Judicial
Declaran empleados afectados por accionar de exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador recibió ayer, la declaración de ocho empleados municipales afectados por el accionar del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios de la comuna capitalina.
En calidad de víctimas expusieron los problemas financieros que han enfrentado ya que cayeron en mora con instituciones financieras donde tenían créditos. Además, fueron afectados por la falta de acceso a servicios médicos porque pese a que les retuvieron las cuotas del Seguro Social, los imputados no las pagaron, lo mismo ocurrió con las administradoras de pensiones.«Continuamos con el ofertorio probatorio consistente en testimonio de los empleados de la munici
palidad de San Salvador, pues al final ellos fueron los afectados en cuanto a los delitos de incumplimiento de deberes y retención de cuotas laborales», expresó una de las fiscales del caso.
En esta causa penal, Muyshondt, es procesado por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
Al exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González, lo acusan de apropiación y retención de cuotas laborales en perjuicio 41 trabajadores e incumplimiento de deberes.
El extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, es señalado de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes y Francisco José Rivera Chacón, es enjuiciado por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
La vista pública comenzó el 5 de diciembre de 2024, pero se ha desarrollado en varias jordanas, los cuatro acusados no han sido enjuiciados de forma continua.
Según la acusación los delitos fueron consumados entre el 2018 al 2021, período en el cual Muyshondt fungió como alcalde de la capital.
Con las pesquisas, el ministerio público detectó que hubo una retención por $5,492,588.48; de los cuales $5,217,443.14 con de cuotas laborales no pagadas y $275,145.34 es la cantidad de apropiación de las percepciones tributarias.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
