El Ejército de Colombia liberó a 39 personas que habían sido secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona remota del noroeste del país, informaron las autoridades. Dos soldados murieron durante el operativo.

Los rebeldes capturaron a las 39 personas, entre ellas dos menores de edad, en una carretera ubicada en una zona rural de la región de Chocó, donde el ELN mantiene una fuerte presencia y se financia mediante el narcotráfico y la minería ilegal.

Los civiles se desplazaban en dos autobuses cuando fueron abordados por los guerrilleros, quienes mantienen un bloqueo en la vía que conecta el departamento de Chocó, ubicado sobre el océano Pacífico y fronterizo con Panamá, con la ciudad de Medellín.

Las autoridades anunciaron la liberación de los civiles durante la tarde, tras un operativo militar que dejó dos soldados fallecidos. Otros cinco efectivos resultaron heridos luego de que los rebeldes activaran una carga explosiva, explicó el Ejército.

El grupo de personas liberadas fue trasladado en helicóptero hacia una base militar ubicada en la capital del departamento.

Imágenes difundidas por medios colombianos y señaladas como correspondientes al lugar del secuestro mostraron intensos tiroteos.

Chocó es uno de los enclaves históricos del ELN. En esa zona, el grupo ejerce un fuerte control sobre la población mediante extorsiones y frecuentes retenciones de civiles y miembros de la fuerza pública.

La gobernación local pidió a los ciudadanos abstenerse de transitar por la vía afectada, donde el ELN y el Ejército mantienen combates.

De origen guevarista y alzado en armas desde 1964, el ELN no participó en el histórico acuerdo de paz que hace diez años desarmó al grueso de la guerrilla de las FARC.

A casi tres semanas de los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio, la respuesta sanitaria entró en una fase crítica de recuperación temprana, centrada en restablecer los servicios esenciales de salud, fortalecer las redes de referencia y prevenir emergencias secundarias de salud pública, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

De acuerdo con un balance oficial divulgado por las autoridades venezolanas, los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, que afectaron principalmente la región norte-centro del país, han dejado 4,734 personas fallecidas y 16,740 heridas.

Además, 17,907 personas se quedaron sin vivienda y 20,903 damnificados se han instalado en 107 campamentos temporales. Asimismo, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron.

En este contexto, la OPS señaló a través de un boletín que, si bien la atención médica de emergencia y las evaluaciones rápidas permitieron salvar vidas durante los primeros momentos posteriores al desastre, la prioridad se centra actualmente en restablecer los servicios de salud, rehabilitar los establecimientos afectados y garantizar la continuidad de la atención esencial conforme avance la recuperación.

«A medida que la respuesta entra en esta nueva etapa, la OPS continúa apoyando al Ministerio del Poder Popular para la Salud mediante cooperación técnica y la coordinación del Clúster de Salud, que reúne a 110 organizaciones involucradas en la respuesta sanitaria y es codirigido por la OPS y el Comité Internacional de Rescate (IRC)», indicó la entidad panamericana.

Según la OPS, el Análisis de la Situación de Salud Pública identifica los principales riesgos sanitarios previstos para los próximos tres meses y orienta las prioridades en materia de vigilancia epidemiológica, vacunación e intervenciones relacionadas con agua, saneamiento e higiene.

La organización advirtió que el desplazamiento de personas, el hacinamiento y las interrupciones de los servicios esenciales incrementan el riesgo de enfermedades diarreicas y respiratorias, enfermedades transmitidas por vectores y padecimientos prevenibles mediante vacunación.

Estas condiciones también podrían agravar la desnutrición, las complicaciones relacionadas con la salud materna y las necesidades de atención en salud mental.

«A medida que la respuesta deja atrás la fase de emergencia inmediata, mantener el acceso a los servicios esenciales de salud seguirá siendo fundamental para proteger la salud de las comunidades afectadas», consideró la OPS.

La entidad regional subrayó que trabajará junto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y sus socios para fortalecer las capacidades nacionales y apoyar una recuperación que no solo permita restablecer los servicios sanitarios, sino también fortalecer la resiliencia del sistema de salud de cara al futuro.

México es uno de los países más afectados por la violencia contra las mujeres, con un promedio de una docena de asesinatos diarios, según Naciones Unidas.

El feminicidio ha sido motivo de protestas durante los últimos años debido a que, en numerosos casos, los agresores han quedado impunes.

Ante esta situación, será presentada una iniciativa ante el Congreso bicameral, que el pasado 6 de mayo reformó la Constitución para abrir paso a esta ley.

El proyecto busca homologar la definición del delito y unificar la forma en que se investiga, juzga y sanciona el feminicidio. El Gobierno señaló que los 32 estados del país aplican procedimientos distintos y que, en muchos casos, no se toma en cuenta el contexto de violencia en el que viven las víctimas.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que espera que la ley permita que «haya cero impunidad» en este delito.

La propuesta establece penas de entre 50 y 70 años de prisión. Actualmente, los estados del país contemplan sanciones diferentes. Por ejemplo, en Zacatecas la pena es de entre 30 y 50 años de cárcel.

La iniciativa también contempla agravantes que podrían incrementar la sanción cuando la víctima sea una niña, adolescente o esté embarazada. Además, establece que el delito no prescriba.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, confió en que la iniciativa sea aprobada en septiembre, cuando inicie un nuevo periodo de sesiones en el Congreso.