Los gobiernos de ARENA y el FMLN permitieron que las pandillas crecieran exponencialmente en El Salvador, además, las segregaron entregándoles las cárceles, donde en vez de ejercer seguridad y control les brindaron beneficios. Sin embargo, el actual Gobierno ha reiterado que estas prácticas quedaron en el pasado y ahora su misión es desarticular a las pandillas.

Autoridades de Seguridad han asegurado que los gobiernos anteriores concedieron libertinaje a las pandillas y que el sistema penitenciario en el país estuvo sumergido en corrupción.  Fue en 2004 que en una medida de fachada de «disminuir la violencia en las cárceles» el gobierno de Antonio Saca segregó a las pandillas, los penales de Quezaltepeque y Ciudad Barrios estuvieron asignados para los de la Mara Salvatrucha; y los de Chalatenango y Cojutepeque, para los del Barrio 18.

En agosto de ese mismo año, el sistema carcelario vivió la peor masacre registrada en una cárcel salvadoreña, con un saldo de 32 muertos, entre pandilleros de la 18 y supuestos civiles. Dos semanas después ocurrió la segregación de las maras, una medida que, según expertos, permitió que estas se propagaran aún más y que, lo que evitaría violencia y masacres, generó incluso hacinamiento.

«Si no se separaban las pandillas, conservar la estabilidad era imposible… ¡imposible! La separación fue un instrumento indispensable para conservar el control de los centros penales», justificó en aquel entonces el exdirector de Centros Penales, Rodolfo Garay Pineda.

Sumado a que las pandillas tuvieran penales completos a su disposición, como sus centros de operaciones, cuando llegó el gobierno de Mauricio Funes, las maras recibieron aún más beneficios a través de la denominada «Tregua», y esto provocó que los grupos terroristas se fortalecieran más.

La Tregua, avalada por Funes y presentada como una «política de Estado» permitió que las pandillas se tomaran el control de las cárceles, así como en todo el país, varias comunidades, y se hicieran de negocios ilícitos, etcétera. «Esto permitió un crecimiento exponencial no solo en cantidad de miembros de pandillas, sino de ´clicas, canchas y programas´ [estructuras de maras enquistadas en colonias y comunidades]», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Funes como el ministro de Defensa de su gobierno, David Munguía Payés, fueron los principales promotores de la tregua entre criminales a la que falsamente otros, autonominados «mediadores», que ahora están presos, como Raúl Mijango [condenado en 2018 a 13 años por extorsión] denominaron como un «proceso de pacificación».

Las investigaciones fiscales sobre la tregua revelaron que fue ideada por el gobierno de Funes, supuestamente, para reducir la cifra de homicidios que para el 2012 superaba los 30 por día, a cambio, la administración de Funes mediante sus funcionarios de seguridad se encargarían de proporcionar todo tipo de privilegios a los mareros que iban desde organizarles fiestas con bailarinas y trabajadoras del sexo en las cárceles, la instalación de pantallas de televisión, ingreso de celulares, droga, hasta la colocación de cabinas telefónicas desde donde los mareros efectuaban más de 10,000 llamadas diarias, sin ningún tipo de control ni restricción, muchas de las cuales eran para extorsionar.

Por ejemplo, en septiembre de 2012, a petición de los pandilleros recluidos en el penal de Izalco, Sonsonate, fue organizada una fiesta en el recinto penitenciario la cual duró tres días, amenizada por un discomóvil y que tuvo como principal atracción el show de bailarinas desnudas. Videos filtrados en las redes sociales mostraron a cabecillas teniendo relaciones sexuales con ellas.

Además, en febrero de 2015, al interior del penal de San Francisco Gotera, Morazán, estaban instalados 40 televisores con pantalla plasma y consolas de videojuegos que fueron decomisados, así como 45 celulares y droga. Esto generó mucha crítica a las autoridades porque era claro el ingreso de ilícitos a las cárceles.

Bajo el lineamiento del Plan Control Territorial, plan de seguridad insignia del gobierno de Nayib Bukele se ha mantenido el orden, control y disciplina en los centros penitenciarios y con la llegada del régimen de excepción se reforzaron medidas. 

«Las cárceles ya no son los hoteles de las pandillas. Desde que ingresó el Gobierno del presidente Bukele el Estado tiene el control, orden y disciplina de los Centros Penales», aseguró el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza. 

Desde la actual administración, en las cárceles salvadoreñas no se registra ningún amotinamiento, ni ningún conato de violencia o riñas. Además, se han mejorado las instalaciones y se han tomado medidas de seguridad como bloquear en 100% cualquier comunicación de los reos con el exterior a través del uso de tecnología.  

Mientras que, para el año pasado, las medidas de seguridad en los penales se endurecieron por orden del presidente Bukele, quien ha asegurado que desarticularán a las pandillas que por muchos años dañaron a la población honrada. 

Tras una oleada de homicidios cometida durante un fin de semana el año pasado, el 27 de marzo por orden de Bukele se implementó el régimen de excepción. Para esa ocasión el mandatario envió un mensaje a las pandillas: «Mensaje a las pandillas: tenemos a 16,000 «homeboys» en nuestro poder. Aparte de los 1,000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya o ellos la van a pagar también», publicó el mandatario.

Desde entonces, los mareros están bajo un estricto control, que no les permite contactos con el exterior ni visitas familiares ni íntimas. Y recientemente, el Gobierno inauguró la cárcel más grande del continente, el Cecot, que está construido con estándares internacionales de calidad y seguridad que garantizan la limitación de comunicación con el exterior. Serán alojados 40,000 pandilleros para que pasen ahí las próximas décadas.