El Presidente de la República, Nayib Bukele, continúa su visita de Estado en Costa Rica; en su segunda jornada visitó el Centro Penitenciario La Reforma, donde dio a conocer la experiencia de El Salvador en materia de seguridad y la puesta en marcha del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

El mandatario salvadoreño presentó, en conferencia de prensa, su valoración en cuanto a la visita del centro penitenciario costarricense; además, dio a conocer la experiencia salvadoreña con la aplicación del Plan Control Territorial, el régimen de excepción y el control de las cárceles de todo el país, estrategias que se aplicaron desde el año 2019.

“Si en algo podemos ayudar, es que el sistema penitenciario debe reformarse, el sistema penal debe ser controlado completamente por el gobierno. El sistema penal decide si es inocente o culpable, eso así es en todos lados, pero ya una vez declarado culpable y en cumplimiento de esa pena, debe ser el gobierno quien la administra”, comentó Bukele.

Asimismo, explicó que el control de las cárceles es vital, ya que, en El Salvador, incluso antes que iniciara la guerra contra pandillas en el 2022, ya en el 2019 se tenía el control en los centros penales del país.

“Las cárceles no pueden ser los cuarteles generales del crimen, tienen que ser los lugares que se resguardan a esos elementos de la sociedad que se deben sacar (…), las cárceles deben ser construidas pensando en todo esto, que nadie se va a escapar, cómo se va a controlar, cómo van a entrar y salir, cuáles son los anillos de seguridad, debe de tener una forma amplia de contratación para hacer las cosas bien y que salga en un presupuesto pequeño”, añadió el jefe de Estado.

En su intervención, el Presidente Bukele dio a conocer la experiencia realizada con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que es considerada la más grande de Latinoamérica y es exclusiva para miembros directos de las estructuras criminales: pandilleros, palabreros, corredores de clicas, corredores de programas y sillas.

Entre las primeras impresiones, el Presidente Bukele enfatizó en la importancia de hacer menos permisivo el sistema penitenciario y deben de trabajar más pensando en los derechos de quienes están afuera y el derecho de un país de tener seguridad. Luego de esta visita de Estado, el Gobierno salvadoreño entregará un informe con observaciones, que dispondrá del gobierno costarricense, como parte de una estrategia de intercambios bilaterales.

El ministro de Obras Públicas y Transporte30, Romeo Rodríguez, informó que en los últimos días de la próxima semana activarán las cámaras del sistema de fotomultas en el bulevar Monseñor Romero. El funcionario explicó que esta semana harán la prueba final de las cámaras previo a activarlas.

Los equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y del Viceministerio de Transporte (VMT) se encontraban ayer en el bulevar Monseñor Romero, en el perímetro donde están las cámaras para ajustar y calibrar los equipos. Las cámaras se encuentran en el sentido hacia San Salvador, a unos metros antes del desvío hacia el redondel Naciones Unidas, en Antiguo Cuscatlán.

Antes de llegar a las cámaras, el MOP ha señalizado la calle con la velocidad permitida, que son 90 km/h, por lo que, si algún conductor supera esa velocidad, será multado, pues las cámaras registrarán el número de la placa del vehículo del infractor.

«Esta semana haremos las últimas pruebas internas de los corredores de fotomultas. Queremos hacer las últimas revisiones y una vez terminemos vamos a empezar con este sistema», informó Rodríguez.

El segundo lugar en el que se habilitarán las cámaras será en la autopista a Comalapa, las cuales funcionarán de la misma forma. El tercer lugar está en la carretera al puerto de La Libertad.

Por otra parte, Romeo Rodríguez informó que en enero de 2025 pondrán en marcha la renovación del sistema de movilidad urbano, ya que instalarán los sistemas de conexión entre las unidades del transporte colectivo e incorporarán 1,500 buses chinos en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

«Hay alternativas de financiamiento por parte de India y Francia, pero estamos explorando los tiempos en los cuales se tienen aprobaciones», informó Rodríguez.

El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas y su grupo familiar, se enriquecieron ilícitamente y deberán reintegrar al Estado $202,557.51, así resolvió la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.

En la demanda promovida por fiscales de la Unidad Anticorrupción habían solicitado que Chicas, junto a su esposa Blanca Steffany Ayala, la excónyuge Ana Lucía Ramírez y su hijo Carlos Ernesto Chicas González, fueran condenados a pagar $282,494.21.

El ministerio público pretendía que el exfuncionario fuera condenado a regresar $252,306.13 producto de 15 irregularidades, pero su abogado Abel Chavarría, manifestó que en la audiencia probatoria varias inconsistencias fueron desestimadas, por lo que deberá devolver más de $173,705.57.

Según el apoderado de Chicas, los fondos cuestionados son lícitos y acudirán con una apelación ante la Sala de lo Civil ya que la Cámara no tomó en cuenta la pericia de los demandados y las declaraciones de propia parte, es decir el testimonio rendido por Chicas.

La esposa de Chicas, Blanca Stefany Ayala Martínez fue condenada a devolver $11,282, su hijo, Carlos Ernesto Chicas González, $1,080.44 y su exesposa Ana Lucía Ramírez Ayala, $16,489.50.

Al final de la audiencia los demandados lograron desestimar $79,936.07. En el caso de Chicas, evitó reintegrar $49,784.62 y su exesposa fue exonerada de devolver $1,336.14.

En el fallo, las magistradas aplicaron el artículo 21 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, la cual menciona que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un lapso de diez años.

Así mismo hicieron valer el artículo 20 que ordena a un exfuncionario restituir al Estado el dinero con el cual se enriqueció ilícitamente, esa disposición dice que «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente».

Eugenio Chicas, según lo detallan los fiscales en la demanda, también fue secretario de comunicaciones del expresidente Salvador Sánchez Cerén entre el 2015 al 2018, diputado por el FMLN en la Asamblea Legislativa en los períodos 1994-1997 y 1997-2000 y del Parlamento Centroamericano.