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Viuda causa conmoción ya que hervía rocas para que sus ocho hijos creyeran que iban a comer
La población de Kenia ha quedado conmovida con la imagen de una viuda que vive en extrema pobreza y llegó a una situación tan dificil que decidió fingir que hervía rocas para hacerle creer a sus ocho hijos que les estaba preparando comida.
Peninah Bahati Kitsao vive en Mombasa y trabajaba lavando ropa hasta que las restricciones de circulación por la pandemia del coronavirus le impidieron seguir recibiendo esos ingresos y ahora le resulta muy complicado conseguir otro empleo.
Una de sus vecinas alertó sobre su caso a los medios de comunicación y logró una enorme campaña de donaciones para la mujer de 45 años que se encuentra criando sola a sus ocho hijos.
Tras ser entrevistada por la cadena NTV de Kenya, la viuda ha recibido dinero gracias a una línea telefonica y una cuenta bancaria que le abrió su vecina, debido a que ella no sabe leer ni escribir.
Kitsao se mantiene en una vivienda de dos habitaciones sin agua corriente ni electricidad y ha descrito como “un milagro” la generosidad de los kenianos. “No creía que pudieran ser tan cariñosos después de recibir llamadas de todo el país preguntándome cómo podrían ser de ayuda”, contó al portal de noticias Tuko.
La olla donde Kitsao colocaba las piedras
La mujer contó que la desesperación la había hecho poner rocas en una olla de agua mientras esperaba que los hijos se durmieran creyendo que comerían al despertar. Pero explicó a la NTV que sus hambrientos niños no habían sido engañados por mucho tiempo por sus tácticas de retraso en la cocción de las piedras.
“Empezaron a decirme que sabían que les estaba mintiendo, pero que no podía hacer nada porque no tenía nada”, dijo Kitsao en el informe televisivo que logró un gran impacto en la audiencia de Kenia. Su vecina había ido a ver si la familia estaba bien después de oír a los niños llorar, añadió la NTV.
Como parte de las medidas para proteger a los más vulnerables de la crisis del coronavirus, el gobierno ha lanzado un programa de alimentación. Pero el beneficio aún no ha llegado a Kitsao, que enviudó el año pasado cuando su marido fue asesinado por una banda criminal.
Al mismo tiempo, la historia de desesperación de Kitsao coincidió con la revelación de que el Ministerio de Salud de Kenia ha gastado enormes sumas de dinero -donadas por el Banco Mundial para responder a la pandemia- en té, refrigerios y tarjetas de teléfonos móviles para su personal.
Kenia registró su primer caso de coronavirus el pasado 12 de marzo y desde entonces, según datos de la OMS, ha contabilizado 374 contagios y 14 fallecidos.
El domingo pasado, el Gobierno de Kenia anunció que prorrogaba durante un mes el cierre de colegios a causa del coronavirus. Las escuelas fueron cerradas a mediados de marzo, momento en el que se lanzaron programas para dar clases a través de programas de radio y televisión. Ese anuncio llegó un día después de que el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, extendiera durante otros 21 días el toque de queda en la capital, Nairobi.
Los sujetos fueron presentados como Juan Carlos «N», de 33 años, y Jesse Kevin «N», de 22 años, miembros de una célula delictiva presuntamente implicada en secuestro y tráfico de drogas y armas.
Las investigaciones determinaron que Juan Carlos «N» tomó parte «en una agresión a una familia que se trasladaba en un vehículo» y que tuvo como saldo la muerte de los niños, según un comunicado conjunto de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, la Guardia Nacional y la fiscalía federal.
Alexander, de 9 años; Gael, de 12; y el padre de ambos, Antonio Sarmiento, murieron el 19 de enero tras quedar atrapados en medio de un tiroteo en Culiacán, la capital de Sinaloa.
Desde septiembre, esa ciudad ha sido azotada por la guerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México y designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Aunque la escalada criminal amainó en semanas recientes por el vasto operativo de las autoridades federales, hasta enero dejó un saldo de al menos 750 muertos y 900 desaparecidos, según cifras oficiales.
También desató la indignación de los habitantes de Culiacán, que salieron por miles a marchar a finales de enero exigiendo justicia por las muertes de Alexander y Gael.
La detención de los hombres fue resultado del cateo de tres inmuebles donde además fueron incautados 20 kg de cocaína, cristal, precursores químicos, 10 armas -incluida una ametralladora calibre 50-, municiones y seis vehículos, detalló por su parte el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.
«Esto es resultado del fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa», agregó el funcionario en su mensaje.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, México acumula más de 480.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones, según cifras oficiales.
El fiscal general Alejandro Gertz informó en la conferencia de prensa presidencial que se trata de «un asunto de carácter federal», tras la captura de un presunto operador del cartel Jalisco Nueva Generación, que brindó a las autoridades información sobre el caso.
«En este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos (expertos forenses) para determinar la realidad de lo que ahí hay», dijo el funcionario.
El colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el 5 de marzo que localizó ropa y restos óseos calcinados en esta finca, a la que organizaciones civiles describieron como un «campo de adiestramiento y exterminio».
Pero el lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que hasta el momento solo está confirmado que se trata de un «centro de adiestramiento» del crimen organizado.
García Harfuch reconoció sin embargo que en el lugar se cometieron asesinatos de personas que se resistían a ser reclutadas.
Según las primeras indagatorias, numerosas personas fueran llevadas allí con falsas ofertas de trabajo para finalmente ser obligadas a recibir entrenamiento para sumarse a la organización delictiva.
La Fiscalía General está asumiendo las investigaciones que fueron iniciadas por la fiscalía estatal, que debe entregar toda la información en su poder.
El Gobierno de México presentó parte de las acciones previstas para la alerta, búsqueda y localización de personas que contemplan las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre ellas, la creación de una Plataforma Única de Identidad.
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, explicó que la Plataforma Única de Identidad será la principal identificación de las personas desde su nacimiento.
«Se incorpora la CURP (Clave Única de Registro de Población) como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real», señaló Godoy durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.Indicó que el objetivo es «interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares».
Godoy expresó que con esto será posible alimentar y actualizar el Banco de Datos Forenses y facultar a las fiscalías locales para robustecer sus capacidades de búsqueda e investigación.
El Instituto Nacional Electoral (INE) «deberá permitir consultas en tareas de investigación, principalmente en actividades del gabinete de seguridad. Todas las personas en México tendrán esta identidad, la CURP», agregó.
De igual forma, comentó que se pondrá en marcha el nuevo Sistema Nacional de Alerta, el cual operará como un mecanismo de inteligencia artificial, identificando coincidencias entre bases de datos gubernamentales y privadas.
También está previsto que las empresas de telecomunicaciones, cementerios y crematorios se integren a la red, respetando la ley de protección de datos.Godoy comentó que también se crea la Base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas.
Señaló que se abrirá «una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición sin dilación alguna, nada de ’72 horas’», lo que permitirá generar alertas en tiempo real para todas las fiscalías y autoridades vinculadas a la búsqueda de personas.
Señaló que la Base «estará integrada en los 180 días máximo, una vez entrada en vigor esta reforma».
