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Abogado de caso Saca: «Douglas Meléndez coaccionó a defensores de Tony Saca, abriéndoles casos falsos con escuchas telefónicas ilegales»
Con casos falsos y escuchas telefónicas ilegales; de esa manera el abogado defensor del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y otros colegas fueron objetivo de persecución por parte del exfiscal general de la República, Douglas Meléndez.
“Los abogados que estuvimos en este caso fuimos objeto persecuciones, de intervenciones ilegales telefónicas. Incluso hubo varios abogados que prefirieron su tranquilidad debido a tanto comentario, porque nos veíamos amenazados como que fueran actos ilícitos realizar ciertas defensas”, comentó Machado en una entrevista televisiva.
El abogado Machado no dudó en señalar al extitular del ministerio público de ejercer presiones incluso en el Juzgado de Instrucción, que ventiló la causa del exmandatario.
“En el tribunal donde se llevó a cabo esta instrucción básicamente era una sucursal donde todo lo que la fiscalía pedía, así se hacía y así fallaba”, recalcó el abogado. El defensor del exmandatario enfatizó que el caso de su cliente pidió diligencias las cuales nunca fuero
realizadas.
“Dentro de mis peticiones lógicas, yo adjunté un listado en el tribunal de todos los destinatarios de cheques de este proceso. Bastaría que revisaran todos los rubros, que fue lo que se pidió, que se estableciera cuáles eran fondos lícitos o ilícitos, que se verificará el pago de los cheques o su legalidad o no, pero no se hizo, porque era una diligencia encaminada al beneficio de la objetivos y la verdad”, explicó Machado.
El defensor además recalcó que los exfuncionarios del Ejecutivo que recibieron sobresueldos, con negocios “son los que se dan golpes de pecho y critican al expresidente Saca. Esa cantidad que fue entregada en sobresueldo está siendo señalada como que él se benefició de ese sobresueldo”, apuntó.
Machado también expuso que cuando estaba instalada la vista pública, llegaron los fiscales del caso a ejercer una nueva medida de presión. “Llegaron los fiscales Mario Huezo y Jorge Cortez, jefe de Unidad Financiera, y nos reunieron al grupo de defensores de Saca, Elmer Chalaix, César Funes y otros dos que tenían cargos de gerente: ‘dice el fiscal general que si no renuncian a la prueba de la responsabilidad civil no hay acuerdo”, explicó.
“Hicimos un balance y como nos habíamos preparado para el procedimiento abreviado, pero nos llegó a extorsionar, al pedirnos que renunciáramos a la prueba civil. La amenaza era las penalidad en abstracto que podía gozar un juicio de esa naturaleza. Por $280 millones o $20 millones la penalidades podían ser las más altas”, subrayó Machado, quien calificó un golpe a traición la petición fiscal de pedir que se renunciara a la
prueba civil.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.
La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.
Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.
Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.
El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.
El uso correcto del sistema de retención infantil (SRI) reduce el riesgo de muerte y de lesiones graves en niños, ya que en el caso de un accidente protege zonas vulnerables, especialmente la cabeza, el cuello y la columna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los traumatismos por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes a escala mundial.
En ese sentido, la directora del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, destacó que los SRI reducen hasta un 71 % el riesgo de muerte. Asimismo, el Gobierno salvadoreño ha sumado esfuerzos para impulsar una estrategia nacional de seguridad vial infantil para reducir los índices de siniestralidad.
«Actualmente nos encontramos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial [2021–2030], el cual busca reducir la siniestralidad vial y la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a la mitad. Medidas como usar el cinturón de seguridad, la utilización de cascos certificados y de los sistemas de retención infantil están encaminadas a ayudarnos a llegar a esa reducción», dijo Guzmán.
Desde el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fonat se ejecutan medidas preventivas para garantizar la seguridad vial de los niños. Entre estas destacan capacitaciones sobre el uso de las SRI, la conformación de comités de seguridad vial en centros escolares y la intervención de conductores y peatones sobre la movilidad segura en las calles y carreteras. Asimismo, trabajan en la toma de conciencia sobre la importancia de usar correctamente estos sistemas en el vehículo.
A partir de diciembre de 2025, en El Salvador usar el SRI es obligatorio. Como pasajeros de vehículos, los menores de 12 años no podrán viajar en el asiento delantero, mientras que los niños menores de cinco años deben ser trasladados en un SRI de acuerdo con su peso y estatura.
El incumplimiento de esta normativa se considera una falta muy grave y se sancionará con una multa de $150. Para garantizar la seguridad de los menores de edad, el Fonat recomienda no poner en marcha el vehículo antes de que todos los ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad y los niños estén colocados en el SRI.
De igual manera, ningún ocupante puede tomar bebidas calientes en el carro, ya que podría lesionar a los niños en un choque o un frenado brusco.
«Los sistemas de retención infantil no deben utilizarse si ya han sido parte de un siniestro vial o si alguna de sus piezas ha caducado; vea la fecha de vencimiento en la parte de atrás», indicó el Fonat
