Judicial
Audiencia preliminar contra empleados del secretario general del PCN acusados de asesinar a Ramón Kury
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador desarrollará el próximo lunes, la audiencia preliminar contra 3 empleados de la Asamblea Legislativa acusados de asesinar a Ramón Kury, dirigente del Partido de Concertación Nacional (PCN).
Kury fue asesinado la noche del 26 de abril de 2018 en la sede de su partido, en la colonia Las Mercedes, a las inmediaciones de la colonia San Francisco en San Salvador.
Según versiones de fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el ataque armado contra Kury, de 66 años de edad, fue perpetrado en el parqueo de la sede del partido.
Curiosamente el caso no fue resuelto por el exfiscal general Douglas Meléndez Ruiz. Y fue hasta en marzo de 2019, un año después, que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República de Raúl Melara coordinaron nueve allanamientos, uno en la casa del secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, pues los acusados eran sus escoltas.
En los pasillos de los juzgados, se mencionó que el exfiscal Meléndez Ruiz recibió mucho dinero para dejar el caso engavetado, y de igual forma vincularon al actual presidente de la Asamblea Legislativa, el pecenista Mario Ponce, y al secretario general Rodríguez.
Uno de los acusados, Remberto Delgado, reveló a los medios de comunicación que efectivamente Meléndez Ruiz recibió grandes cantidades de dinero para no investigar. “Pregúntenle al exfiscal general Douglas Meléndez, ¿Cuánto le dio José Luis Merino para que no lo investigara? Sé día y hora, y casa donde se reunieron”, expresó Remberto Delgado.
El entonces director de la PNC, Howard Cotto confirmó la captura de tres personas por el homicidio de Kury, ellos son Óscar Remberto Delgado Martínez, propietario del arma con que fue asesinado Kury, y quien conducía la camioneta donde huyeron los hechores, el día del homicidio; también al hermano de este Samuel Elías Delgado Navas, quien daba vigilancia.
Cotto destacó que ambos hermanos eran agentes de la Unidad de Protección a Personalidades Importantes (PPI) asignados al secretario general del PCN, Manuel Rodríguez.
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Juzgado ordena cárcel para acusada de extorsionar con $10,000 a comerciante del mercado central de San Salvador
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, ordenó que Sabrina M. acusada de extorsionar con $10,000 a un comerciante del centro de San Salvador siga en prisión.
La Fiscalía General de la República al presentar la acusación formal por el delito de extorsión agravada solicitó que se le decretara la detención provisional mientras el proceso sigue su trámite a la siguiente fase que será diligenciada por el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.
En el expediente iniciado el ministerio público establece que el 7 de febrero de 2023 en horas de la mañana, la imputada llegó a comprar a un negocio ubicado cerca del mercado central de la capital.
Luego de realizar la compra la procesada regresó al establecimiento para exigirle a la encargada $10,000 en concepto de extorsión, le manifestó que si no entregaba la cantidad iba atentar en contra de uno de sus familiares.
Como la víctima no disponía de ese dinero, la imputada le manifestó que regresara el siguiente día y que le iba a permitir que le entregara por lo menos $1,000, pero la comerciante solo pudo darle $50.
La acusada de extorsión le dijo que entonces iba regresar el siguiente día para que le pagara el resto del dinero, pero la víctima decidió acudir ante las autoridades a denunciar el hecho y tras una coordinación la Policía Nacional Civil detuvo de forma infraganti a la imputada.
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Penas de hasta 90 años de prisión recibieron 14 miembros de la Pandilla 18 y colaboradores de esa estructura del Puerto de La Libertad, remanentes del caso Tsunami, una operación que la Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil (PNC) realizaron en el año 2015.
Fiscales de la oficina La Libertad Sur con sede en Zaragoza probaron al Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador que los imputados participaron en una serie de delitos graves.
Los miembros de la estructura fueron acusados de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado en dos víctimas.
Se trata de un caso cuya investigación comenzó en el año 2015 en contra de miembros de la Pandilla 18 del municipio del Puerto de La Libertad, quienes además de asesinar, estuvieron extorsionando y traficando drogas y armas.
Oscar Geovanny Alvarado, alias el «Pelón del Jute», fue condenado a 90 años de cárcel, por cuatro casos de homicidio y uno de proposición y conspiración.
También fueron condenados David Alexander Cisneros Sánchez, quien pasará 40 años en prisión; Óscar Alexander Quezada Tejada a 35 años, Luis Antonio Díaz Valladares a 30 años, Carlos Mauricio Arias Hernández, José Carlos Rodríguez Vásquez, José Alex Melara García y Julio César Campos García a 20 años, Julio César Aguilar, Mario Antonio Murillo Durán, Edwin Antonio Durán, Franklin Adonay Gómez Bonilla, Raúl Ernesto Méndez Ordoñez y Luis Antonio Gómez Alberto a 5 años.
Inicialmente el caso fue promovido contra 149 imputados, pero en la etapa procesal más de la mitad fueron separados del expediente por varias causas, algunos no fueron trasladados desde los penales y otros eran prófugos.
En la Operación Tsunami, fue detenido el exalcalde del Puerto de La Libertad, Carlos Farabundo Molina, pero fue exonerado de homicidio, la Fiscalía lo acusó de haber pagada a pandilleros para que asesinaran a una mujer.
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En el juicio en contra de los 16 acusados el ministerio público presentó la declaración del testigo criteriado clave «Drongo» quien contó los hechos delictivos cometidos entre los años 2003 al 2015.
La jueza de la causa impuso condenas de cinco, 20, 30, 40 y 90, la pena menor fue por agrupaciones ilícitas ya que por ser un caso con delitos cometidos entre el 2003 y 2015, no podía aplicarse las penas que establecer el artículo 345 reformado el año pasado y que ordena sanciones de 20 y 45 años por agrupaciones ilícitas.
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Más de una treintena de pandilleros de la MS-13 acusados de extorsionar a comerciantes y empresarios del transporte público y privado en la ciudad de San Miguel y municipios aledaños recibió condenas de hasta 214 años de prisión durante la vista pública celebrada en el Juzgado Especializado de Sentencia de la cabecera departamental.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2003 y 2013, la estructura exigió a 10 víctimas la entrega de $500 a $1,025 semanales a cambio de no atentar en contra de sus vidas o de las de sus familiares.
La representación fiscal señaló a Óscar Armando Pereira Vigil, alias el Comando, como el fundador y primer cabecilla de la estructura, y era quien se encargaba de ordenar las extorsiones desde el centro penal de Ciudad Barrios, siempre en San Miguel.
El tribunal impuso a Pereira una pena de 200 años de prisión por 10 casos de extorsión agravada y otros 14 años por agrupaciones ilícitas.
Además, Ismael Alfredo Flores Hernández, alias Liro Man, identificado como segundo cabecilla de la estructura, fue sentenciado a 134 años de cárcel por seis casos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En tanto, los terroristas René Medrano Liévano y Francisco Álvarez Guzmán fueron sentenciados a 174 años de prisión, mientras que José Alexánder Ramírez y Mauricio Adonay Campos García recibieron una sentencia de 154 años de cárcel, todos por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Otros cuatro sujetos recibieron una sentencia de 134 años.
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