El actual gobierno se ha trazado la misión de erigir dos prisiones que aporten a la lucha contra las peligrosas pandillas.

Uno de los dos primeros penales de alta seguridad que se construirán en Guatemala está previsto que sea edificado en un plazo menor a un año y entregado durante 2026, según declaraciones del presidente Bernardo Arévalo. Para lograr tal objetivo se ha destinado que sea el Cuerpo de Ingenieros del Ejército el encargado de su construcción. Esto ayudaría a que se entregue en un plazo más corto que si se somete a una licitación.

La primera prisión será edificada en Izabal (al nororiente del país). Se estima que la obra tenga una inversión de 1 mil 400 millones de quetzales, aproximadamente 182 millones de dólares estadounidenses. Su financiación estaba prevista en el Presupuesto General de la Nación 2026, pero debido a la suspensión provisional de la Corte de Constitucionalidad, al admitir diversos amparos por vicios formales en su aprobación, Arévalo comunicó que someterán a una ampliación el presupuesto actual.

La segunda cárcel estará en Masagua, y se hará por licitación, con fecha prevista de ejecución en 2027 y financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La división especializada de las Fuerzas Armadas de Guatemala trabaja en la revisión de planos, con la asesoría de expertos en prisiones del gobierno de Estados Unidos, informó el mandatario.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala tiene dos batallones: de Ingenieros de Construcción (BIC) y de Ingenieros de Combate (Zapadores). Entra las actividades que realizan están: mantenimiento vial, topografía, construcción, apoyo logístico, manejo de explosivos, instalación de puentes de emergencia, demolición de material pétreo y de pistas clandestinas.

El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Sáenz, ha asegurado que la división cuenta con el equipo humano y maquinaria necesaria para materializar este recinto penitenciario. En abril pasado, Prensa Libre publicó que Defensa autorizó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército un presupuesto de 147 millones 940 mil quetzales, unos 18 millones de dólares estadounidenses, en la adquisición de: 24 camiones de volteo, 16 pick-ups, 12 excavadoras, 12 retroexcavadoras, 12 motoniveladoras, 12 compactadoras, y 12 camiones cisterna, entre otros.

Una explosión en un laboratorio de cocaína dejó nueve muertos y ocho heridos en el Pacífico colombiano, en una zona cercana a la frontera con Ecuador, informó el gobierno regional.

Según las primeras investigaciones, un cilindro de gas explotó mientras cocinaban la droga en el territorio indígena awá, a unos 60 km del municipio de Tumaco, departamento de Nariño (suroeste), zona de producción de cocaína y con fuerte presencia de grupos armados ilegales.

El laboratorio artesanal «no es legal», «pero siempre se deben respetar los derechos humanos y a la vida», dijo Fredy Andrés Gámez, secretario del gobierno regional de Nariño.

Los sobrevivientes presentan severas quemaduras.

Las víctimas trabajaban para una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que no se acogió al Acuerdo de Paz de 2016 y que dialoga con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

«Por fallas humanas y al manipular unos cilindros de gas (…) el lugar se incendió en cuestión de segundos», escribió el grupo ilegal en un comunicado.

El departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, ha sido por décadas crucial en la producción de coca y en el tráfico de la droga hacia Estados Unidos.

Allí los grupos dedicados al narcotráfico ejercen un fuerte control con el apoyo de los carteles mexicanos.

«¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?», reclamó este viernes el presidente Petro desde Tumaco, en un discurso contra los cultivos ilícitos.

El presidente de Ecuador, el conservador Daniel Noboa, inició el miércoles una guerra comercial con Colombia con un arancel del 30% tras acusar al gobierno de Petro de no hacer suficiente contra el narcotráfico en la frontera común.

Petro aplicó la misma tarifa al país vecino y defendió su lucha contra los grupos ilegales.

Tras un año de acusaciones similares por parte de Estados Unidos, el presidente colombiano viajará a Washington y se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 3 de febrero para hablar sobre cómo combatir al narcotráfico conjuntamente.

Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.

Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.

De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.

La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.

Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.

Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.

En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.

No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.

Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.

“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.

Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.

Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.