Judicial
13 imputados capturados en “Operación Cuscatlán” quedan detenidos por lavado de dinero
La jueza Especializada de Instrucción “A”, de San Salvador, decretó la detención para 13 imputados involucrados por delito de organizaciones terroristas y por el de lavado de dinero proveniente de extorsiones, luego de haber sido capturados bajo la “Operación Cuscatlán”.
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía General de la República (FGR), la fase de instrucción durará cinco meses.
La madrugada del 15 de febrero, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron el megaoperativo con el fin de dar un golpe a la economía que poseían grupos criminales, por lo que 27 miembros de estas fueron capturados, aunque se estima que son unos 500 los involucrados.
Entre los detenidos Óscar Walter Ramos Rivera, alias “Serrucho”, un criminal que recibió facilidades de la alcaldía de Ilopango para instalar diversos negocios en el turicentro Apulo. El ministro de Justicia, Mauricio Ramírez, advirtió que las investigaciones podrían llegar a empleados municipales.
De acuerdo al director general de la PNC, Howard Cotto, con esta operación hubo un total de 418 intimaciones en el penal de Izalco (Sonsonate) y en el de Zacatecoluca (La Paz).
Además, hubo 53 carros incautados, y 10 propiedades serán sustraídas a los grupos criminales, gracias a las labores realizadas por los miembros de la Unidad Táctica Especializada Policía (UTEP). Luego del operativo, la Unidad de Extinción de Dominio de la FGR procedió a inmovilizar los bienes de algunos sospechosos.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
