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Fomento de la democracia y respeto a la separación de poderes los compromisos del Ministro de Trabajo ante la Alta comisionada de DD. HH. Michelle Bachelet.
El ministro de trabajo Rolando Castro es portador de un afectuoso saludo que la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas envía al presidente de la República Nayib Bukele, tras una histórica reunión en la sede de ONU en Ginebra Suiza, Verónica Michelle Bachelet Jeria, Castro catálogo de excelente el encuentro.
La reunión sirvió para construir un escenario en el que el ministro de trabajo Rolando Castro Externara el compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele de total respeto al estado constitucional de derecho y la separación de poderes “Ante la inquietud mostrada por la Alta Comisionada sobre la ex Sala de lo Constitucional y ex Fiscal. Aclaramos que la actuación de la actual Asamblea Legislativa fue totalmente apegada a derecho y que tubo a su base un análisis técnico jurídico” enfatizó el ministro Castro.
El titular de la cartera de trabajo hizo énfasis en que los magistrados y el fiscal destituidos cometieron acciones ilegales en materia de Derechos Humanos que violentaron la constitución y tratados internacionales como:
1- La negación de Justicia
2- La retardación de Justicia y
3- La aplicación selectiva de Justicia
Externo en su cuenta de twitter Rolando Castro.
Finalmente el ministro de trabajo planteo el anhelo de el presidente Nayib Bukele en poder tener en El Salvador justicia colectiva con la garantía del respeto a los DD HH, donde su aplicación sea igualitaria para gobernantes y gobernados, sin exclusión alguna puntualizó.
QUIEN ES VERONICA MICHELLE BACHELET JERIA ?
Verónica Michelle Bachelet Jeria, es una médica y política chilena. Bachelet ostentó la presidencia de Chile en dos periodos no consecutivos: entre el 11 de marzo de 2006 y el mismo día de 2010, siendo electa por segunda vez para el mandato comprendido entre el 11 de marzo de 2014 y la misma fecha de 2018. También fue la primera presidenta pro tempore de UNASUR, y la primera encargada de ONU Mujeres, agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género. Actualmente es Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ocupa el cargo honorífico de presidenta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño de la Organización Mundial de la Salud.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
