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Arrestan a cinco sujetos presuntamente responsables de asesinar a un empleado de la PNC y otras personas
Autoridades policiales informaron sobre la captura de, al menos, 5 sujetos durante las últimas horas en el departamento de San Miguel.
Estos serían quienes habrían quitado la vida de diferentes personas en la zona oriental, entre las víctimas se encuentra un empleado de la Policía Nacional Civil (PNC).
Uno de los detenidos fue identificado como Hugo Francisco Moreno Chávez, de 23 años.
Según las investigaciones, el detenido se encuentra implicado un hecho contra un administrativo de la PNC en San Miguel, hecho ocurrido el pasado 20 de octubre de 2017 en Cantón el Sitio.
Además, posee una orden de captura por quitar la vida de Óscar Armando Chávez, caso se registrado el pasado 8 de febrero de 2018 en la calle principal de colonia América de Cantón Jalacatal.
La detención de Moreno Chávez se realizó en caserío El Salitre de Cantón El Sitio en San Miguel.
Mientras tanto, “con orden de registro con prevención de allanamiento se procedió a la detención administrativa de David Alfredo González Lovo, de 21 años”, sostiene un informe.
Dicho sujeto es acusado de acabar con la vida de Óscar Armando Chávez Parada, hecho registrado el pasado 8 de febrero.
Otros detenidos son : Henry Guadalupe Romero Ruiz, Marlon Orfilio Moreira, Edwin Ezequiel Velásquez, Fredy Orlando Polio, Bryan Dagoberto Bermúdez y Luis Armando Cuadra Girón.
Se informó, además, que el personal de investigaciones procedió a la intimación de seis sujetos acusados de los mismos hechos. Ellos se encuentran en distintos centros penales del país.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
