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Defensoría del Consumidor garantizara reembolsos de graduandos de la Universidad Tecnológica de El Salvador
La Defensoría del Consumidor informó esta tarde de viernes que ha activado los procedimientos legales contra la Universidad Tecnológica de El Salvador para defender los derechos de los estudiantes graduandos que han reclamado la devolución de los montos pagados en concepto de gastos de graduación.
Según explicó la institución en un boletín, dicha problemática se originó luego que los graduandos de los ciclos I y II 2020 solicitaran la reversión de los pagos, en el ejercicio de su derecho a ser protegidos de cobros por servicios no prestados debido a que la ceremonia de graduación no pudo realizarse producto de la pandemia del COVID-19.
Con el fin de compensar y obtener la reversión de lo pagado, la Defensoría del Consumidor requirió este miércoles al centro de estudios superiores que informe el desglose del arancel de derechos de graduación, el listado de graduandos que cancelaron dicho arancel y los mecanismos y las medidas administrativas de carácter económico y financiero que se han proporcionado al colectivo de graduandos.
La Defensoría también fijó a la Universidad Tecnológica de El Salvador, un plazo de diez días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, que se realizó ayer, para que entregue la información.
Las autoridades recordaron que todos los proveedores de bienes y servicios tienen la obligación de proporcionar a esta entidad la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, y que la obstaculización a la misma es causal de infracción muy grave, que puede ser sancionada con multa hasta de 500 salarios mínimos mensuales en la industria, de conformidad con la Ley de Protección al Consumidor (art. 44, literal f).
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
