Nacionales
Gobierno continúa verificando el cumplimiento de medidas de bioseguridad en centros escolares
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele sigue velando por la salud de la comunidad educativa, en el inicio del año escolar 2021, inaugurado el pasado 31 de enero, a través del Ministerio de Educación y de Salud, que, día a día, garantizan el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los distintos centros escolares.
Este viernes, las autoridades de ambas carteras de Estado continuaron verificando las medidas sanitarias implementadas para prevenir contagios de COVID-19 dentro de las aulas. La ministra de Educación, Carla Hananía, y el viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, Carlos Alvarenga, llegaron al Centro Escolar General Ramón Belloso.
Los funcionarios constataron que se estén cumpliendo los protocolos preventivos en dicho centro escolar, así como la jornada de higienización que se llevó a cabo en las instalaciones para asegurar espacios libres de virus, bacterias y hongos en el lugar.
“Seguimos insistiendo que la modalidad de enseñanza es opcional, opcional significa que los padres de familia tienen la última palabra, deciden si sus hijos van o no. Si los padres deciden mandar a sus hijos a las escuelas, Salud y Educación estamos preparados para recibirlos con todas las medidas aplicando el protocolo ´La alegría de regresar a la escuela´”, manifestó la ministra de Educación.
La funcionaria recordó que dicho protocolo establece cuatro filtros escolares: la casa, el transporte escolar, el ingreso a las escuelas y en las aulas; además, señaló que los maestros tampoco pueden acudir a trabajar si presentan algún síntoma gripal, esto como medida preventiva ante posibles casos de COVID-19.
La ministra enfatizó que la educación sigue siendo multimodal y que están a disposición de todos los alumnos las distintas plataformas como la radio, televisión, Google Classroom y las guías impresas para garantizar la continuidad educativa.
En tanto, el viceministro de Salud remarcó que la educación es un tema muy valioso para el país, ya que es la base del desarrollo; añadió que “como Gobierno se le ha estado apostando a la salud y educación”. En años anteriores se vio a estas dos áreas solo como un gasto, mientras que en esta gestión hay una apuesta fuerte.
“Hay una cantidad de estrategias importantísimas, hoy tenemos una que hemos implementado muy fuertemente en los centros de salud y que, también, estamos utilizando en escuelas, que es el tema de higienización”, declaró Alvarenga.
El funcionario destacó que el Gobierno sigue avanzando, articuladamente, en la respuesta ante el COVID-19 y reiteró el llamado a la población a continuar colaborando en el combate de la pandemia.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
Etiquetas: condenaEstafafalsedad documentalSan salvador
