Judicial
FISCAL MELARA – Pandillas, drogas, deudas y venganza, las principales causas del alto índice de personas desaparecidas
El fiscal general de la República, Raúl Melara, informó que las principales causas del alto índice de personas desaparecidas en El Salvador son las pandillas, problemas relacionados a las drogas, migración, entre otros.
Datos de las autoridades de seguridad revelan que en el país desaparecen un promedio de nueve personas al día, una cifra que en los últimos días es más alta que la tasa de homicidios diarios. Por tal razón, dijo Melara, que se debe atacar la problemática.
En varias ocasiones, el jefe del ministerio público ha dicho que la Fiscalía va a enfilar esfuerzos con el tema y por eso creó la Unidad Especializada para casos de personas desaparecidas.
“Estamos hablando de población bastante joven que está desapareciendo, hay que ver que está sucediendo, hemos dado casos que a veces son venganza, drogas, pandillas inclusive hasta por deudas, gente que se siente agobiada y que se va y cree que con eso se le acaba el problema y lo que realmente trae es otro”, indicó Melara en la entrevista matutina de Noticiero Hechos.
El Fiscal agregó que se debe poder diferenciar entre las personas que quieren migrar y los que están siendo víctimas de la criminalidad y es ahí donde entra la unidad especializada que se creó.
“Es importante que podamos trabajar con Policía, que sinceremos los números y que trabajamos de la mano con Medicina Legal, leí que Medicina Legal hizo un convenio con Cruz Roja Internacional para tener un software para identificar restos, esto es importante y ojalá lo podamos utilizar en conjunto con la Fiscalía y Policía para poder esclarecer este problema”, añadió.
Dentro de la problemática, dijo Melara, hay cuestiones que dar falsos números, por ejemplo una persona desaparece y la familia pone las denuncias en la Fiscalía y en la Policía, pero a los días aparece pero la familia no avisa a las autoridades y oficialmente queda como una persona desaparecida.
Agregó que la FGR y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha trabajado un protocolo de acción urgente en estos casos, para que las personas pongan las denuncias en las sedes fiscales y las autoridades tienen 72 horas para realizar las diligencias, porque en ese plazo hay más probabilidades de lograr ubicar al desaparecido.
“Si en el plazo de 72 horas no se logró saber de la persona, el caso para a la Unidad de Desaparecidos, que estará con el protocolo activado durante 30 días y es ahí donde se va a tratar de depurar los procesos y en el caso de que esto no sea así, ya pasará a hacer una investigación normal en las unidades pertinentes”, explicó Melara.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
