Con casos falsos y escuchas telefónicas ilegales; de esa manera el abogado defensor del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y otros colegas fueron objetivo de persecución por parte del exfiscal general de la República, Douglas Meléndez.

“Los abogados que estuvimos en este caso fuimos objeto persecuciones, de intervenciones ilegales telefónicas. Incluso hubo varios abogados que prefirieron su tranquilidad debido a tanto comentario, porque nos veíamos amenazados como que fueran actos ilícitos realizar ciertas defensas”, comentó Machado en una entrevista televisiva.

El abogado Machado no dudó en señalar al extitular del ministerio público de ejercer presiones incluso en el Juzgado de Instrucción, que ventiló la causa del exmandatario.

“En el tribunal donde se llevó a cabo esta instrucción básicamente era una sucursal donde todo lo que la fiscalía pedía, así se hacía y así fallaba”, recalcó el abogado. El defensor del exmandatario enfatizó que el caso de su cliente pidió diligencias las cuales nunca fuero
realizadas.

“Dentro de mis peticiones lógicas, yo adjunté un listado en el tribunal de todos los destinatarios de cheques de este proceso. Bastaría que revisaran todos los rubros, que fue lo que se pidió, que se estableciera cuáles eran fondos lícitos o ilícitos, que se verificará el pago de los cheques o su legalidad o no, pero no se hizo, porque era una diligencia encaminada al beneficio de la objetivos y la verdad”, explicó Machado.

El defensor además recalcó que los exfuncionarios del Ejecutivo que recibieron sobresueldos, con negocios “son los que se dan golpes de pecho y critican al expresidente Saca. Esa cantidad que fue entregada en sobresueldo está siendo señalada como que él se benefició de ese sobresueldo”, apuntó.

Machado también expuso que cuando estaba instalada la vista pública, llegaron los fiscales del caso a ejercer una nueva medida de presión. “Llegaron los fiscales Mario Huezo y Jorge Cortez, jefe de Unidad Financiera, y nos reunieron al grupo de defensores de Saca, Elmer Chalaix, César Funes y otros dos que tenían cargos de gerente: ‘dice el fiscal general que si no renuncian a la prueba de la responsabilidad civil no hay acuerdo”, explicó.

“Hicimos un balance y como nos habíamos preparado para el procedimiento abreviado, pero nos llegó a extorsionar, al pedirnos que renunciáramos a la prueba civil. La amenaza era las penalidad en abstracto que podía gozar un juicio de esa naturaleza. Por $280 millones o $20 millones la penalidades podían ser las más altas”, subrayó Machado, quien calificó un golpe a traición la petición fiscal de pedir que se renunciara a la
prueba civil.