Nacionales
Exalcalde de San Salvador, José Antonio Morales Ehrlich, fallece a sus 85 años
José Antonio Morales Ehrlich, reconocido político salvadoreño proveniente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en la época del expresidente José Napoleón Duarte, falleció en la madrugada de hoy domingo 27 de junio de 2021, confirmó Aldo Álvarez, secretario general de comunicaciones de Cambio Democrático (CD).
En el partido CD, del cual formó parte durante sus últimos años, fungió como miembro de la Comisión Política del CD y anteriormente como secretario general. El último cargo que tuvo dentro del partido era como miembro del Consejo Nacional del CD.
Tenía 85 años y la muerte fue por causas naturales, aunque adolecía de una enfermedad coronaria, comentó Álvarez.
Por el momento, no se ha dado a conocer el nombre de la funeraria donde será velados los rectos del político.
Morales Ehrlich fue alcalde de San Salvador con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en dos periodos 1974 a 1976 y de 1985 a 1988.
En 1976 se postuló como vicepresidente del país, pero fue exiliado en Costa Rica donde ejerció como asesor de la municipalidad de San José.
En 1979 se integró como miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno de El Salvador. También fungió como ministro de Agricultura y Ganadería de 1987 a 1988.
De 1990 a 2001 fue secretario general del PDC y diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) de 1996 a 2001.
En su trayectoria, presidió entidades como el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures) y el Consejo Asesor de la Reforma Agraria- CARA (1986).
En agosto de 2013, fue nombrado como director suplente del Consejo Directivo de la Corporación Salvadoreña de Inversiones.
En 2015 participó como candidato del CD a diputado del Parlacen.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
