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«SI NO HAY JUSTICIA, LO VAMOS A MATAR», declaró la madre de una niña de solo 8 años quemada viva por su tío, un feminicidio brutal
Un terrible feminicidio ocurrido en plena pandemia de coronavirus ha indignado y sacudido a la sociedad argentina, pues la víctima fue una niña de tan solo 8 años, la cual perdió la vida de la manera más cruel, y lo peor, a manos de uno de sus tíos.
En los primeros días de marzo, una mujer acudió a una comisaría de policía en Lobos, en Buenos Aires, Argentina, para denunciar la desaparición de su hija de nombre Guadalupe Ezeiza, la cual no volvió a casa luego de que uno de sus tíos, un joven de 22 años llamado Sergio Ramón Oliveira, pasara por ella a su casa para llevarla a una fiesta de cumpleaños.
Previamente, Sergio se habría comunicado con la madre de Guadalupe, quien era su prima, para invitar a la pequeña a la celebración a la cual llevaría también a su hija, una niña de la misma edad que su sobrina. Pero al parecer, ninguno de los 3 asistió a la fiesta.
Un terrible plan premeditado
Las investigaciones policíacas descubrieron que, efectivamente, Guadalupe, Sergio y su hija no fueron a ninguna fiesta e incluso, una cámara de seguridad captó el momento en el que el hombre y la niña ingresaron por la tarde a un edificio ese mismo día que la recogió en su casa. Una hora después, la misma cámara captó a Oliveira saliendo, solo, del lugar.
Además, se supo que Sergio había alquilado ese departamento desde hacía meses pero que nadie de su familia lo sabía.
Al ingresar al departamento, la policía encontró muerta a Guadalupe; su cuerpo estaba totalmente calcinado.
A la niña se le practicó una autopsia la cual arrojó que había sido golpeada, y también, que sus genitales habían sido quemados, por lo que fue imposible determinar que hubiera sido violada, aunque los peritos consideran que sí lo fue.
De inmediato, la policía se dirigió al hogar de Sergio para detenerlo. El joven, ya sin escapatoria, confesó haber sido el autor de tan terrible crimen, a pesar de que en un principio y sabiendo ya que la niña era busca, llegó a casa de su madre, fingiendo que tanto él como Guadalupe habían sido víctimas de un robo y que la menor había sido secuestrada.
Quemó a su sobrina para ocultar lo que le hizo
Según la fiscal argentina Patricia Hortel, el feminicida logró borrar las pruebas del abuso en contra de la niña. Con brasas calientes, Sergio inició un fuego en el departamento y puso a Guadalupe, inconsciente, encima de las llamas. Y así la dejó.
En la autopsia fue imposible determinar si hubo violación: los genitales de la nena estaban totalmente calcinados. Pero el objetivo final que tenía (Sergio) era el de hacer explotar el departamento para que no quede ningún tipo de prueba. Esto no sucedió por la falta de oxígeno en el lugar y porque no había nada de madera que pudiera favorecer un incendio.
Después, Sergio caminó hasta casa de su mamá, donde fingió que él y la niña habían sido víctimas de un robo y pretendió desmayarse. Cuando llegó la mamá de Guadalupe, ella denunció la desaparición de la niña y las autoridades comenzaron un operativo de búsqueda. El primer sitio donde buscaron fue el departamento del feminicida y hallaron a la niña quemada.
El asesino ya se encuentra recluido y a la espera de su juicio. En redes sociales, la gente sigue pidiendo que caiga sobre él todo el peso de la ley.
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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
