Internacionales
Militares son acusados de robar cocaína de una bodega policial
La titular del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, Silvia Morales, resolverá si el oficial primero, Erick Estuardo Carías Hernández, y el teniente del Ejército, Genaro Pineda Rojas, son enviados a juicio por intentar sustraer 42 kilogramos de cocaína de la bodega de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA).
Durante el desarrollo de la audiencia de etapa intermedia los defensores de Pineda Rojas solicitaron que su cliente fuera enviado a juicio solamente por la comisión del delito de hurto, porque admitió robar varios paquetes, que “creyó que se trataban de papeles”.
Como parte del ofrecimiento de prueba, la fiscalía expuso grabaciones de las cámaras de la bodega de la SGAIA en donde se observa a Pineda Rojas envolver varios paquetes embalados como evidencia, que posteriormente se determinó que era cocaína.
Vínculos con el narcotráfico
El 11 de junio de 2010, Pineda Rojas fue capturado en el Aeropuerto Internacional de El Salvador junto con su primo Juan José Pineda Vásquez, cuando ambos intentaba viajar hacia Nueva York, llevando 1.6 kilogramos de heroína escondidos dentro de sus botas.
Medios salvadoreños publicaron que Pineda Rojas dijo a agentes antinarcóticos y personal de inteligencia policial, que trabajaba para “un narco chapín” llamado Jairo Estuardo Orellana Morales, supuesto operador de Los Zetas.
“Su jefe era dueño de un helicóptero que estacionaba sin problemas en el Aeropuerto Internacional La Aurora, que tenía seis BMW, cinco Hummers y un séquito de 25 guardaespaldas”, habría declarado a ‘La Prensa Gráfica’ el militar Genaro Pineda Rojas.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a la coordinación entre las autoridades para combatir al crimen organizado, luego de la masiva operación policial realizada el martes en las favelas de Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro, que dejó 130 muertos.
“No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo a los vecinos y esparciendo droga y violencia por las ciudades”, escribió Lula en la red social X.
El mandatario enfatizó la importancia de trabajar de manera coordinada para atacar la “espina dorsal” del crimen sin poner en riesgo a policías y civiles. Asimismo, recordó la reforma de la ley de seguridad presentada por su Gobierno, que busca la actuación conjunta de todas las fuerzas policiales.
La operación tenía como objetivo capturar a los principales cabecillas del Comando Vermelho, considerada una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Río de Janeiro.
El paso del huracán Melissa por Jamaica ha causado estragos, dejando miles de viviendas sin techo y carreteras intransitables, además de afectar el suministro eléctrico de aproximadamente 500 mil hogares.
Hugh Grant, presidente y director ejecutivo de la Jamaica Public Service (JPS), informó que los municipios más afectados son Saint Elizabeth, Manchester, Hanover y Saint James, donde cerca del 75 % de los clientes permanecen sin electricidad.
El jefe de la Policía, Kevin Blake, indicó que varios sectores quedaron inundados y muchas calles bloqueadas tras la caída de árboles y postes eléctricos a causa de los fuertes vientos.
Hasta el momento, las autoridades reportan más de 40 personas fallecidas en distintos países del Caribe como consecuencia del fenómeno meteorológico.
El periodista Miguel Ángel Beltrán fue asesinado el 25 de octubre en el poblado Río Chico, Durango, mientras transitaba por la carretera rumbo a Mazatlán, confirmaron autoridades locales. Con este crimen, suman nueve los comunicadores asesinados en México en lo que va de 2025.
El caso ha generado condenas nacionales e internacionales. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) reiteraron su preocupación por la violencia que enfrenta el gremio en el país, considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.
Los ataques contra comunicadores incluyen asesinatos, amenazas, acoso judicial, espionaje y campañas de desprestigio en redes sociales, afectando el derecho ciudadano a la información. A pesar del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, diversos colectivos señalan fallas estructurales, ya que varios periodistas han sido asesinados incluso bajo resguardo oficial.
Amnistía Internacional y otros organismos exigieron al Estado mexicano una investigación exhaustiva y la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como garantizar condiciones seguras para los comunicadores, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado.
La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación, mientras RSF solicitó que la FEADLE conozca el caso, al existir indicios de que el asesinato está vinculado con la labor periodística de Beltrán.
La impunidad en casos de violencia contra periodistas en México supera el 90%, según organismos internacionales, lo que genera un clima de miedo y limita la labor informativa. El asesinato de Miguel Ángel Beltrán refleja la crisis de la libertad de expresión en el país y refuerza el llamado urgente para adoptar medidas efectivas de protección y justicia.
