Internacionales
Inmigrante hispana dio a luz de pie implorando por ayuda a Patrulla Fronteriza sin ser atendida
Defensores de los inmigrantes en San Diego, California, presentaron este miércoles una queja formal exigiendo una investigación sobre las acciones de la Patrulla Fronteriza por supuestamente dejar que una guatemalteca diera a luz con los pantalones puestos mientras era procesada en una estación en California.
La queja presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles en San Diego (ACLUF-SDIC) y el Servicio de Familia Judía (JFS) se basa en el caso de una guatemalteca de 27 años que dio a luz en febrero pasado en una estación de la Patrulla Fronteriza cerca a la frontera entre California y México.
La acción pide a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS-OIG) investigar el caso de Ana, como fue identificada la mujer.
La migrante guatemalteca de 27 años habría comenzado su labor de parto cuando estaba de pie, aferrada a un bote basura, y aún tenía puestos sus pantalones.
Según la denuncia, Ana pidió ayuda repetidamente a los oficiales de la Patrulla Fronterizaque estaban realizando los trámites, y les dijo sobre los dolores que sentía.
El alumbramiento ocurrió el domingo 16 de febrero en horas de la tarde después de que la migrante había sido detenida con su esposo y dos hijos de la pareja tras ingresar a territorio estadounidense.
Sin embargo, los agentes habrían ignorado la urgencia de la situación y en cambio le pidieron en repetidas ocasiones a la mujer que se sentara y esperara a ser procesada, indicó a Monika Y. Langarica, abogada de ACLU en San Diego.
“Esto se caracteriza como nada menos que abuso. No hubiera pasado si la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a la que pertenece la Patrulla Fronteriza) en vez de transportar a la familia a la estación para ser procesada los hubiera llevado a un hospital cuando los arrestaron y ella exigió cuidado médico”, consideró Langarica.
El bebé nació 30 minutos después de que la guatemalteca llegó a la estación policial, parcialmente “dentro de sus pantalones (de la migrante)” subraya la acción legal.
La queja además urge a la OIG a implementar las recomendaciones dadas por ACLU en enero pasado sobre el trato de mujeres embarazadas en custodia de la corporación policial.
Las recomendaciones incluyen que las autoridades fronterizas dejen de arrestar a mujeres embarazadas, y que liberen a las que tienen en custodia.
También ACLU exige que a las embarazadas que ingresen a territorio estadounidense se les garantice el cuidado médico y apropiado, y además que estas migrantes no sean parte de programas como el de «Permanecer en México», que envía a los solicitantes de asilo a esperar en el país vecino el trámite de sus solicitudes.
“A raíz de esta denuncia de hoy estamos exigiendo que cuando la CBP encuentre o arreste a embarazadas las transporte inmediatamente a hospitales para recibir evaluación médica apropiada”, apuntó Langarica..
Una oficinista japonesa de 32 años, identificada como Kano, asegura haberse enamorado y casado con un chatbot de inteligencia artificial en el distrito de Kita, en Okayama.
Kano explicó que, tras romper su compromiso el año pasado con su pareja de más de tres años, comenzó a interactuar con ChatGPT, con quien —según dijo— encontró comprensión. La mujer nombró al chatbot como “Lune Klaus”, lo entrenó para que adoptara la personalidad y el estilo de comunicación que deseaba, e incluso creó una ilustración para representarlo.
Con el tiempo, afirmó haberse enamorado del personaje. En mayo le confesó sus sentimientos y, según su relato, la IA “le correspondió”. Un mes después, el chatbot supuestamente le propuso matrimonio y ambos “decidieron casarse”.
Un bebé fue encontrado abandonado en un basurero del sector de Rancho Guanacaste, en Costa Rica, según reportaron medios locales.
De acuerdo con la Policía, el menor habría permanecido dos días en el lugar, donde las condiciones eran insalubres. Tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde los médicos confirmaron que su estado de salud es estable.
“El niño se encuentra en el servicio de emergencias, viene en buena condición, venía un poco frío, ya se calentó, ya se alimentó y el examen físico inicial es totalmente normal”, declaró el director del hospital, Carlos Jiménez Herrera, citado por el medio CR Hoy.
El Gobierno de Perú reforzó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El Ejecutivo estableció más restricciones penales, prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, creó equipos para coordinar operativos y patrullajes, y aumentó la presencia policial en las calles, según el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La norma entró en vigencia el 22 de octubre por 30 días; sin embargo, el presidente interino José Jerí anunció, el 7 de noviembre, la ampliación de las restricciones para restaurar la seguridad en las ciudades más afectadas.
«Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario», afirmó el presidente.
Con el decreto se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que es presidido por la Policía Nacional del Perú (PNP), para restablecer y mantener el orden interno con patrullajes y operativos en la vía pública. Este cuenta con el apoyo de cuatro comités y de las fuerzas de seguridad, que contribuyen con la tecnología en el monitoreo.
Su principal objetivo es reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población en Lima Metropolitana y Callao.
El presidente detalló que el puesto de control, con vigilancia las 24 horas los siete días de la semana, permitirá enfrentar a la delincuencia.
Fiscalía alerta sobre homicidios y extorsiones
Perú atraviesa una de sus peores crisis por el crimen organizado.
El lunes, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (Fiscalía) reportó que entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 56 homicidios de choferes y 30 mil extorsiones fueron denunciadas, en Lima Metropolitana y el Callao.
El estudio reveló que la mayoría de víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, una manera cada vez más frecuente para cometer los crímenes contra los transportistas en las zonas urbanas. Al menos ocho de cada 10 ataques se producen bajo esta modalidad, compartió la fiscalía.
Ante este contexto, el Ejecutivo ya había prohibido desde el viernes el tránsito de dos personas en una motocicleta. «Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio adicional al casco que impida o limite la identificación del conductor», aclara en el decreto.
El documento señala también que habrá «intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo».
Más control en las prisiones
En cuanto a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas, desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Las autoridades agregaron el monitoreo aéreo con drones donde están los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas, y se permitió el traslado a otras cárceles a los reos que pongan en riesgo la seguridad de las prisiones o atenten contra la integridad de los guardias penitenciarios.
RECOMPENSAS
Intensificarán la difusión del sistema de recompensas para realizar capturas mediante la información que compartan los ciudadanos y que permita identificar y capturar personas
de la lista de los más buscados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
