Judicial
13 imputados capturados en “Operación Cuscatlán” quedan detenidos por lavado de dinero
La jueza Especializada de Instrucción “A”, de San Salvador, decretó la detención para 13 imputados involucrados por delito de organizaciones terroristas y por el de lavado de dinero proveniente de extorsiones, luego de haber sido capturados bajo la “Operación Cuscatlán”.
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía General de la República (FGR), la fase de instrucción durará cinco meses.
La madrugada del 15 de febrero, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron el megaoperativo con el fin de dar un golpe a la economía que poseían grupos criminales, por lo que 27 miembros de estas fueron capturados, aunque se estima que son unos 500 los involucrados.
Entre los detenidos Óscar Walter Ramos Rivera, alias “Serrucho”, un criminal que recibió facilidades de la alcaldía de Ilopango para instalar diversos negocios en el turicentro Apulo. El ministro de Justicia, Mauricio Ramírez, advirtió que las investigaciones podrían llegar a empleados municipales.
De acuerdo al director general de la PNC, Howard Cotto, con esta operación hubo un total de 418 intimaciones en el penal de Izalco (Sonsonate) y en el de Zacatecoluca (La Paz).
Además, hubo 53 carros incautados, y 10 propiedades serán sustraídas a los grupos criminales, gracias a las labores realizadas por los miembros de la Unidad Táctica Especializada Policía (UTEP). Luego del operativo, la Unidad de Extinción de Dominio de la FGR procedió a inmovilizar los bienes de algunos sospechosos.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI
