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Gobierno activó al puerto de La Unión para funcionamiento de ferri entre El Salvador y Costa Rica
El Gobierno, a través de la confianza que genera su gestión, sigue atrayendo inversiones que fomentan el desarrollo económico y generan beneficios logísticos en el país, como la puesta en marcha del ferri entre El Salvador y Costa Rica.
El CEO de Blue Wave Corporation, Michael Volks, destacó las excelentes condiciones en las que se encuentra el funcionamiento del puerto de La Unión, en el oriente del país, pese a haber estado en abandono durante varios años por las administraciones anteriores.
“Es una bella durmiente, no hubiéramos creído que iba a estar en tan buenas condiciones después de haber estado tanto tiempo sin operaciones, esto ha sido un muy buen trabajo que se ha hecho manteniendo las instalaciones en el estado que están y también un equipo sumamente capacitado”, destacó el CEO de Blue Wave Corporation.
Con el funcionamiento del ferri, los usuarios del servicio verán una reducción en los tiempos que emplean para el paso entre fronteras, lo que facilitará el dinamismo y desarrollo económico.
La embarcación, que operaba en Europa antes de traer sus operaciones a Centroamérica, que tiene una frecuencia de dos viajes por semana cuenta con una capacidad de 1,950 metros lineales, que se traducen a unos 100 furgones de entre 18 y 20 metros de largo, detalló el CEO de la compañía que opera este ferri, Michael Volks.
«No fue una decisión fácil, es una inversión bastante alta (…) Con las pláticas que tuvimos con los dos gobiernos (de El Salvador y Costa Rica), que garantizaron los flujos de la operación, tomamos la decisión”, afirmó el CEO de la compañía que opera el ferri.
Volks detalló que proyectan ampliar las operaciones en tres fases: incrementar la frecuencia de los viajes en la ruta actual, iniciar el transporte de turistas y, por último, comenzar la apertura de nuevas rutas.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
