Internacionales
Trump es declarado culpable en juicio penal en plena campaña presidencial
El histórico primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos terminó con Trump, de 77 años, declarado culpable de los primeros 34 cargos por falsificación de documentos contables para ocultar un pago destinado a silenciar a la exactriz porno Stormy Daniels.
Trump calificó de inmediato de «vergüenza» el veredicto de culpabilidad y es casi seguro que apelará la decisión.
El fallo pone a Estados Unidos en un territorio político inexplorado, pero no le impide a Trump postularse a la presidencia, incluso en el caso improbable de que el juez Juan Merchan, que dará a conocer la sentencia el 11 de julio, lo condene a prisión.
El veredicto llega a pocas semanas de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, donde Trump recibirá la nominación formal del partido para enfrentarse al presidente demócrata Joe Biden el 5 de noviembre.
El jurado de 12 miembros deliberó durante más de 11 horas durante dos días luego de un juicio de cinco semanas que tuvo lugar en una sala de audiencias de Manhattan.
Más temprano, al llegar al tribunal, Trump volvió a llamar «corrupto» al juez Merchan, que lo ha multado por sus reiterados ataques públicos.
La identidad de los miembros del jurado, siete hombres y cinco mujeres, se mantuvo en secreto para protegerlos de las tensiones políticas.
Poco antes de anunciar que llegaron a un veredicto, los jurados se retiraron de la sala para deliberar a puertas cerradas, con sus notas y una computadora que contiene las pruebas del caso.
Habían pedido volver a escuchar extractos de los testimonios de dos protagonistas clave del caso, el exjefe de un tabloide cercano a Trump, David Pecker, y el exabogado personal y hombre de confianza del expresidente, quien ahora es el acusador principal del caso, Michael Cohen.
Sus testimonios se refieren en particular a una reunión que mantuvieron con Trump en agosto de 2015 en la Trump Tower de Nueva York, donde habrían ideado un plan para evitar cualquier posible escándalo que afectara al futuro candidato a la Casa Blanca, incluso si implicaba pagar a cambio de silencio.
Ahora que fue declarado culpable, las repercusiones políticas superarían con creces la gravedad de los cargos, ya que, apenas cinco meses antes de las elecciones presidenciales, el candidato también se convertiría en un criminal con condena.
«Sentido común»
En sus argumentos finales el martes, la defensa de Trump insistió en que las pruebas para una condena simplemente no existen, mientras que la fiscalía respondió que son voluminosas e ineludibles.
«La intención del acusado de defraudar no podría ser más clara», dijo el fiscal Joshua Steinglass, instando a los jurados a recurrir a su «sentido común» y emitir un veredicto de culpabilidad.
Pese a que Trump enfrenta hasta cuatro años de prisión por cada uno de los 34 cargos, los expertos legales dicen que por no tener antecedentes penales es poco probable que vaya a la cárcel.
Trump, obligado a asistir a todas las audiencias, había utilizado sus comparecencias para difundir su afirmación de que el juicio es una estratagema demócrata para mantenerlo fuera de la campaña electoral.
Las encuestas muestran a Trump cabeza a cabeza con el presidente Joe Biden, y el veredicto de culpable inflamará pasiones a medida que se intensifica la carrera por la Casa Blanca.
Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020.
También enfrenta cargos en Florida por llevarse enormes cantidades de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
