Internacionales
Tras ser expulsados de un bar, volvieron con una arma y abrieron fuego; ahora podrían pasar el resto de su vida en prisión
Dos hombres de California que abrieron fuego con un fusil automático contra un club de striptease de Anaheim, California, del que habían sido expulsaron por negarse a usar mascarillas, confrontan cargos por los que podrían pasar el resto de su vida en una prisión estatal. Otro tercer hombre también ha sido vinculado al hecho.
Edgar Nava-Ayala, de 34 años, Daniel Juvenal Ocampo, de 22, Juan José Acosta, de 20, acudieron al bar Teatro Sahara el pasado 31 de octubre para celebrar Halloween, pero fueron expulsados por negarse a cubrirse la cara en prevención del coronavirus, de acuerdo con un comunicado de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange.
Luego de que los tres se fueron del lugar, supuestamente regresaron armados con un fusil automático AK-47 que usaron para abrir fuego desde un automóvil Toyota modelo Camry, de color rojo. Nava habría disparado por lo menos en 15 ocasiones, hiriendo en la parte superior del cuerpo a dos empleados del establecimiento, un cliente y otra persona.
Tres de las víctimas fueron hospitalizadas, mientras que una cuarta evaluada en el lugar de los hechos se negó a recibir tratamiento. Los investigadores encontraron el arma usada en el tiroteo del día siguiente, dijo la policía, citada en el sitio The Orange County Registrer.
Los tres sospechosos son residentes de Anaheim que fueron fichados como sospechosos de intento de asesinato, dijo la policía. Fueron detenidos el 17 de noviembre tras imponérseles una fianza de 500,000 dólares, dijo el sargento de policía Shane Carringer.
Nava-Ayala ha sido acusado de tres delitos graves de intento de asesinato con premeditación y deliberación, tres delitos graves de agresión con un arma de asalto y un delito grave de disparar a un edificio ocupado. También se le han imputado otros siete delitos graves que lo exponen a una sentencia máxima de 82 años o cadena perpetua.
Cargos similares confronta Juvenal Ocampo, que se enfrenta a una sentencia máxima de 21 años a cadena perpetua en la prisión estatal si es declarado culpable de todos los cargos.
Juan José Acosta-Soto, de 20 años, el tercer detenido, ha sido acusado de tres delitos graves de asalto con un arma de asalto y un delito grave de disparar a un edificio ocupado. Se enfrenta a una sentencia máxima de 17 años y cuatro meses en la prisión estatal.
Internacionales
Lula prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea a nueve días de las elecciones en Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el viernes en São Paulo una medida provisional que prohíbe explotar, ofertar, intermediar y publicitar las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo el país. La decisión llega a nueve días de la primera vuelta presidencial y legislativa, prevista para el 4 de octubre, en una carrera que las encuestas muestran empatada con el senador Flávio Bolsonaro.
Desde la publicación de la norma ya no se permiten nuevos depósitos. Los usuarios tienen hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar su saldo; a partir del 6 de octubre, sitios y aplicaciones deberán salir del aire. El Congreso tiene 120 días para convalidar la medida. El Gobierno también enviará un proyecto de ley para tipificar delitos ligados a las apuestas de cuota fija.
Lula calificó el fenómeno de las “bets” como un “cáncer” y lo vinculó al endeudamiento de las familias. En 2025, cerca de 25 millones de brasileños apostaron el equivalente a más de 37.000 millones de euros. Clubes de fútbol, entre ellos Flamengo, rechazan el veto porque amenaza sus patrocinios. Flávio Bolsonaro la tildó de “populista” y “con motivaciones políticas”, aunque dijo que también vetaría los casinos virtuales si gana.
Ecuador desarticuló un brazo local del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la participación de tropas estadounidenses, informó el jueves el ministro del Interior, John Reimberg.
Quito y Washington mantienen una ofensiva contra el narcotráfico que ha generado cuestionamientos y que incluye el hundimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana que, según las autoridades, presuntamente abastecen de combustible a lanchas vinculadas al narcotráfico en altamar.
«La operación en la madrugada del jueves se llevó a cabo en conjunto con las tropas norteamericanas y la [agencia antidrogas] DEA», informó Reimberg a través de X.
El funcionario detalló que cerca de 30 ecuatorianos fueron detenidos por su «relación directa con el CJNG».
Según el ministro, la organización se dedicaba al tráfico internacional de cocaína producida en Colombia, utilizando los puertos de Guayaquil y Machala, en el suroeste de Ecuador.
En los operativos participaron 320 policías ecuatorianos y 50 uniformados del Comando Sur de Estados Unidos. Las acciones se desarrollaron en varias ciudades, incluida una zona exclusiva de Samborondón, cercana a Guayaquil.
Por otra parte, durante un enfrentamiento con militares ecuatorianos y estadounidenses ocurrido el miércoles, fue abatido alias Charlie, integrante de la banda ecuatoriana Los Choneros.
De acuerdo con las autoridades, alias Charlie era uno de los criminales más buscados de esa organización y mantenía nexos con el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las extintas FARC en Colombia, y con el CJNG.
Honduras adoptó el martes nuevas medidas que endurecen las condiciones carcelarias, en una estrategia contra las pandillas y el narcotráfico que incluye disposiciones similares a algunas implementadas por el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
En Honduras operan pandillas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, consideradas organizaciones rivales y relacionadas con el narcotráfico y la tasa de homicidios del país, que alcanza 24 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces por encima del promedio global, según el texto fuente.
Las nuevas restricciones penitenciarias fueron aprobadas por el Congreso a solicitud del Gobierno del presidente Nasry Asfura. Estas medidas se suman a la declaratoria realizada el viernes anterior, mediante la cual varios grupos criminales, incluidas las pandillas, fueron considerados organizaciones terroristas.
Las disposiciones contemplan el aislamiento de los presos considerados de alta peligrosidad y la eliminación de medidas sustitutivas de la cárcel para presuntos integrantes de esas organizaciones criminales.
El paquete de reformas modificó el Código Procesal Penal y estableció que los supuestos integrantes de estos grupos sean enviados a cárceles de máxima seguridad tras su captura.
