«En El Salvador, a principios de la década de los noventa existían pandillas de tipo barrial, sin mayor incidencia en la sociedad, pues eran grupos de jóvenes sin supervisión adulta. Sin embargo, durante los 30 años de gobiernos de los dos partidos mayoritarios del pasado, estas pandillas desarrollaron sus actividades económicas ilícitas, pues la identidad y la conexión de estos pandilleros pasaron de la defensa del barrio a un interés económico», aseguró durante nuestra entrevista El Salvador Today; Daniel López Fuentes, historiador y criminólogo, quien agregó que «el abandono de los gobiernos de turno permitió dejarles la territorialidad a los pandilleros, quienes crearon zozobra e inseguridad nacional».

Recordemos que a mediados de la década de los noventa, El Salvador recién había firmado los Acuerdos de Paz y terminado 12 años de conflicto armado; en dichos acuerdos se solicitaba eliminar los antiguos cuerpos de seguridad, estipulando que en lugar de esos que estaban bajo la administración del Ministerio de la Defensa Nacional se crearía el Ministerio de Seguridad Pública, y con ello un nuevo cuerpo policial: la PNC, la cual se fundó en 1993 bajo un vacío de autoridad en el sistema de seguridad nacional, pues se creó sin capacidad de ejercer las funciones de seguridad pública al no tener las herramientas humanas, tecnológicas y administrativas para operar. Es decir, antes de consolidarla se destruyó toda la experiencia en manejo territorial que tenía el Estado, valorando más los aspectos políticos que los aspectos técnicos.

«Tal fue el abandono de los gobiernos anteriores que, a mediados de la década del 2000, la mutación de las pandillas pasó de lo local a lo trasnacional. Así, la idea de barrio fue entendida como el conjunto de miembros que integran la pandilla, quienes se identificaban con sus propios símbolos, ideología y rituales», indica Fuentes.

Cabe señalar que por los gobiernos de la década del 2010, estas pandillas trataron de influir en la política nacional, legitimándolo a través de asesinatos de pandilleros y gente civil (quienes eran víctimas indefensas por no tener un Estado que los protegiera), instaurando el terror como parte del control que ejercían gracias a treguas, pactos y la negligencia estatal de los gobiernos anteriores.

Además, las pandillas fueron el resultado de frágiles estructuras familiares debido a la migración ilegal, falta de escuelas, insuficiente presencia de instituciones estatales (policial y médica), limitadas oportunidades sociales y económicas por la corrupción y más de 30 años de un tejido social desarticulado y desmembrado por la inoperancia de los gobiernos de esa época.

Para Fuentes, favorablemente, en esta década del 2020 en el Gobierno del presidente Nayib Bukele se construye una nueva historia. «La población salvadoreña pueda vivir en una verdadera paz y justicia social a través de la guerra contra las pandillas y el Plan Control Territorial, procurando el desarrollo nacional», destacó.

Por otra parte, hizo énfasis a que la denuncia ciudadana ha comenzado a ser trascendente para combatir a las pandillas, ya que la población muestra más confianza en las autoridades de seguridad.

«La confianza recuperada radica en que ahora la población observa que denunciar da resultado, ya que es información que las autoridades utilizan para capturar a los delincuentes inmediatamente», indica. «

La población ya no tiene miedo de denunciar, porque ahora se hace efectiva la acusación», señala.

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