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«Mi compromiso es que no haya impunidad»: La respuesta de López Obrador al asesinato de la periodista Lourdes Maldonado
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, condenó este lunes el asesinato de la periodista María de Lourdes Maldonado López y prometió que no habrá impunidad, en un caso que ha conmocionado a la sociedad y en el que supuestamente está involucrado un político de la alianza oficialista.
«Es muy lamentable lo que sucedió con la compañera. Duele mucho lo que pasó en Tijuana (estado de Baja California). Vamos a llevar a cabo todas las investigaciones», prometió el mandatario al recordar que la reportera acudió a la conferencia mañanera a principios de 2019 para denunciar que su vida corría peligro.
Desde entonces, aseguró, se mantuvo comunicación con ella «porque no era un asunto de amenazas y violencia», sino una demanda por despido injustificado que Maldonado López había interpuesto en contra de Jaime Bonilla, un empresario periodístico que fue senador (2018) y gobernador de Baja California (2019-2021) bajo las siglas de Juntos Haremos Historia, la alianza con la que López Obrador ganó la presidencia.
El mandatario aseguró que el Gobierno federal ayudó a la víctima con la demanda laboral, que incluso terminó ganando.
«Entonces lamentablemente la asesinan. Hay que ver si hay vinculación con la denuncia laboral y ver quienes son los responsables, verlo con mucha responsabilidad (…) es irresponsable adelantar juicio. Hay que esperar», señaló López Obrador, ya que el político es por ahora una de las principales líneas de investigación del crimen.
El presidente advirtió, sin embargo, que se debe descubrir a los autores materiales y, en caso de que los hubiera, también a los intelectuales.
Maldonado López fue asesinada el domingo de un tiro en Tijuana, una ciudad ubicada en el estado de Baja California, en donde vivía.
El caso desató una conmoción porque en marzo de 2019 la reportera acudió a la conferencia y le pidió ayuda al presidente.
«Vengo aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida», dijo al explicar el conflicto que mantenía con Bonilla, quien en ese momento todavía era senador.
El año pasado, la reportera quedó al amparo del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del Gobierno de Baja California, pero de nada sirvió.
Maldonado López se convirtió en la tercera periodista asesinada en 2022. La primera víctima fue José Luis Gamboa Arenas, quien fue ejecutado el 10 de enero en el estado de Veracruz.
Una semana más tarde, el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel fue asesinado en Tijuana de la misa forma que Maldonado López: a tiros y en la puerta de su casa.
El hallazgo de 780 kilos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida ocurrió en el estado de Nayarit (oeste) durante «recorridos de disuasión» encabezados por la Secretaría de Marina, informó Seguridad en un comunicado.
La droga estaba almacenada en contenedores de plástico y hieleras en un terreno baldío, se observa en la fotografías distribuidas por el despacho.
Además, tres laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas fueron inhabilitados en el estado de Sinaloa (noroeste) y uno más en el estado de Jalisco (oeste).
La metanfetamina incautada está relacionada con Audias «Jardinero» Flores, un líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido hace tres semanas en México.
Flores fue considerado como uno de los posibles sucesores de Nemesio «El Mencho» Oseguera, fundador del CJNG que murió en un violento operativo del ejército mexicano el 22 de febrero.
El capo enfrenta acusaciones de tráfico de cocaína y heroína en Estados Unidos desde 2020.
El jueves la justicia de ese país amplió los cargos en su contra para incluir contrabando de metanfetamina, lavado de dinero y uso de armas.
Washington ha pedido a México la extradición de Flores, proceso que ha sido suspendido provisionalmente por un tribunal federal mexicano.
La embarcación, interceptada el viernes, fue trasladada a la Base Naval en el Puerto de San José para el conteo de la droga y la entrega de los detenidos a la Fiscalía, explicó en un comunicado la Policía Nacional Civil.
Precisó que la embarcación se ubicaba a más de 600 millas náuticas en aguas del Océano Pacífico guatemalteco, con seis tripulantes a bordo y transportaban 50 sacos que «contenían aproximadamente 1.500 kilos de cocaína».
Las autoridades indicaron que la embarcación zarpo de Ecuador y valoraron la droga en más de 150 millones millones de quetzales (unos 20 millones de dólares), según el valor del mercado local.
Durante el operativo fueron capturados tres ecuatorianos, un mexicano y dos guatemaltecos.
Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, tierra, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.
«Hoy no inicia una administración más, hoy inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca», afirmó el fiscal designado por el presidente del país, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
El mandato de Porras, que comenzó en 2018m estuvo marcado por acciones para impedir la posesión de Arévalo en 2024 y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.
Debido a ello la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.
García Luna aseguró que, «durante años, muchos guatemaltecos perdieron la confianza en la institución, no porque dejaron de creer en la justicia, sino porque la justicia dejó de creerles a ellos. Hoy empieza el deber de recuperarla».
García Luna reconoció que recibió una institución «con heridas profundas».
Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.
Sus críticos aseguran que esas maniobras sirvieron al llamado «pacto de corruptos», un presunto entramado de intereses políticos, económicos y criminales que controlaría la justicia guatemalteca.
El fiscal, que fracasó en su intento por lograr un tercer período, sostiene que sus actuaciones siempre estuvieron apegadas a la ley.
«La ley es pareja o no es ley» y en un régimen democrático la Fiscalía no puese ser utilizada «como un arma al servicio de ningún grupo, por lo que debe de cesar cualquier persecución selectiva».
«Tampoco puede utilizarse con multas políticas ni obedecer órdenes de ninguna clase», sentenció.
Además, comentó que enfrentará las extorsiones, los crímenes contra la vida, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y las violentas maras o pandillas.
La Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas por Guatemala y Estados Unidos como terroristas, son responsables junto a narcotráfico del 40% de las muertes violentas en el país, según datos oficiales.
