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Fiscal Melara se compromete en darle respuesta a las desapariciones forzadas; y a llevar ante la justicia a aquellos que financiaron o financien a pandillas
El Fiscal General de la República, Raúl Melara, se refirió a la premisa que hay personas que hayan o que estén financiando a las pandillas. Aseguró que será firme en la aplicación de la justicia en estos casos y contra las estructuras delictivas.
«Seguiré firme. El dolor causado por los grupos terroristas es grande. Ellos, como todos aquellos que los financian o hayan financiado, serán llevados ante la justicia», expresó Melara en alusión al actuar de las pandillas.
El comentario del fiscal hace referencia a una publicación realizada por el periódico The Washington Post, sobre las desapariciones a causa del actuar pandilleril en El Salvador; en el cual fue citado.
Melara se ha comprometido en darle respuesta a las desapariciones forzadas, ya que los datos indican que esta problemática supera los índices de homicidios.
“Este es un fenómeno (las desapariciones) que, en años anteriores, fue escondido. No querían que fuera visible. Pero todos los estamos presenciando”, explicó Melara a referido medio de comunicación.
El fiscal ha impulsado la creación de la Unidad Especializada de Desaparecidos, la cual tiene a disposición a siete fiscales y está liderada Guadalupe de Echeverría, quien ha estado a cargo de la unidad especializada antipandillas y delitos de homicidios.
Además, la unidad cuenta con un instructivo que detalla el actuar de las autoridades ante una denuncia de desaparición. «Ninguna familia merece estar viviendo el drama de tener un familiar desaparecido», dijo Melara en oportunidades anteriores.
En este sentido, el titular de la FGR también presentó en el mes de julio una pieza de correspondencia que busca reformar el Código Penal para tipificar como delito las desapariciones y aplicar fuertes condenas a los responsables.
Con esta iniciativa se pretende incorporar dos delitos: Desaparición forzada de personas y desaparición forzada de personas agravada, con penas de entre los 20 a 30 y de 20 a 45 años de prisión respectivamente. “Hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa a que se sume a este esfuerzo urgente”, exhortó Melara en ese momento.
Pese a que al momento de presentar dicha iniciativa, diputados de los diferentes grupos parlamentarios acuerparon a Melara, esta no ha llegado al Pleno.
En cuanto a las supuestas negociaciones con pandillas, un testigo con estatus de criteriado, con la clave “Noé”, aseguró que diferentes funcionarios y exfuncionarios de Arena y el Fmln que sostuvieron diferentes reuniones con miembros de la Mara Salvatrucha con diferentes propósitos.
Según el testigo, el Fmln entregó a la pandilla la cantidad de $156,500 por medio del exviceministro de Gobernación, Arístides Valencia, con la finalidad de aumentar la afluencia de votos en las elecciones presidenciales de 2014.
Por su parte el partido Arena entregó la suma de $69,000 con la misma finalidad en las elecciones municipales y legislativas del 2015.
«Noé» afirmó que Raúl Mijango fungía como intermediario entre las pandillas y los diferentes partidos políticos, que los grupos delictivos hacían «lo que él (Mijango) les ordenaba».
Información vía El Urbano.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
