Internacionales
Laboratorio Electoral registra 27 candidatos asesinados en México
La organización del Laboratorio Electoral de México registró 27 candidatos asesinados previo a las elecciones del 2 de junio. La cifra ya superó la del proceso electoral de 2018, cuando se reportaron 24 casos, y se acerca a la jornada de 2021, que cerró con 30 crímenes.
«Estaríamos ante una de las elecciones más violentas en las últimas décadas en nuestro país», compartió el director del Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa, en entrevista con Grupo Fórmula, cuando todavía falta más de un mes para los comicios.
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen el mayor número de aspirantes asesinados, con 10 casos; seguido del Partido Acción Nacional (PAN), con cinco homicidios. A tres precandidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) les han quitado la vida; igual número, al Movimiento Ciudadano y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Del Partido de la Revolución Democrática (PRD) han sido dos víctimas mortales y del Partido del Trabajo uno. Personas afiliadas al PAN son quienes más han denunciado amenazas, seguidos del PRD y el PRI.
Espinosa aclaró que «no existe un sesgo partidista. Morena tiene el mayor número de incidentes, pero tampoco es que haya una tendencia a atacar a las personas vinculadas con un partido. Puedo decir que a todos los partidos políticos les ha tocado incidentes o hechos de violencia, sin duda a unos más que otros».
De acuerdo con el informe, ha habido 157 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral. De estos, 51 fueron asesinatos, de los cuales se encuentran las 27 personas que buscaban optar por un cargo público. También reportó nueve secuestros, 22 atentados y 75 amenazas.
En Guerrero, Veracruz y Michoacán se registraron más casos de violencia asociada a las elecciones. En Michoacán y Guerrero ha habido denuncias de partidos políticos y funcionarios de que no hay garantías para participar en procesos electorales locales.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido 99 solicitudes de protección, de las que ha aprobado 74 y 14 se encuentran en un nivel alto de riesgo.
El periodista Miguel Ángel Beltrán fue asesinado el 25 de octubre en el poblado Río Chico, Durango, mientras transitaba por la carretera rumbo a Mazatlán, confirmaron autoridades locales. Con este crimen, suman nueve los comunicadores asesinados en México en lo que va de 2025.
El caso ha generado condenas nacionales e internacionales. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) reiteraron su preocupación por la violencia que enfrenta el gremio en el país, considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.
Los ataques contra comunicadores incluyen asesinatos, amenazas, acoso judicial, espionaje y campañas de desprestigio en redes sociales, afectando el derecho ciudadano a la información. A pesar del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, diversos colectivos señalan fallas estructurales, ya que varios periodistas han sido asesinados incluso bajo resguardo oficial.
Amnistía Internacional y otros organismos exigieron al Estado mexicano una investigación exhaustiva y la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como garantizar condiciones seguras para los comunicadores, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado.
La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación, mientras RSF solicitó que la FEADLE conozca el caso, al existir indicios de que el asesinato está vinculado con la labor periodística de Beltrán.
La impunidad en casos de violencia contra periodistas en México supera el 90%, según organismos internacionales, lo que genera un clima de miedo y limita la labor informativa. El asesinato de Miguel Ángel Beltrán refleja la crisis de la libertad de expresión en el país y refuerza el llamado urgente para adoptar medidas efectivas de protección y justicia.
Internacionales
Justicia guatemalteca abre el arbitraje por el caso Continental Towers y apunta a TPG Peppertree
Un juez penal de Guatemala ordenó el levantamiento de la confidencialidad en el arbitraje internacional que enfrenta a la empresa regional de telecomunicaciones Continental Towers y a la firma estadounidense TPG Peppertree, un litigio millonario que se desarrolla en Nueva York y que ha derivado en procesos penales en El Salvador, Guatemala y Perú.
La resolución, calificada como un punto de inflexión en la controversia, permite por primera vez que representantes de Continental Towers presenten públicamente su defensa y establezcan vínculos entre el arbitraje y las órdenes de captura emitidas en El Salvador contra altos ejecutivos de TPG Peppertree, acusados de fraude y extorsión.
Un fallo con implicaciones de soberanía judicial
La decisión del juez guatemalteco sostiene que ningún tribunal extranjero puede interferir o tener jurisdicción sobre procesos penales locales, reforzando así el principio de autonomía judicial frente a decisiones provenientes de cortes o arbitrajes internacionales.
Según el fallo, el arbitraje en Nueva York —impulsado por TPG Peppertree para forzar la compra de Continental Towers— no puede ser utilizado como herramienta de presión ni como excusa para obstaculizar investigaciones penales en curso en Centroamérica.
Contexto: capturas y procesos en El Salvador
La resolución coincide con la reciente orden emitida por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que giró capturas internacionales contra tres ejecutivos estadounidenses de TPG Peppertree —Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri—, además de dos ciudadanos guatemaltecos.
Los acusados enfrentan cargos por fraude millonario, estafa, extorsión y agrupaciones ilícitas, en perjuicio de empresas vinculadas a Continental Towers y Terra Towers.
La Interpol ya fue notificada para proceder a su localización y captura fuera del país.
Guatemala defiende su jurisdicción penal
El juez guatemalteco enfatizó que las decisiones arbitrales extranjeras no pueden imponerse sobre las leyes nacionales. En su sentencia, explicó que la confidencialidad de los arbitrajes no es absoluta cuando el proceso puede servir para encubrir hechos de relevancia pública o posibles delitos.
Asimismo, el tribunal designó un interventor judicial para proteger los activos de Continental Towers en Guatemala mientras avanzan las investigaciones.
El Ministerio Público de Guatemala respaldó la medida y advirtió que cualquier intento de usar un arbitraje internacional para influir en causas penales nacionales podría constituir obstrucción de la justicia.
Irregularidades en el arbitraje de Nueva York
Tras levantarse la reserva, Continental Towers publicó en su sitio oficial (interventoriacontinentaltowers.com) una serie de denuncias sobre irregularidades éticas y procesales dentro del arbitraje celebrado en Estados Unidos.
Entre ellas destacan:
- Violación de la confidencialidad por parte del árbitro presidente, Marc Goldstein, quien habría divulgado fragmentos del caso en su blog personal.
- Manipulación de testimonios, señalando que Goldstein habría intervenido para modificar declaraciones de testigos.
- Filtraciones intencionadas por parte de TPG Peppertree, que habría utilizado documentos del arbitraje en procesos judiciales en El Salvador, Perú y Guatemala.
- Acceso indebido a información interna, reconocido por testigos durante las audiencias.
Continental Towers acusa a sus contrapartes de haber empleado el laudo arbitral como instrumento de coacción y extorsión, intentando influir en procesos judiciales latinoamericanos a través de decisiones privadas extranjeras.
Impacto regional y precedente jurídico
El caso Continental Towers vs. TPG Peppertree simboliza la creciente tensión entre los arbitrajes internacionales de inversión y la autonomía judicial de los Estados latinoamericanos.
Fuentes jurídicas sostienen que el fallo guatemalteco sienta un precedente al reafirmar que los laudos arbitrales no pueden estar por encima del derecho penal soberano.
“La resolución reafirma la capacidad de los Estados para proteger sus sistemas judiciales frente a injerencias externas disfrazadas de disputas comerciales”, señalaron fuentes cercanas al proceso.
Mientras tanto, las investigaciones continúan en Guatemala y El Salvador, donde las autoridades aseguran que la cooperación judicial regional será esencial para esclarecer responsabilidades y garantizar que los delitos financieros transnacionales no queden impunes.
Internacionales
VIDEO | Mujer de 68 años pierde el control de su vehículo y termina sobre gradas eléctricas
Una conductora perdió el control de su vehículo y terminó sobre las gradas eléctricas de un centro comercial en el distrito de San Lorenzo, cercano a Asunción, capital de Paraguay, informaron medios locales.
De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, dos personas resultaron lesionadas: la conductora, de 68 años, y su acompañante, de 71. Ambas sufrieron heridas leves gracias al uso del cinturón de seguridad.
Las autoridades investigan las causas del incidente, que generó alarma entre los visitantes del establecimiento.
