazgo de Ernesto fue opacada por las condiciones en las que fue encontrado debido a que durante el tiempo que estuvo desaparecido fue víctima de violencia.
Los médicos que lo atendieron le manifestaron a la familia que el joven ha perdido la memoria debido a los golpes que recibió y que esta condición podría ser temporal o permanente.
Actualmente, Ernesto no recuerda lo sucedido, ni los nombres de sus familiares a quien parece reconocer de rostro, aseguró un miembro de la familia.
El joven podría haber sido golpeado por varios sujetos que lo dejaron abandonado creyendo que estaba muerto y alguien que lo vio tirado dio aviso a las autoridades que lo auxiliaron.
Ernesto se encuentra recibiendo atención médica y pese a su estado de salud la familia agradece haberlo encontrado con vida ya que remarcan que en muchos casos de desaparecidos nunca se encuentran.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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