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Tras ser expulsados de un bar, volvieron con una arma y abrieron fuego; ahora podrían pasar el resto de su vida en prisión
Dos hombres de California que abrieron fuego con un fusil automático contra un club de striptease de Anaheim, California, del que habían sido expulsaron por negarse a usar mascarillas, confrontan cargos por los que podrían pasar el resto de su vida en una prisión estatal. Otro tercer hombre también ha sido vinculado al hecho.
Edgar Nava-Ayala, de 34 años, Daniel Juvenal Ocampo, de 22, Juan José Acosta, de 20, acudieron al bar Teatro Sahara el pasado 31 de octubre para celebrar Halloween, pero fueron expulsados por negarse a cubrirse la cara en prevención del coronavirus, de acuerdo con un comunicado de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange.
Luego de que los tres se fueron del lugar, supuestamente regresaron armados con un fusil automático AK-47 que usaron para abrir fuego desde un automóvil Toyota modelo Camry, de color rojo. Nava habría disparado por lo menos en 15 ocasiones, hiriendo en la parte superior del cuerpo a dos empleados del establecimiento, un cliente y otra persona.
Tres de las víctimas fueron hospitalizadas, mientras que una cuarta evaluada en el lugar de los hechos se negó a recibir tratamiento. Los investigadores encontraron el arma usada en el tiroteo del día siguiente, dijo la policía, citada en el sitio The Orange County Registrer.
Los tres sospechosos son residentes de Anaheim que fueron fichados como sospechosos de intento de asesinato, dijo la policía. Fueron detenidos el 17 de noviembre tras imponérseles una fianza de 500,000 dólares, dijo el sargento de policía Shane Carringer.
Nava-Ayala ha sido acusado de tres delitos graves de intento de asesinato con premeditación y deliberación, tres delitos graves de agresión con un arma de asalto y un delito grave de disparar a un edificio ocupado. También se le han imputado otros siete delitos graves que lo exponen a una sentencia máxima de 82 años o cadena perpetua.
Cargos similares confronta Juvenal Ocampo, que se enfrenta a una sentencia máxima de 21 años a cadena perpetua en la prisión estatal si es declarado culpable de todos los cargos.
Juan José Acosta-Soto, de 20 años, el tercer detenido, ha sido acusado de tres delitos graves de asalto con un arma de asalto y un delito grave de disparar a un edificio ocupado. Se enfrenta a una sentencia máxima de 17 años y cuatro meses en la prisión estatal.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
