ENTREGA ESPECIAL
Guatemalteco relata trato de EEUU a deportados en medio de COVID-19: «Ni jabón nos llevaron»
Por Luis Brito y Haroldo Martínez
El ciudadano guatemalteco Marvin Canahuí ha vivido la pandemia de COVID-19 cautivo, primero en un colmado centro de detención para migrantes en Estados Unidos y después en su propio hogar en Guatemala tras su deportación.
El guatemalteco, de 38 años, es uno de los miles de migrantes que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha deportado a América Latina en medio de la pandemia, a pesar de que numerosos centros de custodia del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) de Estados Unidos han tenido brotes o cuando menos algún contagio.
«Ni jabón de manos para desinfectarse ni desinfectante nos llevaron nunca», dijo a Xinhua Marvin, en su casa en la aldea Santa Isabel, ubicada en una tropical zona del noreste guatemalteco, donde no había regresado desde hace 17 años que migró a Estados Unidos para trabajar.
Contó que en un centro del ICE se enteró por la televisión que la pandemia golpeaba al mundo, porque desde el 3 de enero de este año estuvo encerrado en distintas instalaciones, tras su arrestó en un autobús por ser indocumentado en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos.
Cuando el brote del virus aceleraba en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia a nivel global, Marvin estaba en un centro de detención en el estado estadounidense de Louisiana (sureste).
Dijo que él nunca observó que ahí se aplicaran medidas sanitarias básicas como distanciamiento o limpieza, salvo en las áreas de teléfonos o en el comedor.
Dormitorio, regaderas y baños los compartía con alrededor de 200 guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, algunos durmiendo en el piso sobre colchonetas, porque las literas estaban ocupadas por el constante ingreso de nuevos detenidos, según relató.
«Estaba repleto de gente, lleno totalmente, no cabía mas gente (…) llevaban y llevaban prisioneros, ahí estábamos totalmente apretados», describió.
Según el ICE, el centro correccional de Catahoula, Louisiana, donde Marvin dijo que pasó en abril las últimas semanas de su custodia, sumaba a la fecha 39 detenidos contagiados del virus, aunque cuando él preguntó a los oficiales le respondieron que no había ningún caso.
Antes de su deportación al país centroamericano, personal del centro le metió una paleta plástica a la boca que después guardó, sin explicarle si se trataba de una prueba para COVID-19, ni notificarle algún resultado.
Marvin describió su arresto, ocurrido cuando regresaba al estado de Carolina del Sur, tras pasar Navidad con un hermano en California, así como su detención por más de tres meses en centros de Texas, Nuevo México y Louisiana, como una experiencia humillante que lo hizo sentirse como basura.
Desde 2003, cuando cruzó la frontera de México con Estados Unidos por el estado de Arizona, el guatemalteco trabajó en la remodelación de casas en California, Nueva York, Massachussets y Carolina del Sur sin involucrarse en problemas, pero luego de su detención lo trasladaban esposado de pies y manos como un criminal.
A mediados de abril, le entregaron la ropa que vestía cuando fue arrestado, por lo que Marvin se alegró de que sería deportado a su país de origen, ya que anhelaba libertad debido a su encierro y al trato en algunos casos notoriamente racista de oficiales, según dijo.
Cuando el vuelo del ICE aterrizó en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala procedente de Estados Unidos, el 14 de abril pasado, Marvin y los otros deportados fueron confinados en un albergue cercano a la terminal, donde permaneció dos semanas.
Para esas fechas, varias decenas de deportados habían dado positivo al nuevo coronavirus, por lo que el gobierno de Guatemala lidiaba con Washington para que examinara a los repatriados antes de subirlos a los aviones y después suspendió temporalmente los vuelos.
Guatemala, cuyo gobierno ha señalado que posé un débil sistema de salud frente al COVID-19, registraba hasta el momento más de 1.300 casos con 29 decesos, en que según datos recogidos por la prensa local, 102 contagios correspondían a deportados por Estados Unidos.
En Colombia, Haití, Jamaica y México también se han reportado deportados contagiados, por lo que Médicos Sin Fronteras pidió a Estados Unidos el pasado 4 mayo suspender las devoluciones, al advertir que podrían exacerbar la crisis en países de la región con sistemas de salud frágiles.
Previamente, el director de la organización médico humanitaria para México y Centroamérica, Loïc Jaeger, calificó de «política criminal» que en medio de la pandemia se realizaran deportaciones sin revisión previa.
El Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, siglas en inglés), con sede en Washington, concluyó igualmente en un análisis, que el gobierno de Trump exportaba el coronavirus a la región con los vuelos del ICE y las deportaciones terrestres a México desde centros con brotes.
De acuerdo con cifras del ICE, sumaban 943 detenidos contagiados en 45 centros y se habían realizado un total de 1.788 pruebas, pese a que la población en todas las instalaciones era de 29.675 personas a finales de abril anterior.
Marvin pudo dejar el albergue, tras dos semanas en que dio negativo a igual número de pruebas a COVID-19 aplicadas por autoridades guatemaltecas, aunque le ordenaron seguir 14 días en cuarentena en su casa en Santa Isabel, en el departamento de Petén, cerca de la frontera con Belice.
Cuando llegó al hogar donde se crío, a siete horas en automóvil de la capital guatemalteca, su madre, Mónica, una mujer de 78 años casi ciega por diabetes, lo abrazó y lloraron juntos, ya que habían pasado 17 años de no verse.
Pero vecinos de la pequeña comunidad, que vive del ganado y del cultivo de frutas tropicales, temían verlo en la calle, incluso, hasta un amigo de su infancia le negó un abrazo, pese a que Marvin le aseguró que estaba sano.
El municipio de San Luis, donde está Santa Isabel, registraba solamente el contagio de un policía que contrajo el virus en otra localidad, pero la población está temerosa y le asusta la llegada de personas, según explicó a Xinhua la directora del centro de salud local, Elvia Watters.
«Espero que no tengamos que llegar a la situación de otros países, porque no sé como nos iría si eso sucede», expresó la médica.
Después de 130 días encerrado desde su arresto, Marvin pudo caminar por el poblado que prácticamente redescubrió tras dejarlo de joven, lejos de las bulliciosas ciudades estadounidenses donde remodelaba y pintaba casas.
Dijo que aunque está libre de COVID-19, entiende el riesgo de que otros deportados puedan causar contagios en pequeñas comunidades como la suya, porque vivió las condiciones de los centros del ICE, pese a que esa agencia asegure tomar medidas.
Para Marvin, el comportamiento del gobierno de Trump con las riesgosas deportaciones durante la pandemia es una «maldad», por lo que dirigió un mensaje al presidente estadounidense: «Arrepiéntase, Trump, arrepiéntase».
En medio de los escombros y la tragedia en Cali, una historia de esperanza conmovió a la comunidad luego de que Bomberos de Cali rescataran con vida a un perrito que permaneció atrapado durante más de 24 horas.
De acuerdo con el relato, al sentir la presencia de los rescatistas, el animal comenzó a ladrar repetidamente, como si intentara alertarlos de que se encontraba bajo los escombros y necesitaba ayuda.
Los equipos de rescate, junto con miembros de la comunidad, trabajaron para llegar hasta el lugar donde permanecía atrapado y finalmente lograron sacarlo con vida y ponerlo a salvo.
La mirada del perrito, marcada por el miedo, pero también por la esperanza, se convirtió en uno de los momentos que recuerdan que, en medio de una tragedia, cada vida importa.
El animal permaneció más de 24 horas entre los escombros antes de volver a estar a salvo y recibir nuevamente el contacto de las personas que participaron en su rescate.
ENTREGA ESPECIAL
De fuente protegida de El Faro a capturado: cae “Little Man”, pandillero que acusó a Bukele de pactos con la 18
Remberto Ismael Colindres Rajo apareció en una investigación periodística haciendo graves señalamientos sobre supuestos acuerdos políticos con pandillas. Más de un año después, fue localizado en México y trasladado nuevamente a El Salvador. Su captura ha reabierto una polémica que ahora también alcanza al papel de los periodistas que lo entrevistaron.
La historia de Remberto Ismael Colindres Rajo, alias “Little Man”, dio un giro que difícilmente pasará inadvertido en la discusión política salvadoreña. El hombre que en 2025 apareció como una de las fuentes utilizadas para sostener explosivas acusaciones sobre supuestos pactos entre políticos y la Pandilla 18 fue localizado en México y terminó nuevamente bajo custodia de las autoridades salvadoreñas.
El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó que Colindres Rajo, de 37 años, se encontraba entre cinco salvadoreños entregados por autoridades mexicanas en la frontera de El Carmen, San Marcos. La institución guatemalteca los identificó como presuntos integrantes de estructuras de pandillas y posteriormente los trasladó hacia la frontera con El Salvador. En el caso de “Little Man”, Guatemala indicó que registra antecedentes por agrupaciones ilícitas y extorsión agravada en grado de tentativa.
Pero el nombre de Colindres Rajo ya había trascendido mucho antes de esta operación.
En 2025, “Little Man” apareció como fuente en una investigación difundida por El Faro y N+ Univision sobre presuntos acuerdos entre dirigentes políticos y miembros de la Pandilla 18. En aquel trabajo, el pandillero sostuvo que la estructura criminal había utilizado su control territorial para presionar a comunidades y conseguir respaldo electoral para Nayib Bukele durante su ascenso político.
Su testimonio fue particularmente polémico. “Little Man” afirmó que desde la estructura se giraban instrucciones para obligar a familiares y habitantes de comunidades controladas por la pandilla a votar por Bukele bajo amenazas. También aseguró que durante determinados períodos existió un entendimiento para reducir enfrentamientos y que Carlos Marroquín, funcionario vinculado a la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, habría tenido contacto con integrantes de la organización. Bukele negó públicamente aquellas acusaciones.
El personaje utilizado como fuente tampoco fue presentado por los propios reportajes como un ciudadano ajeno a las estructuras criminales. Publicaciones de la época describieron a “Little Man”, también identificado con el alias “Tasmania”, como un integrante con peso dentro del Barrio 18 y señalaron que su rostro y ubicación no serían revelados durante la publicación del material.
Ese detalle cobra una dimensión distinta después de su captura.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aprovechó la detención para atacar directamente al medio que entrevistó al pandillero. El funcionario lo describió como uno de los sujetos a los que El Faro habría dado espacio en sus investigaciones y fue todavía más lejos: afirmó que periodistas involucrados en el reportaje supuestamente ofrecieron gestionar para Colindres Rajo asilo y tranquilidad en México a cambio de su participación.
Precisamente ahí aparece la nueva controversia.
Una cosa es que un periodista proteja la identidad o ubicación de una fuente —una práctica utilizada habitualmente cuando revelar esa información puede poner en peligro a quien proporciona datos— y otra muy distinta sería colaborar activamente para que una persona requerida por la justicia escape de las autoridades. La primera pertenece al terreno de la protección de fuentes; la segunda, de comprobarse, plantearía cuestionamientos de naturaleza completamente diferente. Por ahora, la acusación pública del ministro no permite confundir ambas situaciones.
La captura también coloca bajo una nueva lupa las declaraciones que “Little Man” realizó en 2025. Haber sido detenido o poseer antecedentes no demuestra por sí solo que aquello que declaró fuera falso; del mismo modo, que haya participado como fuente tampoco convierte automáticamente sus afirmaciones en hechos comprobados. Su testimonio debía ser —y continúa debiendo ser— evaluado frente a documentos, otras fuentes y evidencias independientes.
El caso resulta todavía más explosivo porque El Faro ha publicado durante años investigaciones sobre supuestas negociaciones entre distintos gobiernos salvadoreños y estructuras criminales. En 2021, por ejemplo, el medio publicó información basada en documentos de una investigación de la Fiscalía denominada “Catedral”, en la que se señalaban reuniones entre funcionarios y representantes de las principales pandillas dentro de centros penitenciarios.
Ahora, sin embargo, uno de los hombres que apareció contando desde adentro su versión sobre esos supuestos entendimientos ya no está oculto ni fuera del alcance de las autoridades salvadoreñas.
“Little Man” pasó de fuente protegida a detenido.
Y con su regreso a El Salvador se abre una interrogante que probablemente continuará alimentando el enfrentamiento entre el Gobierno y uno de sus medios más críticos: ¿la captura servirá únicamente para procesar al presunto pandillero por los delitos que las autoridades le atribuyen, o también permitirá comprobar —o desmontar— algunas de las acusaciones que durante meses colocaron su testimonio en el centro de la tormenta política?
Por ahora hay una certeza: el hombre cuya identidad y ubicación fueron protegidas mientras hacía acusaciones capaces de sacudir al poder político salvadoreño ya está en manos de ese mismo Estado.
ENTREGA ESPECIAL
Ella es Cinthya, una joven que venció el cáncer gracias al apoyo de la fundación donde era voluntaria
Hasta hace unos meses, Cinthya García dedicaba parte de su tiempo a acompañar y orientar a personas con cáncer como voluntaria de la Fundación Edificando Vidas. A sus 24 años, la residente de Soyapango y estudiante de Relaciones Públicas y Marketing conocía de cerca las historias de quienes enfrentaban la enfermedad, pero nunca imaginó que ella también recibiría ese diagnóstico.
«Me diagnosticaron cáncer de ovarios germinal. Este es un cáncer más que todo hormonal. Cuando recibí el diagnóstico fue tan de la nada, nunca me imaginé que me iban a decir eso», relató Cinthya.
La joven recordó que el primer síntoma que notó fue un inesperado brote de acné. Posteriormente, el tratamiento que recibió para esa condición le provocó gastritis, por lo que acudió a otros especialistas. Tras varias consultas y exámenes, fue diagnosticada con cáncer de ovarios germinal.
«Cuando recibí la noticia de que yo tenía cáncer fue un golpe realmente muy fuerte», expresó.
Cinthya señaló que inicialmente dudó en someterse a la cirugía y al tratamiento. Sin embargo, aseguró que encontró el apoyo necesario en la misma fundación donde colaboraba como voluntaria.
«Al principio pensé en no hacerlo, pero gracias a Marcella Carrillo, fundadora de Edificando Vidas, pude tener valor de someterme al tratamiento. Cuando me operaron, el cáncer ya estaba en etapa dos», contó.
La joven afirmó que el proceso no fue fácil, ya que recibió quimioterapia y experimentó el agotamiento físico y emocional que anteriormente había escuchado describir a otros pacientes. Además, indicó que uno de los momentos más difíciles fue aceptar la caída del cabello.
«Aprendí a tener más seguridad conmigo misma porque como mujer es un choque muy impactante que te digan que se te va a caer el pelo. Marcella siempre estuvo guiándome y diciéndome que el cabello no me define», manifestó.
La Fundación Edificando Vidas brinda atención integral a pacientes con todo tipo de cáncer y desarrolla iniciativas orientadas a promover la detección temprana, así como el acompañamiento durante el proceso de diagnóstico y tratamiento.
Entre los servicios que ofrece se encuentra una clínica especializada en diagnóstico temprano de cáncer. Además, proporciona apoyo emocional a pacientes y sus familias, ofrece apoyo espiritual e impulsa una clínica móvil de tamizaje y educación sobre el cáncer, la cual se desplaza a comunidades rurales y de difícil acceso para realizar pruebas de detección temprana y jornadas de sensibilización.
Con información de Diario El Salvador.
