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Análisis contable en caso «Saqueo Público», revela que Mauricio Funes se apropió de $351,035,400.49.
En la audiencia preliminar del caso conocido como «Saqueo Público» un análisis contable elaborado por un experto revela que Mauricio Funes en su mandato presidencial utilizó el mecanismo de refuerzos presupuestarios para apropiarse de $351,035,400.49.
El estudio denominado «Auditoría Forense Pericial Financiera Contable de Gestión Administrativa y Funcional» dice que según los registros del Ministerio Hacienda, durante el período comprendido del 1 de junio de 2009 al 1 de junio de 2014, el presupuesto para la partida de Gastos Reservados que la Asamblea Legislativa aprobó para la Presidencia de la República fue de $80,818,285.
Pero Funes ideó un complejo plan para que vía refuerzos presupuestarios se le incrementara los fondos para la referida partida conocida como «Rubro 54315 Gastos Reservados».
De esa manera el expresidente prófugo con asilo político en Nicaragua y siete órdenes de captura, pidió $270,217,115.49 más para apropiárselos y los orientó como gastos reservados con el fin de utilizarlos a su discreción y no ser auditados por la Corte de Cuentas de la República.
La pericia deja al descubierto que desde el comienzo de su mandato Mauricio Funes solicitó los refuerzos presupuestarios mediante notas al Ministerio de Hacienda, aumentándosele de esa manera en el 2009 $26,234,527, el monto inicial asignado para gastos reservados para ese período fue de $5,772,200, por lo que en su primer año de gobierno se apropió de $32,006,727.04.
Para el 2010, el exmandatario duplicó la cantidad de dinero y gracias a ese refuerzo presupuestario Hacienda le aprobó $59,992,373.69, para ese año el presupuesto para el rubro «54315» era de $8,941,285, al final Mauricio Funes se quedó con $68,933,658.69.
Durante ese quinquenio, ese año se convirtió en el segundo con más dinero apropiado, ya que el 2013 fue cuando más fondos del Estado fueron a parar a cuentas personales del expresidente, familiares y su círculo, en concepto de refuerzo presupuestario le fueron asignados $60,465,931.38 y como el presupuesto inicial fue de $21,205,270, para ese período el monto total sustraído mediante ese mecanismo fue de $81,671,201.38.
En el año 2010, específicamente el 25 de agosto de 2010, la Sala de lo Constitucional en una sentencia declaró ilegal ese mecanismo de traslado de fondos públicos disfrazado en «refuerzo presupuestario», pero Mauricio Funes pasó sobre ese sentencia y la erogación de dinero siguió hasta que culminó su mandato en el año 2014.
Mauricio Funes creo ese mecanismo nuevo e irregular para obviar la sentencia de la Sala de lo Constitucional y creó en Casa Presidencial unidades de gastos imprevistos y otras instituciones estatales, de esa forma el Consejo de Ministros a solicitud del entonces secretario de la Presidencia, Francisco Cáceres, autorizaban los traslados de los fondos para dichos gastos imprevistos de Capres, sin justificación alguna.
Antes de que el secretario privado entrara a autorizar el traslado de fondos, quien se encargaba de ese trámite era el secretario técnico de la Presidencia, pero Mauricio Funes modificó el acuerdo para que esa responsabilidad cayera en una persona de su total confianza como lo era Francisco Cáceres.
Al final de los cinco años, el incremento en refuerzo presupuestario que Mauricio Funes tuvo para gastos reservados, disfrazados así para apropiárselos o despilfarrar, fue del 76.9%.
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) detectó que ese mecanismo llevó a utilizar varias modalidades de lavado de dinero consistentes en la utilización del sistema financiero, la compra de vehículos propios y ajenos, compra de inmuebles por medio de testaferros, alquiler de inmuebles para sus amigos y funcionarios de gobierno. Varios de los funcionarios de su gobierno recibieron sobresueldos y bonos al final de la gestión, entre ellos, la exministra de medio ambiente Lina Pohl, el exministro del MOP, Gerson Martínez y el exministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, todos procesados por la fiscalía y prófugos.
Además, la auditoría detalla que se pagaron viajes de placer a por lo menos 20 países del mundo; entre los años 2009 y 2014, Funes y su más cercano círculo hicieron 369 viajes turísticos gastándose más de $4.5 millones.
Hubo además entrega de dinero a terceros, compra de armas de fuego por medio de prestanombres, pago de atenciones en hospital para parientes y para otro tipo de personas cercanas a sus funcionarios, compra de artículos de lujo, simulación de contratos, pago de construcciones y remodelaciones inmobiliarias, transferencias de dinero sin justificación legal a personas naturales y jurídicas, pago de impuestos a terceros y manejo en efectivo, solo Funes [según Fiscalía], habría lavado$10 millones.
Viajaron con fondos públicos
$56,076.14
El grupo familiar de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, conocida como la «Michy», compañera de vida de Mauricio Funes, hizo 31 viajes a seis países.
$602,501.75
Funes y Vanda Pignato, hicieron 166 viajes a seis países, entre ellos Brasil donde viajaron 76 veces y a Estados Unidos, 39 ocasiones.
$102,984.39
El hijo del expresidente de la República, Diego Funes Cañas y acompañantes, se gastaron más de $102,000 en 63 viajes a ocho países, entre ellos Panamá, Alemania y Holanda, por turismo.
$147,898.29
El exsecretario privado de la Presidencia Francisco José Cáceres Zaldaña y su familia viajaron 67 veces con fondos públicos a 12 países, a Estados Unidos lo hicieron en 45 ocasiones y cinco a Brasil.
Algunas propiedades compradas con fondos del Estado
-Latin América Spa, es un negocio que según la Fiscalía nació con fondos ilícitos a nombre de Ada Mitchell Guzmán, quien se desempeñó como gerente con un salario mensual de $10,000.
-«Juguetón» era una residencia que el expresidente prófugo denominó así y estaba ubicada frente a la cancha Gambeta, bulevar Los Próceres. El exmandatario la compró con fondos públicos, pero la puso a nombre de Merpinsa-Mecafé que fue utilizada como testaferro.
-La Finca Colombia es una propiedad de 90 manzanas, en Quezaltepeque, carretera al desvío de San Juan Opico y fue comprada por Miguel Menéndez Avelar quien sirvió de testaferro, en el sector mandaron a construir un retorno para facilitar el acceso y salida del inmueble.
-En la Calle Circunvalación, de Antiguo Cuscatlán, Mauricio Funes compró una residencia a un político con fondos públicos para que viviera Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.
Los refuerzos presupuestarios fueron la llave para la apropiación de fondos públicos
Por: DES.
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Experto migratorio mantiene esperanza: “Puede haber renovación del TPS si Bukele logra un acuerdo con Trump”
A menos de un mes del vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, programado para el 9 de septiembre de 2026, el experto migratorio y director de SOS Inmigración, Reynaldo Alvergue, expresó que todavía existe posibilidad de una renovación. En declaraciones recientes, el especialista subrayó que todo depende de gestiones diplomáticas de alto nivel y que, mientras no exista un anuncio oficial del gobierno estadounidense, no se puede dar por terminado el beneficio.
Tres citas clave de Reynaldo Alvergue
- Sobre la posibilidad de renovación “La verdad que sí yo tengo esperanzas que sí pueda suceder una renovación. Como es una orden ejecutiva, dependerá mucho en estos 30 días que faltan, casi 60, que el presidente de El Salvador (Nayib Bukele) lograra un acuerdo o convenciera o cambiara de opinión al presidente Trump”.
- Sobre la necesidad de esperar el anuncio oficial “Yo sí tengo fe, tengo fe que algo podría pasar en estos días, pero hay que esperar hasta que esté el anuncio oficial, mientras no haya anuncio oficial, pues, no podemos dictaminar qué hacer con los salvadoreños”.
- Sobre el fallo judicial de inicios de agosto “Porque como todavía no hay un anuncio oficial, solo nada más que el juez dijo que autorizaba que el gobierno continuara con la cancelación. Canceló la oportunidad que los permisos siguieran vigentes”.
Alvergue también recomendó a los beneficiarios buscar asesoría legal especializada para explorar otras vías de ajuste de estatus mientras se aclara el panorama.
Contexto y situación actual del TPS
El TPS para El Salvador fue designado el 9 de marzo de 2001, tras los terremotos de enero y febrero de ese año. La última prórroga, aprobada en enero de 2025, extendió la vigencia hasta el 9 de septiembre de 2026. Se estima que unas 170.000 personas se encuentran amparadas bajo este estatus, muchas de ellas con más de 25 años residiendo y trabajando en Estados Unidos.
Según datos de organizaciones como FWD.us y la National TPS Alliance, estos trabajadores aportan aproximadamente 5.400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de 1.500 millones en impuestos federales, estatales y locales. Sectores como construcción, transporte, manufactura y servicios de alimentación concentran una parte importante de esta fuerza laboral.
En las últimas semanas se han producido dos hechos relevantes:
- El 5 de agosto de 2026, un juez federal de Massachusetts resolvió que el gobierno podía aplicar el límite de un año a los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) de beneficiarios de TPS de El Salvador, Ucrania y Sudán. Esto eliminó la protección temporal que mantenía vigentes ciertos permisos de trabajo.
- El 12 de agosto de 2026, USCIS informó que los beneficiarios elegibles de TPS de El Salvador que tienen una solicitud de renovación de EAD pendiente (códigos A-12 o C-19) recibirán una extensión automática de su autorización de empleo hasta el 9 de septiembre de 2026, fecha en que finaliza la designación actual. Las notificaciones se envían por correo y electrónicamente a quienes tienen cuenta myUSCIS. Esta medida no prorroga el TPS propiamente dicho, sino que garantiza continuidad laboral hasta el vencimiento programado.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido el anuncio oficial de extensión o terminación. La ley exige una decisión al menos 60 días antes del vencimiento; ese plazo ya se superó, lo que genera incertidumbre jurídica.
¿Qué sigue?
La decisión final sigue en manos del Ejecutivo estadounidense. Mientras tanto, Alvergue y otros especialistas coinciden en que los beneficiarios deben mantenerse informados a través de canales oficiales (USCIS) y consultar con abogados de inmigración sobre posibles opciones de ajuste de estatus, peticiones familiares u otras vías legales.
La comunidad salvadoreña en Estados Unidos y las autoridades del país continúan atentas a cualquier gestación diplomática que pueda influir en el desenlace de uno de los programas migratorios más antiguos y significativos para la diáspora.
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Autoridades capturan a hombre acusado de asesinar a su pareja con arma blanca en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó esta mañana la captura de Jairo Humberto Alfaro Gutiérrez, de 37 años, acusado de asesinar a su pareja en el municipio de San Salvador Centro.
Según el informe policial, el hombre habría asesinado a la mujer después de una discusión, mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. El crimen fue cometido con un arma blanca.
Tras cometer el asesinato, Alfaro Gutiérrez huyó del lugar, pero posteriormente fue capturado en Sonsonate.
De acuerdo con la Policía, el detenido será remitido a los tribunales para que responda por el delito de homicidio agravado, por el cual podría enfrentar cadena perpetua.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Oswaldo Alcides Reyes, de 28 años de edad, quien tenía dos órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio.
De acuerdo con la institución, Reyes fue ubicado en el barrio El Calvario, de Santa Rosa de Lima, La Unión Norte, gracias a una alerta generada por el sistema ONI.
La PNC señaló que este sistema permite detectar a personas requeridas por la justicia y evitar que evadan los procesos correspondientes.
El detenido será puesto a la orden de las instancias requeridas, según informó la institución policial.
