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ANDA y Educación garantizan la calidad del agua en 1,123 centros escolares
Este día el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán, culminó la primera fase de verificación de la calidad del agua potable que reciben 1 mil 123 centros educativos.
Junto con la ministra de Educación, Carla Hanania de Varela, visitaron el Complejo Educativo Japón, en Mejicanos, para concluir la primera fase de inspecciones sanitarias.
“Más de 1,100 escuelas que hemos hecho inspectorías, de Oriente a Occidente, incluyeron varias actividades desde monitorear el cloro residual, desde una inspección a una cisterna”, expresó el presidente.
Alemán manifestó que las inspecciones sanitarias en centros escolares contribuyen al cumplimiento de las medidas de higiene entre estudiantes y docentes, principalmente, luego de la reapertura por pandemia de Covid-19.
“El agua es vida y por esa razón hemos hecho un hito, algo histórico que nunca se había hecho y es recorrer más de 1,100 escuelas”, manifestó el presidente de ANDA.
Por su parte, la ministra expresó que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha ejecutado un plan integral para garantizar que las escuelas puedan cumplir las medidas de bioseguridad como el lavado de manos”.
En audiencia única abierta realizada por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, la Fiscalía General de la República solicito 60 años de prisión para Carlos Javier Vásquez Amaya, máximo cabecilla de la estructura Saicos Locos Salvatruchos que delinquía en tres distritos del municipio Cuscatlán Sur.
Vásquez Amaya, era corredor de esa célula territorial que se desprende del denominado programa Cabañas de la Mara Salvatrucha, tenía bajo su mando a 65 pandilleros considerados «homeboys» para quienes el ministerio público solicitó en los alegatos finales que sean sentenciados a 40 años de cárcel.
El ministerio público ha pedido que se les aplique la reformada Ley contra el Crimen Organizado que ordena a los jueces condenar hasta con 60 años a los cabecillas y financistas de las pandillas y penas de 30 y 40 años a los miembros activos.
Los 66 terroristas enfrentaron la audiencia única por agrupaciones ilícitas, la normativa salvadoreña establece que ese delito aplica a quienes sean parte de una pandilla.
Durante una semana la Fiscalía incorporó prueba documental, testimonial y pericial. Un testigo con régimen de protección tras llegar a rendir su declaración confirmó la función y rol que desempañaba cada uno de los mareros para ejecutar hechos delictivos.
Para acreditar la pertenencia a la Mara Salvatrucha, el fiscal del caso dijo que se ofreció análisis de interpretación de tatuajes, que vincula a los imputados a la Mara Salvatrucha.
En las pesquisas que policías y fiscales efectuaron quedó acreditado que los enjuiciados estuvieron delinquiendo en los distritos de San Rafael Cedros, El Carmen y El Rosario, municipio de Cuscatlán Sur.
Todos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en el marco del régimen de excepción vigente en El Salvador, desde el 27 de marzo de 2022.
Durante un patrullaje de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil fue capturado Edson Vladimir Méndez Cubías, de 30 años, quien llevaba consigo 47 porciones de cocaína.
De acuerdo a la versión policial en la red social X, el sujeto fue intervenido en el cantón Dolores Apulo, Ilopango, San Salvador Este.
La corporación detalla que el sujeto fue abordado «al notarlo con apariencia sospechosa» y durante el registro se le encontraron «las porciones de cocaína en una bolsa trasera del short».
La PNC indicó que esta acción fue ejecutada dentro del Plan Control Territorial y el ahora detenido será remitido por el delito de posesión y tenencia de droga.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, condenó a seis años de cárcel a Kevin Stanley Bonilla Sánchez por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
El vendedor de droga fue arrestado la noche del 18 de enero de 2025 en el parqueo de un centro comercial localizado en Lourdes, Colón, municipio La Libertad Oeste.
El imputado fue ubicado por miembros de la Fuerza Armada, quienes al verlo de forma sospechosa lo abordaron y al regístrarlo le hallaron 26 gramos de marihuana, con un precio de $98.
En el fallo emitido por el tribunal se estableció que además de los gramos de droga incautados, en el teléfono celular confiscado, le hallaron audios, imágenes y mensajes que evidenciaron su participación en la venta de estupefacientes.
La obtención de esos elementos de prueba se logró mediante un vaciado de información, esa pericia complementó la acusación por el decomiso de la droga.
Al final el tribunal resolvió que las pruebas testimoniales y digitales eran suficientes para emitir un fallo condenatorio para el vendedor de droga capturado cometiendo el delito.
