Internacionales
Inmigrante hispana dio a luz de pie implorando por ayuda a Patrulla Fronteriza sin ser atendida
Defensores de los inmigrantes en San Diego, California, presentaron este miércoles una queja formal exigiendo una investigación sobre las acciones de la Patrulla Fronteriza por supuestamente dejar que una guatemalteca diera a luz con los pantalones puestos mientras era procesada en una estación en California.
La queja presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles en San Diego (ACLUF-SDIC) y el Servicio de Familia Judía (JFS) se basa en el caso de una guatemalteca de 27 años que dio a luz en febrero pasado en una estación de la Patrulla Fronteriza cerca a la frontera entre California y México.
La acción pide a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS-OIG) investigar el caso de Ana, como fue identificada la mujer.
La migrante guatemalteca de 27 años habría comenzado su labor de parto cuando estaba de pie, aferrada a un bote basura, y aún tenía puestos sus pantalones.
Según la denuncia, Ana pidió ayuda repetidamente a los oficiales de la Patrulla Fronterizaque estaban realizando los trámites, y les dijo sobre los dolores que sentía.
El alumbramiento ocurrió el domingo 16 de febrero en horas de la tarde después de que la migrante había sido detenida con su esposo y dos hijos de la pareja tras ingresar a territorio estadounidense.
Sin embargo, los agentes habrían ignorado la urgencia de la situación y en cambio le pidieron en repetidas ocasiones a la mujer que se sentara y esperara a ser procesada, indicó a Monika Y. Langarica, abogada de ACLU en San Diego.
“Esto se caracteriza como nada menos que abuso. No hubiera pasado si la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a la que pertenece la Patrulla Fronteriza) en vez de transportar a la familia a la estación para ser procesada los hubiera llevado a un hospital cuando los arrestaron y ella exigió cuidado médico”, consideró Langarica.
El bebé nació 30 minutos después de que la guatemalteca llegó a la estación policial, parcialmente “dentro de sus pantalones (de la migrante)” subraya la acción legal.
La queja además urge a la OIG a implementar las recomendaciones dadas por ACLU en enero pasado sobre el trato de mujeres embarazadas en custodia de la corporación policial.
Las recomendaciones incluyen que las autoridades fronterizas dejen de arrestar a mujeres embarazadas, y que liberen a las que tienen en custodia.
También ACLU exige que a las embarazadas que ingresen a territorio estadounidense se les garantice el cuidado médico y apropiado, y además que estas migrantes no sean parte de programas como el de «Permanecer en México», que envía a los solicitantes de asilo a esperar en el país vecino el trámite de sus solicitudes.
“A raíz de esta denuncia de hoy estamos exigiendo que cuando la CBP encuentre o arreste a embarazadas las transporte inmediatamente a hospitales para recibir evaluación médica apropiada”, apuntó Langarica..
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
