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Criminólogo Fuentes: «La población tiene más confianza para denunciar la presencia de pandilleros»
«En El Salvador, a principios de la década de los noventa existían pandillas de tipo barrial, sin mayor incidencia en la sociedad, pues eran grupos de jóvenes sin supervisión adulta. Sin embargo, durante los 30 años de gobiernos de los dos partidos mayoritarios del pasado, estas pandillas desarrollaron sus actividades económicas ilícitas, pues la identidad y la conexión de estos pandilleros pasaron de la defensa del barrio a un interés económico», aseguró durante nuestra entrevista El Salvador Today; Daniel López Fuentes, historiador y criminólogo, quien agregó que «el abandono de los gobiernos de turno permitió dejarles la territorialidad a los pandilleros, quienes crearon zozobra e inseguridad nacional».
Recordemos que a mediados de la década de los noventa, El Salvador recién había firmado los Acuerdos de Paz y terminado 12 años de conflicto armado; en dichos acuerdos se solicitaba eliminar los antiguos cuerpos de seguridad, estipulando que en lugar de esos que estaban bajo la administración del Ministerio de la Defensa Nacional se crearía el Ministerio de Seguridad Pública, y con ello un nuevo cuerpo policial: la PNC, la cual se fundó en 1993 bajo un vacío de autoridad en el sistema de seguridad nacional, pues se creó sin capacidad de ejercer las funciones de seguridad pública al no tener las herramientas humanas, tecnológicas y administrativas para operar. Es decir, antes de consolidarla se destruyó toda la experiencia en manejo territorial que tenía el Estado, valorando más los aspectos políticos que los aspectos técnicos.
«Tal fue el abandono de los gobiernos anteriores que, a mediados de la década del 2000, la mutación de las pandillas pasó de lo local a lo trasnacional. Así, la idea de barrio fue entendida como el conjunto de miembros que integran la pandilla, quienes se identificaban con sus propios símbolos, ideología y rituales», indica Fuentes.
Cabe señalar que por los gobiernos de la década del 2010, estas pandillas trataron de influir en la política nacional, legitimándolo a través de asesinatos de pandilleros y gente civil (quienes eran víctimas indefensas por no tener un Estado que los protegiera), instaurando el terror como parte del control que ejercían gracias a treguas, pactos y la negligencia estatal de los gobiernos anteriores.
Además, las pandillas fueron el resultado de frágiles estructuras familiares debido a la migración ilegal, falta de escuelas, insuficiente presencia de instituciones estatales (policial y médica), limitadas oportunidades sociales y económicas por la corrupción y más de 30 años de un tejido social desarticulado y desmembrado por la inoperancia de los gobiernos de esa época.
Para Fuentes, favorablemente, en esta década del 2020 en el Gobierno del presidente Nayib Bukele se construye una nueva historia. «La población salvadoreña pueda vivir en una verdadera paz y justicia social a través de la guerra contra las pandillas y el Plan Control Territorial, procurando el desarrollo nacional», destacó.
Por otra parte, hizo énfasis a que la denuncia ciudadana ha comenzado a ser trascendente para combatir a las pandillas, ya que la población muestra más confianza en las autoridades de seguridad.
«La confianza recuperada radica en que ahora la población observa que denunciar da resultado, ya que es información que las autoridades utilizan para capturar a los delincuentes inmediatamente», indica. «
La población ya no tiene miedo de denunciar, porque ahora se hace efectiva la acusación», señala.
Transmisión:
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 16 años de prisión a Kevin Alexander Ochoa Cornejo, miembro de la MS13, por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante de San Salvador.
De acuerdo con las investigaciones, Ochoa Cornejo, junto a otros pandilleros, extorsionaba a empresarios y comerciantes de la calle Concepción, en el centro de San Salvador.
Según el expediente fiscal, a una de las víctimas le exigieron el pago mensual de $100 en concepto de extorsión, bajo la amenaza de atentar contra su vida, la de sus empleados o la de su familia si no cumplía con la exigencia.
El comerciante manifestó que no disponía del dinero al momento en que se lo solicitaron. Ante ello, los pandilleros accedieron a otorgarle más días de plazo, pero incrementaron la cantidad exigida a $200.
Las investigaciones determinaron que el 20 de junio de 2022 Ochoa Cornejo acudió al lugar acordado para cobrar los $200 producto de la extorsión.
La víctima decidió interponer la denuncia, lo que permitió la captura del imputado y su posterior sometimiento a un proceso judicial que concluyó con una condena de 16 años de prisión.
El equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de El Salvador participó este viernes en el rescate de una persona en el edificio Bahía Mar, ubicado en el estado de La Guaira, Venezuela, una de las zonas más afectadas por los dos terremotos registrados el pasado miércoles.
Desde tempranas horas, los rescatistas salvadoreños se desplazaron hacia la urbanización Caribe y el edificio Bahía Mar para apoyar las labores de búsqueda y rescate en una de las áreas más impactadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela.
La misión humanitaria cuenta además con el apoyo de la unidad canina, entre cuyos integrantes se encuentra el perro Rambo, con amplia experiencia en la localización y rescate de víctimas en escenarios de terremotos.
El líder de la misión humanitaria El Salvador-Venezuela, Roberto Giovanni Cortez, destacó la preparación del personal desplegado. «Todo el personal tiene la capacidad y la experiencia para la búsqueda y rescate urbano, en contextos de estructuras colapsadas como el que estamos viviendo en el panorama aquí en Venezuela», expresó.
En un acto de solidaridad, el presidente Nayib Bukele informó sobre el envío de 300 rescatistas y 150 toneladas de equipos, medicamentos y alimentos para apoyar al pueblo venezolano. La ayuda humanitaria ha sido trasladada a ese país mediante seis aviones.
Hasta las últimas horas, las autoridades de Venezuela reportan un saldo de 586 víctimas mortales a causa de los terremotos, más de 2,900 personas heridas y miles de desaparecidos.
